Israel aprueba una ley para castigar con pena de muerte a los responsables del 7 de octubre

El Parlamento israelí ha aprobado este lunes una de las iniciativas legales más excepcionales de su historia reciente: un marco jurídico especial para juzgar a los responsables de los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023, con la posibilidad de imponer la pena de muerte. La legislación, bautizada como ley para el procesamiento de los participantes en los acontecimientos de la masacre del 7 de octubre, ha conseguido un consenso político poco habitual entre gobierno y oposición. Ha sido impulsada por el ministro de Justicia israelí, Yariv Levin, y patrocinada por los diputados Simcha Rothman, miembro de la coalición de gobierno, y Yulia Malinovsky, de la oposición. La ley ha avanzado este lunes en la segunda y tercera lecturas en el Parlamento israelí, y ha sido finalmente aprobada con 93 votos a favor de los 120 en total. El texto legal prevé la creación de un tribunal militar especial en Jerusalén para empezar a juzgar al menos a 300 atacantes capturados en Israel después del asalto del 7 de octubre. Durante los últimos dos años y medio, las autoridades israelíes han mantenido a estos detenidos en varios centros penitenciarios mientras debatían qué marco jurídico permitiría procesarlos.Una ley 'ad hoc'

La ley se crea para juzgar delitos cometidos entre el 7 y el 10 de octubre del 2023 y tipificará asesinatos, violaciones, secuestros, saqueos y otros crímenes como “crímenes contra el pueblo judío”, “crímenes contra la humanidad” y “crímenes de guerra”. También incluye delitos cometidos posteriormente contra rehenes trasladados a Gaza, incluyendo los muertos durante el cautiverio. Para poder imponer condenas a muerte, el tribunal se apoyará en leyes ya existentes en Israel, como la ley para la prevención y el castigo del delito de genocidio, de 1950, los delitos contra la soberanía del Estado o la ley antiterrorista aprobada en 2016. Esto permitiría aplicar la pena capital no solo por asesinatos, sino también por violaciones y delitos de genocidio.Aunque el tribunal será en Jerusalén, los procedimientos se dividirán según los escenarios de los ataques, como el Festival Nova o las comunidades del sur de Israel, como Nir Oz. Cada caso tendrá tres jueces y en caso de condena a muerte la apelación sería automática ante un tribunal presidido por un exjuez del Tribunal Supremo israelí. Los acusados tendrán derecho a representación legal a cargo de abogados habilitados en Israel o Cisjordania. Si un acusado no tiene defensa propia, el tribunal le asignará un abogado, y el estado israelí intentará recuperar posteriormente el coste de la defensa deduciéndolo de los fondos transferidos a la Autoridad Palestina.Carácter retroactivo

Una de las características más controvertidas es la dimensión pública de los procesos. Las audiencias principales, como la apertura del juicio, la lectura de los cargos, los veredictos y las sentencias, serán retransmitidas en directo a través de una web específica. A esto, se suma otro punto problemático: el carácter retroactivo de la ley. A diferencia de la ley aprobada en marzo, en la que Israel ya amplió la posibilidad de imponer la pena de muerte por delitos de terrorismo con víctimas mortales, esta ley contra los participantes de los ataques del 7 de octubre permite investigar y acusar hechos anteriores a la aprobación del marco legal.A pesar de que el ministro Yariv Levin, principal impulsor de la iniciativa, ha asegurado que los juicios cumplirán “todos los estándares internacionales” y que permitirán obtener “reconocimiento y confianza internacionales, especialmente de los Estados Unidos”, diversas organizaciones de derechos humanos israelíes han expresado su preocupación por el contenido del texto legal.La Asociación por los Derechos Civiles en Israel (ACRI) dice en declaraciones a la ARA que a pesar de los esfuerzos del ministerio de Justicia para preservar ciertas garantías procesales, “este no es un proceso penal estándar”. La entidad alerta especialmente de la eliminación de la exigencia de unanimidad en los tribunales militares para imponer la pena de muerte, de manera que una mayoría de jueces será suficiente para dictarla.En la misma línea, organizaciones como el centro legal por los derechos de la minoría árabe en Israel Adalah, el Comité Público Contra la Tortura en Israel (PCATI) y la organización que da asistencia legal y defiende los derechos de los palestinos HaMoked han ido más allá en sus críticas. En un informe conjunto, alertan que la nueva legislación sitúa a Israel “en oposición directa a la tendencia internacional hacia la abolición de la pena de muerte” y podría vulnerar obligaciones del derecho internacional, incluyendo la prohibición de penas crueles, inhumanas o degradantes.Según estas entidades, el texto otorga a los jueces una amplia discrecionalidad para apartarse de las garantías procesales ordinarias. También advierten que el sistema excepcional de nombramiento de los magistrados y el riesgo de influencia política podrían comprometer los estándares de un juicio justo. La denuncia añade, además, que la retransmisión pública de los procesos podría convertirlos en “juicios espectáculo” y erosionar la presunción de inocencia, al exponer a los acusados públicamente antes de que haya una sentencia firme.Israel solo ha ejecutado a una persona desde su fundación: Adolf Eichmann, condenado por genocidio y crímenes contra la humanidad por su papel en el Holocausto en 1962. En 1988 los tribunales israelíes también condenaron a muerte a John Demjanjuk por crímenes cometidos en campos nazis, pero el Tribunal Supremo anuló posteriormente la sentencia.