Bajar la persiana para protestar: la presión económica que inquieta al régimen iraní
El balance de muertes en las protestas en Irán oscila entre los 650 y varios miles, según varias ONG
BeirutEn Irán, la protesta ya no está solo en las calles. Después de más de dos semanas de movilizaciones, el epicentro del descontento ya no se limita a marchas y enfrentamientos nocturnos. Se ha trasladado a la economía diaria, a la manera en que millones de ciudadanos intentan sobrevivir en un país cuya moneda se ha desplomado, cuyos precios básicos se han disparado y cuyos servicios públicos se degradan bajo el peso de la crisis.
El detonante de las protestas sigue siendo una situación económica profundamente arraigada. El rial ha perdido gran parte de su valor frente al dólar en los últimos meses, erosionando salarios y ahorros. La inflación se mantiene por encima del 40 %, mientras los precios de alimentos, combustible y medicamentos continúan en ascenso. Para las clases medias urbanas y los trabajadores precarios, el poder adquisitivo se reduce semana tras semana. La presión económica llevaba tiempo acumulándose, y las protestas solo le dieron forma visible.
La respuesta del Gobierno iraní ha sido una mezcla de represión violenta, control de la información y retórica de confrontación internacional, más que reformas económicas reales. Desde el 28 de diciembre, las protestas se han extendido a prácticamente todas las provincias del país, y los informes de violencia contra manifestantes se han vuelto cada vez más frecuentes. Organizaciones de derechos humanos con sede en Estados Unidos, como la Human Rights Activists News Agency (HRANA), estiman que el número de muertos por la represión ha superado los 648, con más de 10 600 detenciones en las primeras dos semanas de protestas. Otras fuentes opositoras, como la Organización de Muyahidines del Pueblo de Irán, hablan de cifras mucho más altas, que superarían varios miles de fallecidos según investigaciones con fuentes locales, hospitales y servicios forenses. La violencia y las cifras de víctimas se han convertido en un factor central de la crisis, no solo por su gravedad humanitaria, sino también por cómo influyen en la percepción pública de la legitimidad del régimen.
En paralelo, las autoridades han tratado de proyectar una imagen de control. Este lunes, se organizaron grandes concentraciones progubernamentales en varias ciudades, presentadas por la televisión estatal como una condena popular a las protestas.
La confrontación también se desplaza al plano internacional. El presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Ghalibaf, lanzó una advertencia directa a Donald Trump, afirmando que cualquier ataque contra Irán recibiría una respuesta contundente y que las fuerzas estadounidenses en la región serían objetivos legítimos. La retórica exterior reaparece como recurso clásico de cohesión nacional en tiempos de vulnerabilidad doméstica.
Mientras tanto, en la vida cotidiana, la represión ha reducido la masividad de las manifestaciones, pero no ha restaurado la normalidad social ni económica. En los principales centros urbanos, numerosos comercios abren solo unas horas o permanecen cerrados durante días sin convocatoria formal de huelga. El Gran Bazar de Teherán, tradicional termómetro económico y social, funciona con actividad mínima. En ciudades medianas, calles comerciales enteras muestran persianas bajadas en horarios habituales de trabajo. El transporte también se resiente. Conductores de autobuses y taxis trabajan de forma irregular, rutas se acortan y los desplazamientos cotidianos se vuelven inciertos. La economía informal, de la que dependen millones de familias, queda atrapada entre la falta de clientes y el temor a controles policiales.
El apagón digital agrava esta parálisis. Las transacciones electrónicas fallan, los pagos móviles se interrumpen y la reposición de mercancías se vuelve más costosa. En muchos barrios, surgen redes vecinales de apoyo para compartir alimentos, transporte o cuidado de mayores. Esta organización espontánea garantiza supervivencia, pero también evidencia la pérdida de confianza en la capacidad del Estado para sostener la vida cotidiana.
El gobierno ha anunciado ayudas directas a hogares vulnerables y promesas de reformas fiscales destinadas a aliviar la presión económica. Sin embargo, estas medidas encuentran un escepticismo profundo. Reactivar una economía parcialmente paralizada exige restaurar confianza, un recurso hoy escaso.
La protesta económica, materializada en cierres de comercios y ajustes de rutina, amplía su alcance más allá de los sectores tradicionalmente movilizados. Comerciantes, trabajadores informales y familias con salarios congelados o con deudas crecientes comparten ahora un sentir común de frustración y descontento.
Cuando bajar la persiana es protestar, el conflicto deja de ser solo político. Se convierte en una disputa por el control de la vida cotidiana y por la posibilidad de un futuro mínimamente estable. En ese terreno, el régimen enfrenta un adversario menos visible que una multitud en la calle, pero más persistente y más difícil de contener.
