Un nuevo caso de puertas giratorias en la Comisión Europea pone en evidencia la falta de control ético

BruselasEl ex comisario europeo irlandés Phil Hogan tuvo que dejar el cargo al frente de la cartera de Comercio de la Comisión a finales de agosto de 2020 por haberse saltado las normas de confinamiento contra el coronaviurs y haber asistido a una cena de golf con más de ochenta personas. Este verano, Hogan ha fichado por un bufete de abogados norteamericano, DLA Piper, con despacho para hacer grupo de presión en Bruselas.

El problema es que todavía no hace dos años que dejó la Comisión y, por lo tanto, estaba bajo el periodo llamado "de enfriamiento", en que tiene que notificar cualquier nuevo trabajo que pueda suponer un conflicto de intereses y recibir una autorización. Antes de esto, Hogan ya había sido autorizado para crear su propia consultoría estratégica, cosa que Bruselas había aceptado con ciertos límites, como por ejemplo no acercarse a sus excolegas.

El problema es que Hogan no notificó este nuevo trabajo en DLA Piper a la Comisión, tal y como estaba obligado a hacer según el código de conducta. Al mismo tiempo, sin embargo, el ejecutivo comunitario hace semanas que responde que le "está analizando" y no da más información.

Todo ello pone en evidencia de nuevo la falta de mecanismos de control ético ante los posibles conflictos de intereses o puertas giratorias en las instituciones europeas. Bruselas es una de las ciudades del mundo con más presencia de grupos de presión o lobbies, porque es donde se elaboran las leyes que rigen el mercado único europeo, uno de los más grandes del mundo.

"Se ha saltado las normas. De acuerdo, ¿y ahora qué?", se pregunta retóricamente Vitor Teixeira, investigador de Transparencia Internacional especializado en cuestiones de integridad política. Teixeira sabe perfectamente la respuesta: nada. "De acuerdo con el código de conducta, si la Comisión o el Consejo lo solicitan, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) puede analizar el caso después de una infracción e incluso retirarle algunos de los beneficios económicos que percibe como excomisario.

El problema es que esto no ha pasado nunca. En los últimos cinco años ha habido como mínimo 25 casos confirmados de incumplimientos del código de conducta y ninguno ha sido penalizado", lamenta.

Un vigilante ético independiente para las instituciones

Ante esta evidencia, el Parlamento Europeo aprobó hace unas semanas una propuesta para crear un organismo ético independiente que vigile el cumplimiento de los códigos de conducta dentro de las instituciones europeas y que incluso pueda investigar activamente y proponer sanciones.

Actualmente, tanto la Comisión como la Eurocámara cuentan con comités internos que tienen que cumplir estas funciones, pero su independencia y efectividad están bajo cuestión, no solo por parte de organizaciones como Transparencia Internacional, sino por la misma Eurocámara.

"Les normas no se aplican. Simplemente no funciona si los que controlan a los eurodiputados son otros eurodiputados y los que controlan a los comisarios son otros comisarios", sentencia el europarlamentario de los Verdes Daniel Freund, responsable del informe sobre el organismo ético independiente que la cámara aprobó con 377 votos a favor, 87 en contra y 224 abstenciones.

El organismo que propone la Eurocámara (y que tendría que ser negociado todavía con la Comisión Europea y los gobiernos de la UE) contaría con nueve miembros: tres de escogidos por la Comisión, tres por el Parlamento y tres entre antiguos jueces del TJUE, del Tribunal de Cuentas o del Defensor del Pueblo Europeo. Además, tendría potestad para controlar las declaraciones de intereses de los trabajadores europeos (también funcionarios, asistentes y asesores) y podría recomendar sanciones o medidas a adoptar en un proceso público y transparente, dice Freund.

Pero para Transparencia Internacional esta propuesta nace coja, porque mantiene la potestad sancionadora en el presidente del Parlamento Europeo o en el colegio de comisarios en caso de la Comisión: "¿Qué sentido tiene tener un organismo independiente si al final es una sola persona quien puede acabarlo ignorando y decidiendo sobre las sanciones?", critica Teixeira, que también pone de relieve cómo en el caso de los eurodiputados la multa máxima implica la pérdida de las dietas de treinta días, cuando tienen un salario próximo a los 9.000 euros mensuales brutos, más allá de las otras actividades secundarias que pueden hacer y que tampoco están suficientemente controladas.

Las declaraciones de intereses sobre actividades más allá de las parlamentarias son vagas, en muchos casos solo detallan si ejercen de abogados, por ejemplo, sin decir quién son sus clientes o cuánto cobran exactamente, critican tanto Teixeira como Freund.

El eurodiputado de los Verdes admite que la propuesta que ha salido adelante no es tan ambiciosa como habría deseado, pero la considera un "paso hacia adelante significativo", teniendo en cuenta las dificultades para conseguir el consenso político necesario para que salga adelante.

Además, tanto el europarlamentario germánico como el investigador de Transparencia Internacional reconocen que, a pesar de todas las deficiencias, los controles de transparencia de las instituciones europeas son mejores que los que tienen la gran mayoría de los estados miembros de la UE. Solo Francia, explican, cuenta con una autoridad independiente con capacidad de analizar y sancionar todos los conflictos de intereses de los trabajadores públicos.