Refugiados ucranianos en Cataluña buscan justicia: "La carretera estaba llena de cadáveres"

BarcelonaEl día que huyó de su casa con las pocas cosas que llevaba encima, Liliia llevaba tres semanas conviviendo con el ruido de las bombas y el fuego de artillería constante. Y llevaba más de dos incomunicada del resto del mundo, sin cobertura telefónica; tampoco tenía electricidad, ni gas, ni agua corriente. Aquel 17 de marzo del 2022, junto a su familia y sus vecinos, decidió abandonar Mariúpol, una ciudad sitiada por las fuerzas rusas que aún debería sufrir un ensañamiento salvaje durante dos meses más.

Las ventanas de su piso habían quedado desmenuzadas días antes por la explosión de un misil Tochka-U que había impactado en el edificio de al lado, también residencial. "Empecé a tener un miedo animal", explica Liliia, que ahora vive en Barcelona, mientras con gestos elocuentes y la ayuda de una intérprete del Centro Ucraniano de la capital catalana intenta describir el horror que vivió aquellas primeras semanas de guerra. "Hacía mucho frío, había mucha nieve. Habíamos llenado la bañera de agua, en previsión, pero quedó congelada", recuerda. El 10 de marzo, un cohete ruso cayó muy cerca de su blog, donde también vivían sus padres. "Mi madre probablemente estaría muerta si no fuera porque los restos del misil quedaron incrustados en un colchón que había puesto para proteger la ventana", explica.

"Los bombardeos eran continuos, y cada vez oíamos los aviones y la artillería más cerca", relata. Los pocos vecinos que quedaban en su bloque –más o menos un tercio de los que había antes de que empezara la guerra, calcula– decidieron juntar todas las provisiones, de comer y beber, y compartirlo todo. El 17 de marzo, todos estaban refugiados en el sótano del edificio, cuando se sobresaltaron por unos fuertes golpes en la puerta. Finalmente abrieron. "Eran soldados ucranianos, que nos avisaban de que los rusos estaban viniendo y nos decían que huiéramos. Cogimos los coches y, con lo que llevábamos encima, nos fuimos", dice.

"No reconocía la ciudad. Todas las calles, los edificios... todo estaba destruido. Y toda la carretera estaba llena de cadáveres. Y llena de coches con muertos dentro. También había muchos soldados ucranianos muertos", relata. Aún no se explica cómo pudieron superar los diversos controles de militares rusos que se encontraron, pero lograron avanzar.

También cuenta que pocos días más tarde, un primo suyo también intentó huir de Mariúpol, con toda su familia. En un control, soldados rusos empezaron a pegar al sobrino de Liliia. Su padre quiso protegerle, y los militares le dispararon y le mataron. No permitieron que los familiares se llevaran el cuerpo y les obligaron a dar marcha atrás hacia Mariúpol. Se quedaron otros dos meses, hasta que pudieron recuperar el cadáver y enterrarlo. Luego abandonaron finalmente la ciudad, pero sólo pudieron hacerlo a través de territorio ruso.

Refugiados en Cataluña

Liliia dice que quiere justicia, que los culpables respondan por sus crímenes. Y espera que acaben en el Tribunal Penal Internacional (TPI) de La Haya. Escuchando a testigos como el suyo, responsables de la gestión de migrantes de la Generalitat han decidido crear un protocolo para facilitar el proceso de denuncia de crímenes de guerra y de lesa humanidad que han sufrido o de los que han sido testigos las personas que llegan a Cataluña huyendo atrocidades como estas. "En España no existe ningún mecanismo oficial y público para recoger este tipo de denuncias o testigos y tramitarlos donde sea necesario", afirma el director general para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos del Departamento de Igualdad y Feminismos, Adam Majó. Añade que tampoco existe ningún juzgado o unidad de policía especiales para tratar estos crímenes, ni gabinetes de abogados especializados.

Por este motivo, la Generalitat está ultimando un convenio con el Consejo de la Abogacía Catalana, que se compromete a ofrecer formación en este ámbito a todos los colegios de abogados de Cataluña. Majó también ha viajado esta semana a La Haya para reunirse con representantes del TPI, del Tribunal Internacional de Justicia de la ONU y de la Agencia de la UE para la Cooperación Judicial Penal (Eurojust) para tener más información sobre cómo actuar frente a estos casos. "Por ahora nos conformamos con tener una red para que cuando nos lleguen casos sepamos cómo gestionarlos, pero el objetivo es poder ofrecer un servicio proactivo", resume Majó.