¿Cómo tratan los países de la UE sus lenguas minoritarias?

Bruselas / París / Barcelona / Londres / RomaEn la Unión Europea hay unas ochenta lenguas, pero sólo 24 tienen el sello de oficial. Aunque los tratados comunitarios indican que es necesario respetar y fomentar la pluralidad lingüística, a la hora de la verdad el bloque no abarca la diversidad de todos sus pueblos —en todo caso, solo la que marcan los estados miembros— y apuesta por potenciar el gran proyecto de una Europa unida homogeneizándola y desarraigándola a través de las culturas e idiomas más dominantes, como el inglés, el francés y el alemán, en detrimento de las lenguas minoritarias y naciones sin estado.

Ahora bien, la desidia de los socios europeos contra las comunidades lingüísticas que no tienen un estado detrás varía según cada país y su idiosincrasia. No tratan por igual su pluralidad lingüística Francia e Italia que Luxemburgo o Bélgica, y no temen por igual a ampliar el presupuesto de la Unión Europea por el coste de las traducciones en los Países Bajos o Dinamarca, que siempre defienden la austeridad , que Grecia o Portugal, que son más partidarios de políticas económicas expansivas.

Es decir, las "dudas" que, según fuentes diplomáticas del ARA, casi los Veintisiete expresaron en el último consejo de asuntos generales de la UE cambian según las particularidades de cada país. Por este motivo, hacemos una recopilación del estado de la cuestión sociolingüística y política de los principales países y regiones del bloque europeo. La llegada del catalán a las instituciones europeas depende, y mucho, de eso.

La protección de la diversidad lingüística no es una cuestión que preocupe especialmente a las instituciones europeas o a los estados miembros ni a los principales medios de comunicación de ámbito europeo o mundial, más bien al contrario. Sin embargo, el debate en el consejo de asuntos generales de la UE del pasado martes sobre la oficialidad del catalán, el gallego y el euskera llamó la atención de periodistas internacionales y fue el tema principal del encuentro de los ministros de Exteriores comunitarios, que suele ocurrir sin pena ni gloria.

Ahora bien, si fue uno de los temas destacados de los medios más influyentes de la burbuja de Bruselas, como Bloomberg y Politico, fue porque afecta a la gobernabilidad de España y, de rebote, a la relación de fuerzas del bloque europeo. Cabe recordar que Pedro Sánchez, para salir reelegido, necesita el apoyo de Junts, que ha puesto la oficialidad del catalán en la UE como condición, y que, por este motivo, todos los movimientos del expresidente de la Generalitat en el exilio, Carles Puigdemont, generan expectación entre diplomáticos, dirigentes comunitarios y periodistas.

Más allá de las relaciones entre Moncloa y el eurodiputado independentista, el debate de fondo sobre la diversidad lingüística de la UE y del Estado pasó bastante inadvertido. En este sentido, ningún Estado miembro veta ahora mismo la oficialidad —que requiere unanimidad—, pero tampoco ningún capital tiene la prisa de Sánchez por sacarla adelante.

Sencillamente, según fuentes diplomáticas, los socios europeos quieren "más tiempo" y "más información" antes de decidirse, y los Veintisiete muestran una "actitud constructiva" en las negociaciones. Veremos si, a medida que vayan avanzando, algunos gobiernos dan marcha atrás viendo que la futurible oficialidad del catalán, el gallego y el euskera pueden animar a las reivindicaciones de comunidades lingüísticas minoritarias que están dentro de sus fronteras.

El gobierno francés no lo dice abiertamente, pero que el catalán o el euskera —también lenguas habladas en Francia— puedan ser oficiales en la Unión Europea no le hace mucha gracia. Con una arraigada tradición jacobina, París defiende sus lenguas llamadas regionales con muy poco o nulo entusiasmo: la Constitución deja claro que "la lengua de la República es el francés".

Pese a que en el Hexágono se hablan un buen puñado de lenguas distintas del francés —como el catalán, el corso, el vasco, el bretón, el alsaciano o el occitano—, el Estado las relega a una cuestión casi folclórica. La Constitución sólo recoge que "pertenecen al patrimonio de Francia", pero el Estado no garantiza los derechos de sus hablantes y son lenguas que nunca son utilizadas en el ámbito político o administrativo. Sin ir más lejos, en mayo la justicia prohibió a los concejales de municipios de la Catalunya del Nord hablar en catalán en las sesiones plenarias si antes no habían dicho lo mismo en francés.

