Trabajadoras filipinas, esclavas modernas en las lujosas embajadas árabes de Reino Unido

LondresDetrás de la fachada de lujo del Londres más exclusivo, una vida de miseria y esclavitud. En el 30 de Charles Street, en el barrio de Marylebone, en el centro de la capital británica, está la embajada de Arabia Saudí en Reino Unido. El edificio, del siglo XVIII, es una de las más esplendorosas mansiones en una zona que está llena, de este tipo de palacetes.

En julio del año pasado, el Tribunal Supremo de Reino Unido emitió una sentencia pionera contraria a los intereses de un diplomático saudí residente en el país. El caso, abierto inicialmente ante un tribunal laboral, había empezado cuatro años antes, cuando la ciudadana filipina Josephine Wong, de 30 años, lo demandó. Wong alegaba que se vio obligada a trabajar para Khalid Basfar y su familia en condiciones de esclavitud moderna. El relato que explicaba es sobrecogedor, pero no excepcional.

La trabajadora doméstica permaneció encerrada en el domicilio de Basfar en todo momento desde 2016 hasta que huyó, dos años después. En este tiempo fue sometida continuamente a abusos verbales y solo se le permitía comer las sobras de los alimentos que consumían los amos; la obligaban a trabajar desde las siete de la mañana hasta las once y media de la noche, cada día de la semana. Además, llevaba encima una alarma para que pudiera atender a Basfar o a cualquier miembro de la familia a todas horas.

Josephine Wong había llegado a Reino Unido desde Arabia Saudí en 2016. Durante los primeros siete meses en Londres no recibió ningún salario. Después le pagaron 1.800 libras (2.030 euros). Cuando pudo huir presentó la demanda contra Basfar con la ayuda de la asociación Kalayaan, una entidad sin ánimo de lucro que lucha contra la esclavitud moderna en Reino Unido.

Al recibir la demanda, lo primero que hizo este funcionario saudí fue invocar la inmunidad diplomática –le protege de cualquier responsabilidad civil y penal cometida en el país donde trabaja, salvo que se la retiren– para desentenderse de la denuncia. Después de todo tipo de recursos y cuatro años, el Supremo dictaminó –creando jurisprudencia– que el diplomático no se podía escudar en esta. Ahora, una vez más, el caso está pendiente de resolución en la justicia laboral.

La punta del iceberg

Para la entidad que acompañó a esta mujer en su lucha no hay ninguna duda. Kalayaan dice que la esclavitud moderna afecta especialmente, pero no solo, a los trabajadores domésticos, y que la inmensa mayoría son mujeres. Entre 2017 y 2021, al menos 13 personas han sufrido abusos en Reino Unido –se han documentado y probado– por al menos diez diplomáticos y funcionarios de países como Arabia Saudí, Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Brunei y las Filipinas.

"Pero se trata, solo, de la punta del iceberg", dice al ARA Ayesha Mohsin, abogada de la organización. "Este abuso tiene lugar a puerta cerrada, en las casas de la gente. Es este contexto lo que también dificulta que las víctimas puedan buscar ayuda, por eso es tan desalentador que el gobierno no implemente las garantías propuestas. Los diplomáticos saben que pueden actuar con impunidad debido a este fracaso".

¿A qué fracaso se refiere la abogada? A la práctica imposibilidad de que las víctimas de la esclavitud moderna se acojan al programa gubernamental que, en teoría, les tendría que apoyar. El NRM (National Referral Mechanims) es el sistema del ministerio del Interior que permitiría que una víctima de esclavitud sea considerada merecedora de protección oficial.

Antes de esto, sin embargo, una serie de entidades designadas por el gobierno –desde el Ejército de Salvación hasta Kalayaan o Voice of Domestic Workers– tienen que estudiar cada caso y aportar las pruebas para que el ministerio del Interior las evalúe. Es el caso de las trece personas de las que se ha ocupado Kalayaan, referidas al periodo 2017-2021: todas están ya bajo el paraguas de la administración.

Pero estas entidades se han quejado esta misma semana de la falta de medios que les proporciona el ministerio del Interior para investigar los abusos. "Si no se investigan, existe el riesgo de que las pruebas se desvanezcan". Y Mohsin afirma que "desde mediados de diciembre de 2022, el sistema se ha desbordado por el número de potenciales casos" que atienden. El ministerio del Interior de Reino Unido ha admitido que en los últimos cuatro meses del año pasado se han derivado para una decisión a 4.586 personas.

Dos ejemplos más

Diwa, madre de una criatura, llegó a las islas británicas en 2018 de la mano de otro diplomático de Arabia Saudí. Vivía en la casa familiar, al oeste de Londres: "El diplomático le confiscó el pasaporte, solo comía los restos de la familia. Repartía su tiempo entre la casa del funcionario y otra propiedad de un pariente suyo saudí. Huyó después de recuperar el pasaporte", ha documentado Kalayan.

Eleanor, por su parte, es de Indonesia y tiene una historia parecida. Llegó a Reino Unido con un diplomático del sudeste asiático en 2016. Dice que la entidad le ha ayudado en su experiencia: "Una de las primeras noches, el amo me despertó a la una de la madrugada. Entró a mi habitación y me dijo que guardara la compra. A partir de este momento empecé a pensar que quizás no era una manera normal de hacer el trabajo". Durante un mes, Eleanor se vio obligada a trabajar siete días a la semana sin salir de la propiedad. No podía tener teléfono móvil y le retiraron el pasaporte. Solo se podía lavar con agua fría, y de un cubo.

De acuerdo con una investigación oficial del gobierno británico, cada año hasta 17.000 trabajadoras domésticas vulnerables, muchas de Asia y África, llegan a Reino Unido con sus empleadores. Fue el caso de Diwa y Eleanor. Las dos ahora están bajo protección. De momento, los responsables de su situación no han recibido ninguna sanción.