Israel aprueba condenar a la horca a los palestinos acusados de ataques terroristas mortales
Establece la pena de muerte como castigo por defecto en Cisjordania, sin posibilidad de apelación
El Parlamento israelí ha aprobado este lunes una de las leyes más polémicas de los últimos años: permite la pena de muerte en la horca para los palestinos condenados por delitos de terrorismo en los que haya habido víctimas mortales. La medida ha sido duramente criticada como discriminatoria por países europeos y organizaciones de derechos humanos. El nuevo texto legislativo, llamado “pena de muerte para terroristas”, introduce cambios profundos en el Código Penal: permite a los tribunales imponer la pena capital sin necesidad de una solicitud previa de la Fiscalía y sin que haya unanimidad entre los jueces; basta con una mayoría simple. Los jueces tampoco deberán tener ahora rango militar superior. En Israel ya existía la pena capital para crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad o crímenes contra el pueblo judío. En la práctica, sin embargo, las pocas sentencias de muerte que se han dictado se han acabado sustituyendo por cadenas perpetuas. El texto legal, impulsado por el partido de extrema derecha Otzma Yehudit, liderado por el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, ha sido aprobado con 62 votos a favor –entre ellos el del primer ministro, Benjamin Netanyahu– y 48 en contra. El objetivo es claro: “Establecer la pena de muerte para terroristas que hayan perpetrado ataques mortales”, según dice literalmente el texto. Así, cualquier persona que “cause intencionadamente la muerte de otra con el objetivo de hacer daño a un ciudadano o residente de Israel, y con la intención de negar la existencia del Estado de Israel, podrá ser condenada a muerte o a cadena perpetua”, añade.La ley será aplicable a cualquier territorio bajo control efectivo de Israel y establece un doble circuito judicial: uno para los tribunales civiles dentro de Israel y otro para los tribunales militares en Cisjordania, que juzgan exclusivamente palestinos según el derecho militar. En los tribunales militares israelíes de Cisjordania, los presos palestinos condenados por operaciones armadas que causen la muerte de un israelí se enfrentarán a la pena de muerte obligatoria, salvo que se detecten circunstancias excepcionales que permitan aplicar una cadena perpetua. En la práctica, la legislación convertirá la pena de muerte en el castigo por defecto, según los analistas. En los tribunales civiles israelíes, en cambio, la pena puede ser de muerte o de cadena perpetua. En todo caso, los condenados serán recluidos en instalaciones separadas, sin derecho a visitas excepto del personal autorizado, y las consultas legales se harán solo por videoconferencia. En cuanto a las ejecuciones, se llevarán a cabo en un máximo de noventa días desde la sentencia.Sin vías para apelar
Diversas organizaciones, como la Sociedad de Prisioneros Palestinos, la Comisión de Asuntos de los Detenidos, la Asociación Addameer de Apoyo a los Prisioneros y Derechos Humanos y la Asociación por los Derechos Civiles en Israel, denuncian que este marco legal consolida un sistema que aplica la pena capital de manera específica a los palestinos y elimina vías clave de apelación o indulto.“La ley somete a los presos palestinos a una maquinaria de matar draconiana y racista”, explica a ARA Sari Bachi, directora ejecutiva del Comitè Públic Contra la Tortura en Israel (PCATI). “La pena de muerte se aplica explícitamente a los palestinos, pero no a los judíos. Se aplica a quienes matan con la motivación de negar la existencia del Estado de Israel, es decir, a los palestinos. Si un colono judío mata a un palestino por motivos nacionalistas, no puede ser condenado a muerte y será juzgado en tribunales civiles con garantías porque no niega el estado israelí. En el caso de un palestino, la pena de muerte es el castigo por defecto dentro de un sistema militar con una tasa de condena del 99%. Esto institucionaliza un régimen de supremacía judía sobre los palestinos”, añade.En la misma línea, otras organizaciones israelíes y palestinas –como Adalah, el Centro HaMoked para la Defensa del Individuo, Physicians for Human Rights Israel, B’Tselem, Parents Against Child Detention o Zazim– también alertan de que la ley vulnera el derecho internacional, especialmente el derecho a la vida, así como las normas que regulan la ocupación. Recuerdan que, según el Reglamento de La Haya, Israel no tiene autoridad soberana para legislar sobre la población de Cisjordania y que debe tratar dignamente a las personas que viven bajo la ocupación, incluso si han sido acusadas de cometer crímenes.“Desde una perspectiva de derechos humanos, la ley contradice en gran medida la ley israelí sobre la dignidad y la libertad. Adems, el plazo de noventa días desde el veredicto final hasta la ejecución, sin prácticamente ningún margen para solicitar una revisión u otras vías, va directamente en contra de los principios legales internacionales”, detalla a l’ARA Karen Saar, de la Asociació per als Drets Civils a Israel (ACRI).Después de los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023, diversos legisladores israelíes de extrema derecha comenzaron a presionar para la aprobación de esta ley. El ministro de Seguridad, Ben-Gvir, ha justificado que la pena de muerte puede actuar como elemento disuasorio. No obstante, Amnistía Internacional asegura que no hay pruebas de que la pena capital sea más efectiva que la cadena perpetua para reducir la criminalidad.En los últimos años, organizaciones de derechos humanos han denunciado un aumento significativo de los casos de abusos y tortura en prisiones y centros de detención militares. En diciembre, la agencia israelí Walla! aseguró que 110 prisioneros palestinos habían muerto bajo custodia israelí entre el 23 de enero de 2023 y el 25 de junio pasado. Antes de la votación final del texto legislativo, la ley ya había generado una fuerte oposición tanto interna como internacional. Expertos del Consejo de Derechos Humanos de la ONU advirtieron que la norma vulneraba el derecho a la vida y podía constituir un castigo cruel, inhumano y degradante. La Unión Europea también expresó preocupación, y los ministros de Exteriores de Alemania, Francia, Italia y el Reino Unido alertaron que la ley podría “minar los compromisos democráticos de Israel”.