Sin embargo, con el actual gobierno ha habido algunos avances tímidos, como la luz verde que han recibido las escuelas de la Catalunya del Nord para aplicar el modelo de inmersión lingüística con el catalán. El ejecutivo también encontró una alternativa legal para garantizar que se pueda seguir dando clase en catalán a pesar del recurso al Consejo Constitucional de la ley de lenguas regionales que lo hacía peligrar.

Aunque Francia expresó cómo casi todos los estados miembros "dudas" y pidió un informe jurídico —una fórmula habitual en la UE para frenar o aplazar una decisión—, desde el ejecutivo se negó que su gobierno tenga "miedo" de las consecuencias políticas de la iniciativa. París recuerda que el marco constitucional francés es diferente al español y, al no reconocer legalmente el corso, el bretón o el alsaciano, éstas no pueden optar ahora mismo al máximo sello de oficialidad en la UE como aspiran las lenguas oficiales del estado español.

Suecia y Finlandia fueron los dos únicos estados miembros que expresaron dudas respecto a la oficialidad del catalán, el gallego y el euskera en la UE antes de la reunión del Consejo. Ambos gobiernos escandinavos no respondieron con un rechazo frontal a la propuesta, pero sí pidieron "más tiempo y más información" para estudiarla a fondo. Además, la ministra de la UE del gobierno sueco, Jessika Roswall, subrayó que había "muchas lenguas minoritarias" en toda Europa que "no son oficiales en la UE" y que, por tanto, podrían pedir lo mismo que el catalán, el gallego y el euskera.

En la misma línea, el ministro de Exteriores finlandés, Anders Adlercreutz, aunque dijo en catalán que era un "gran amigo de la cultura catalana", mostró las mismas preocupaciones que su homóloga sueca y, además, propuso que, para contentar a España y al resto de socios europeos, se otorgue al catalán, el gallego y el euskera un sello de oficialidad intermedio, y no al máximo estatus al que puede optar una lengua en la UE.

Cabe recordar que Suecia, más allá del sueco, tiene cinco lenguas minoritarias reconocidas con un estatus inferior: el finlandés, el meänkieli (una variante del finlandés), el sami (lengua de los indígenas del norte del país), el romero y el yiddisch . En cuanto a Finlandia, más allá de las oficiales (finés y sueco), al menos tiene otras dos minoritarias, el sami y el careliano. Sin embargo, estas particularidades lingüísticas no van ligadas a movimientos nacionalistas o independentistas y, por tanto, no parece que sus potenciales reivindicaciones puedan ser la máxima preocupación de Estocolmo y Helsinki.

Otra hipótesis que estos últimos días algunos analistas han planteado es que haya algún tipo de pacto de solidaridad de gobiernos conservadores, como el sueco y el finlandés, con el Partido Popular. Pero el politólogo de la universidad sueca de Södertörn, Nicholas Aylott, se decanta por un motivo más terrenal y que siempre preocupa a Estocolmo y Helsinki: el bolsillo. “Suecia forma parte de los llamados Cuatro Frugales –con Dinamarca, Austria y Países Bajos–. La frugalidad financiera nórdica parece una sugerencia más persuasiva en este caso”, concluye el analista.

La historia de Bélgica ha estado marcada desde su nacimiento por el conflicto político y lingüístico entre Flandes, donde sobre todo se habla flamenco (un dialecto del neerlandés), y Valonia, donde sobre todo se habla francés. En medio está la región de Bruselas, que es la excepción del país y reconoce como oficiales a las dos lenguas. Y todavía existe una tercera comunidad lingüística en discordia, la parte germanófona del este: tiene poco más de 70.000 habitantes y formaba parte de Alemania, pero se anexó a Bélgica como resultado del tratado de paz de la Primera Guerra Mundial .

Ahora bien, aunque Bélgica es un país trilingüe y reconoce como oficiales el flamenco, el francés y el alemán, la lengua franca del país es a menudo el inglés. Muchos flamencos no saben hablar francés y, a la inversa, muchos valones no saben hablar flamenco. Esto genera situaciones muy curiosas, como por ejemplo que en la selección de fútbol belga, para entenderse los jugadores, a veces se vean obligados a hablar inglés entre ellos.

