Macron quiere expulsar a los inmigrantes irregulares que cometan delitos graves

ParísLa presión social y política por la muerte de una niña de 12 años torturada y asesinada brutalmente el octubre pasado en París supuestamente por una joven argelina que tenía una orden de expulsión ha obligado al presidente francés, Emmanuel Macron, a mover ficha. El ejecutivo francés tiene previsto aprobar en los próximos días un proyecto de ley de inmigración para facilitar que se cumplan las órdenes de expulsión de los extranjeros en situación irregular que hayan cometido delitos graves. El ministro del Interior, Geráld Darmanin, planea con la futura ley endurecer el control migratorio, a la vez que abre la mano a la regularización de inmigrantes que trabajen en sectores "tensionados", en los que faltan trabajadores.

Darmanin, el ministro más conservador del gobierno francés, ha definido el proyecto de ley de una manera muy particular: "Se trata de ser malos con los malos y amables con los amables". El titular de Interior, que siempre se ha mostrado muy duro con la inmigración, si bien él es nieto de inmigrantes –uno de sus abuelos era argelino y el otro nació en Túnez–, ha prometido que la norma "hará la vida imposible" a los extranjeros en situación irregular que tengan una orden de expulsión vigente. "Tenemos que ayudar a los que trabajan y ser duros con los que cometen delitos", ha resumido. En la misma línea, Macron ha hablado de "encontrar un equilibrio entre firmeza y humanidad".

Según el borrador del proyecto de ley filtrado a la prensa francesa, serán expulsados del territorio francés los inmigrantes sin papeles que cometan delitos como por ejemplo robos con violencia o en domicilios particulares, actos de "violencia conyugal" o que no respeten "los principios de la República", una afirmación lo suficientemente abierta como para poder expulsar a inmigrantes por otros delitos. De hecho, el texto también prevé poder denegar, retirar o no renovar determinados permisos de residencia de extranjeros en situación irregular alegando "nuevas razones relacionadas con su comportamiento". El redactado final dependerá de la negociación parlamentaria, dado que Macron no tiene la mayoría absoluta en la Asamblea Nacional y está obligado a buscar el apoyo de otros grupos políticos para poder aprobar el texto.

Orden de expulsión no ejecutada

La principal sospechosa de la muerte de la niña, que se llamaba Lola, es una chica de 24 años que llegó a Francia legalmente, con un permiso de estudiante, pero que se quedó una vez se le caducó el visado. Tenía una orden de expulsión –no ejecutada–, pero no porque hubiera cometido un delito sino porque la policía la había parado en el aeropuerto sin un visado válido. En cualquier caso, no tenía antecedentes penales y con la futura ley, si se aprueba tal como prevé el borrador, una persona en la misma situación que la presunta asesina difícilmente sería expulsada de Francia. El ejecutivo reconoce la dificultad de poder expulsar a todas las personas que tengan una orden de expulsión.

El movimiento del gobierno, sin embargo, quiere frenar las críticas de la extrema derecha y la derecha francesa, que aprovecharon el asesinato de la menor para cargar contra el ejecutivo y acusarlo de ser demasiado permisivo con la inmigración irregular. El borrador de la futura ley también prevé un refuerzo del control de fronteras. Por ejemplo, permitirá a la policía obligar a los inmigrantes clandestinos que entran en territorio francés y que sean interceptados a dejarse fotografiar y a recoger sus huellas digitales. También se endurecen los castigos para las mafias que ayudan a los extranjeros a entrar en el país, con penas que pueden ir hasta los 20 años de prisión y multas de hasta 1,5 millones de euros, y aumentan las sanciones económicas para los empresarios que den trabajo a inmigrantes sin papeles.

Requisitos estrictos

En cuanto a la regularización, uno de los puntos más criticados por la derecha, el gobierno prevé otorgar permisos de residencia de un año a migrantes que trabajen en sectores en los que falta personal desde hace años, como los cuidados de personas mayores y niños, la restauración o la sanidad, pero tendrán unos requisitos de acceso estrictos. Solo podrán obtenerlo los inmigrantes que ya estén trabajando en algunos de los sectores tensados desde hace al menos ocho meses –de forma irregular, se entiende– y que puedan demostrar que llevan viviendo en Francia al menos tres años de manera ininterrumpida. También tendrán que aprobar un examen de francés.

En diciembre ya hubo manifestaciones en contra de la futura ley, y asociaciones de inmigrantes califican las propuestas del gobierno –que todavía tiene que presentar y aprobar formalmente en un próximo consejo de ministros– como un paso atrás en los derechos de los extranjeros en situación irregular.