Marine Le Pen, en el banquillo de los acusados en un juicio que la puede inhabilitar

ParísEl futuro político de la líder de extrema derecha Marine Le Pen se juega a partir de este lunes en el Tribunal Judicial de París. Le Pen y otros 24 cargos de Reagrupament Nacional (RN) son juzgados por malversación de fondos del Parlamento Europeo. Están acusados ​​de haber participado en un sistema ilegal para financiar gastos del partido, sobre todo sueldos, con dinero de la Eurocámara, en un momento en el que la formación estaba muy endeudada y no tenía el peso político que tiene hoy. Según la acusación, entre 2009 y 2017 RN (el antiguo Frente Nacional) habría contratado como asistentes de eurodiputados –con nóminas pagadas por la Eurocámara– a personas que en realidad trabajaban para el partido.

Marine Le Pen, que fue eurodiputada durante doce años, y los demás encausados, entre ellos su padre y fundador del partido –que con 96 años está eximido de asistir al juicio por razones de salud– s enfrentan apenas de hasta diez años de cárcel, multas que pueden alcanzar el millón de euros y hasta cinco años de inhabilitación política. El partido está también imputado como persona moral y podría ser condenado a una multa millonaria. Si la líder de RN es inhabilitada para desempeñar cargos públicos, podría quedar fuera de la carrera presidencial de 2027, su gran ambición política.

Sería un gran revés para Le Pen: el juicio, que se alargó hasta noviembre, llega precisamente en su momento de máxima popularidad tras los resultados históricos de las últimas europeas y aspira a ganar dentro de tres años la presidencia de Francia. Sólo si los recursos a una eventual condena de inhabilitación se alargaran más allá de 2027, Marine Le Pen podría presentarse. Si queda fuera de las próximas elecciones presidenciales, su futuro político quedaría en el aire. El relevo lo tomará Jordan Bardella, a quien la líder de la formación ya cedió la presidencia del partido y desde hace tiempo le está dando mayor protagonismo por si ella queda inhabilitada. Bardella no está imputado en el caso.

Guardahombros como asesores

Utilizar contratos de la Eurocámara para pagar sueldos de trabajadores del partido es una práctica ilegal porque según la normativa del Parlamento con sede en Bruselas y en Estrasburgo, el trabajo de los asistentes debe estar “necesaria y directamente ligado al ejercicio del mandato parlamentario de los diputados”. El partido de extrema derecha habría contratado como asistentes parlamentarios a personas que ejercían claramente trabajos que no tenían relación con la Eurocámara: el sumario del caso menciona como ejemplos de asalariados del Parlamento Europeo al guardaespaldas de Jean-Marie Le Pen –cuando todavía era presidente del Frente Nacional– o Catherine Grise, que era la jefa de gabinete de Marine Le Pen en el partido. El Parlamento Europeo, que se ha constituido como parte civil en el juicio, calcula que el dinero malversado suma 6,8 millones de euros.

Entre los documentos que los investigadores encontraron hay correos electrónicos que demostrarían que hubo malversación. En el sumario, por ejemplo, se cita un correo que el tesorero del partido, Wallerand de Saint-Just, envió a Marine Le Pen en el 2014. "Sólo saldremos adelante si hacemos un ahorro importante gracias al Parlamento Europeo y si obtenemos pagos adicionales", afirma. En otro mensaje entre miembros del partido después de una reunión con la líder se habla claramente de "lugares de trabajo ficticios" en el Parlamento Europeo.

Tribunal incompetente

En el primer día de juicio, la estrategia de defensa de Reagrupament Nacional fue declarar "incompetente" el Tribunal Judicial de París para juzgar un asunto de malversación de fondos europeos y negar las acusaciones. "No hemos violado ninguna norma", ha asegurado Marine Le Pen en la entrada del juicio. La líder de extrema derecha ha dicho que afrontaba el proceso "con serenidad" y que responderá a todas las preguntas que le hagan durante el proceso. El abogado de Le Pen ha acusado al Parlamento Europeo de haber denunciado al RN por razones políticas y ha puesto como ejemplo que otros partidos que habrían hecho lo mismo con los asistentes parlamentarios –el abogado ha citado a Podemos– no han sido perseguidos judicialmente.