Este plurilingüismo hace que Bélgica no se sienta tan incómoda como se pueden sentir algunos estados miembros con la oficialidad del catalán, el gallego y el euskera en la Unión Europea. Además, tiene reconocidos los tres idiomas que se hablan en su país y los tres son oficiales en el bloque europeo, dos de los cuales (francés y alemán) son también idiomas de trabajo. Es decir, junto con inglés, tienen el máximo estatus en las instituciones europeas y son las más utilizadas durante el día a día. Por ejemplo, cuando la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, pronuncia el discurso del estado de la Unión, lo hace en inglés, francés y alemán.

La propuesta española de oficializar el catalán en la UE ha sido seguida con especial atención en la República de Irlanda. El ministro de Asuntos Europeos, Peter Burke, aseguró a la salida del encuentro del Consejo que Dublín siempre "estará junto a la defensa de la diversidad lingüística", pero expresó dudas sobre que pueda "establecer un precedente" y tener "consecuencias no deseadas".

La posición del tánaiste (primer ministro) Micheál Martin ha sido muy criticada por el Sinn Féin, el partido que ha hecho de la recuperación del gaélico tanto en el norte como en el sur de la isla un caballo de batalla político. En el censo de la República de Irlanda del pasado año, 1.873.997 personas (el 39,8% de la población) declararon que tenían alguna capacidad para hablar irlandés, de una población total de 5.149.139. En Irlanda del Norte, 228.600 personas (12,4%) tienen también alguna capacidad lingüística en gaélico, de una población de 1.903.175 personas.

De hecho, el Sinn Féin ya criticó a Martin por haber afirmado, antes del encuentro del Consejo de la UE, que “era demasiado pronto” para que Irlanda se pronunciara sobre la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego. Era vital que el gobierno irlandés "envíe un fuerte mensaje de solidaridad en nombre de Irlanda al extranjero", afirmó el portavoz del Sinn Féin en temas culturales y lingüísticos, Aengus Ó Snodaigh.

El 13 de junio de 2005 el irlandés se convirtió en lengua oficial de la Unión Europea, un acuerdo que no entró en vigor hasta el 1 de enero de 2007. Sin embargo, es la lengua menos hablada de las 24 oficiales de la Unión Europea. Y no fue hasta el 1 de enero del 2022 cuando no se hace realidad la oficialidad por la falta de traductores e intérpretes suficientemente preparados.

La decisión de la UE de aplazar la decisión sobre la oficialidad del catalán no ha tenido una repercusión directa en Italia, pese a que en el país existen 12 minorías lingüísticas y 29 dialectos reconocidos. Pero las divisiones surgidas entre los Veintisiete son comparables a las existentes en el gobierno de coalición encabezado por Giorgia Meloni, cuyo partido, Hermanos de Italia, impulsó sin éxito una ley para reconocer al italiano como único idioma oficial de la República y cancelar el estudio de otras lenguas minoritarias en las escuelas públicas. La iniciativa provocó el enfrentamiento con la Liga de Matteo Salvini, con quien gobierna en Roma.

La cuestión del catalán es delicada en Italia, donde el actual gobierno de coalición está formado por tres partidos –Hermanos de Italia, Liga y Fuerza Italia–, que pertenecen a grupos diferentes dentro del bloque conservador en el Parlamento Europeo. La reedición del pacto italiano en las elecciones europeas del 2024 no convence al ala más moderada de los populares europeos, que rechaza una alianza con formaciones extremistas como la de Marine Le Pen, líder del partido Reagrupamento Nacional. La jefa de la ultraderecha francesa y Salvini aspiran a crear una gran coalición que incluya también al partido de los Conservadores Europeos, la familia política que preside Meloni en la UE y de la que también forma parte Vox, ambos contrarios al reconocimiento de las minorías lingüísticas en sus países.

Albanés, catalán, germánico, griego, esloveno, croata, francés, francoprovenzal, friulano, ladino, occitano y sardo son hablados por alrededor de tres millones de personas en catorce regiones de Italia y representan una minoría lingüística reconocida por ley desde el 1999. En 2018, el Parlamento de Cerdeña aprobó una normativa para regular el sardo junto con otras lenguas habladas en la región (catalán, galuro, saserés y tabarquí) con el objetivo de favorecer su difusión a través de la escuela, siguiendo el ejemplo de Friul. Sin embargo, dos años después, sólo es posible aprenderlas en academias privadas.