Rusia abusa de la lucha contra el terrorismo para castigar la disidencia

MoscúEl 30 de julio, Viktor Kalinin, de 14 años y tres meses, se convertía en la persona más joven en ser incluida en la lista de terroristas y extremistas de Rusia. Su delito: haber prendido fuego a una caja del sistema de señalización ferroviaria. Aunque declaró que había actuado coaccionado, la policía lo acusó de terrorismo. Aquel mismo día, a a Pavel Dúrov, fundador de Telegram, también se le acusó de colaborar con el terrorismo, en el último episodio de su guerra con los servicios secretos.

Estos dos ejemplos muestran hasta qué punto el Kremlin está retorciendo la legislación contra el radicalismo violento para reprimir las expresiones de disidencia, una tendencia que se ha acentuado desde la invasión de Ucrania. Según los expertos, esta categoría permite estigmatizar a los culpables, imponerles penas más severas e intimidar a la sociedad.

De las 22.000 personas etiquetadas como terroristas y extremistas, 5.000 han sido añadidas a lo largo del último año. El ritmo de registros diarios es un 44% más alto que en agosto de 2025. Como Kalinin, 493 menores de 18 años forman parte de ella y, de estos, cerca de un centenar no superan los 16. Se calcula también que entre el 15% y el 20% de los nuevos casos tienen una motivación política.

En cuanto a las condenas, un estudio de los activistas de Pervi Otdel y Parubets Analytics ha contabilizado más de 1.200 en los seis primeros meses de 2026, un 58% más que en el mismo periodo de 2025. Esto les permite afirmar que este será "el año con el número más alto de condenas por casos de terrorismo de toda la historia del Código Penal moderno".

Serguéi Davidis, responsable del proyecto de apoyo a los presos políticos de Memorial –entidad considerada extremista–, denuncia en el ARA el uso "creciente", por parte de las autoridades rusas, de los artículos sobre extremismo y, especialmente, sobre terrorismo. En cuanto a los sabotajes, alerta que normalmente son intentos fallidos de dañar instalaciones del estado y que sería "jurídicamente más adecuado" procesar a los autores por destrucción de la propiedad. En cambio, lamenta, se les aplican penas "desproporcionadamente altas" por delitos que "prácticamente no han causado ningún daño".

Aun así, no es necesario recurrir a la violencia para aplicar la legislación antiterrorista. El 29% de las condenas dictadas desde enero de 2026 han sido por justificación, propaganda o llamamientos al terrorismo. Según Davidis, "cualquier crítica al poder se puede calificar de extremismo si hay voluntad de hacerlo". De esta manera, añade, el solo hecho de expresar rechazo por las autoridades puede equivaler a extremismo y, ahora cada vez más, a terrorismo.

Opositores y yihadistas

El Kremlin también tiene un registro con más de 850 organizaciones extremistas o terroristas, del cual forman parte la Fundación Anticorrupción, de Alekséi Navalni, la empresa Meta y el movimiento LGBTI público internacional. Junto con estas entidades, también hay grupos yihadistas como Al-Qaeda o el Estado Islámico, mientras que en 2025 se eliminó a los talibanes de la lista. El principal propósito de meter en el mismo saco a asociaciones pacíficas y grupos terroristas violentos es cortarles los medios de subsistencia en Rusia y abocarlos a la muerte civil. Así se explican los cientos de casos de personas detenidas y encarceladas por hacer aportaciones a la fundación de Navalni, como un vecino alemán de San Petersburgo, a quien arrestaron por haber hecho una aportación de 900 rublos (unos 9 euros).

Al mismo tiempo, los servicios secretos persiguen a todo aquel que haga comentarios positivos sobre el ejército ucraniano, o que financie a algunas unidades, como el batallón Azov, cuyos miembros son considerados terroristas solo por pertenecer a él. Davidis encuentra "escandaloso" que se utilice la legislación antiterrorista contra personas "simplemente por el hecho de servir a las fuerzas armadas de su país y defenderlo ante una agresión". Este posicionamiento le llevó a ser etiquetado personalmente como terrorista en 2024, y a recibir una condena en ausencia de seis años porque estaba en la Unión Europea.

El activista sostiene que el principal objetivo de esta deformación de las leyes contra el terrorismo es "el estigma". Si se persigue a las personas que critican la guerra, al ejército o a Putin, señala, todo el mundo entiende cuáles son los cargos, pero cuando se añaden estos otros delitos "la cuestión se vuelve mucho más difícil de descifrar, y eso produce una impresión mucho más aterradora en la sociedad". Explica que el sentido de las represiones es sobre todo "enviar el mensaje de cuál es el comportamiento correcto y cuál el incorrecto" a ojos del estado y "que la gente tenga miedo de ser castigada".

Los cargos por terrorismo también implican sentencias más largas y peores condiciones en la prisión. Davidis, sin embargo, alerta de que no hace falta acabar en una colonia penal para sufrir las consecuencias de la vinculación con el terrorismo. "Las personas incluidas en esta lista viven fuertes restricciones de sus derechos civiles, incluso cuando están en libertad", apunta. Desde su perspectiva, esta deriva de la justicia rusa "ha vaciado completamente de contenido" el concepto de terrorismo. El estado ruso, concluye, "se ha acabado perjudicando a sí mismo". La absurdidad de estas acusaciones supone un descrédito de cara, no solo a la Interpol, sino incluso a los mismos ciudadanos rusos.