Grupos de derechos humanos de Irán alertan de que se preparan ejecuciones, y el régimen admite dos mil muertos
En medio el bloqueo de internet es difícil verificar las cifras de víctimas, que algunas fuentes elevan a más de 10.000
BeirutLa sombra de la pena de muerte se ha extendido sobre Irán en una crisis que sigue escalando. Las advertencias de ejecuciones inminentes de manifestantes detenidos han añadido una dimensión de alarma que sobrepasa la violencia física cotidiana, al utilizarse el sistema judicial para castigar y disuadir a quienes se oponen al régimen. Organizaciones de derechos humanos han advertido que muchos de los arrestados en las masivas movilizaciones en el país podrían afrontar la pena capital sin las garantías mínimas de un juicio justo, en un contexto en el que el delito de mohareb, o "enemigo de Dios", se ha aplicado de manera expansiva a quien desafía a las autoridades.
El portal IranWire explica que Erfan Soltani, un joven de 26 años que está detenido desde el 8 de enero, ha sido condenado a muerte, según su familia, que pudo visitarlo en prisión el domingo por despedirse antes de la ejecución, prevista para este miércoles. Aseguran que no existe ninguna acusación formal y que no ha tenido acceso a un abogado, al tiempo que ha recibido presiones del régimen por no denunciarlo.
Un funcionario iraní ha admitido que alrededor de dos mil personas han muerto durante las protestas, incluidos civiles y miembros de las fuerzas de seguridad, y ha atribuido estas muertes a "terroristas", sin aportar detalles verificables sobre su identidad o contexto. Esta cifra, la más alta reconocida hasta ahora por una fuente oficial, se ha sumado a las estimaciones de grupos de derechos humanos que habían documentado previamente a cientos de muertos y más de 10.600 detenciones. Por su parte, el consejo editorial de Irán International sostiene que al menos 12.000 personas podrían haber sido asesinadas durante la represión de las protestas, que han descrito como la mayor matanza de la historia contemporánea de Irán, concentrada principalmente durante dos noches especialmente violentas el 8 y el 9 de enero. Esta estimación se ha basado en información obtenida de fuentes cercanas al Consejo Supremo de Seguridad Nacional, en la oficina del presidente, a miembros de la Guardia Revolucionaria en ciudades como Mashhad, Kermanshah e Isfahán, así como de testigos de familiares de víctimas, médicos, enfermeras e informes de campo en distintas ciudades. La disparidad entre estas cifras ha reflejado la enorme opacidad que rodea a la crisis, agravada por un apagón digital casi total.
Vidas rotas
Más allá de los números, las vidas rotas cuentan historias de jóvenes, trabajadores y padres de familia. En la localidad Kuhdasht, Hessam Khodayarifard, de 22 años, fue abatido en la víspera de Año Nuevo; su familia ha rechazado la versión oficial que intentó presentarle como miembro de una milicia. En la ciudad de Azna, Shayan Asadollahi, barbero de 28 años, fue herido de muerte por disparos cuando volvía a casa tras una protesta. Allí también murió Reza Moradi, de 17 años, que trabajaba como aprendiz para ayudar a su familia. En Lordegan, Sajjad Valamanesh, de 20 años y sin afiliación política, fue asesinado durante una manifestación, y su familia ha afrontado presiones posteriores de las autoridades. En Teherán, Ali Dehghan-Joghan, de 55 años y familiar de un conocido abogado de derechos humanos, murió de un disparo en la cabeza y dejó a dos hijas.
El apagón digital impuesto desde el 8 de enero ha intensificado la opacidad. El acceso a internet, a los medios independientes ya las plataformas de mensajería ha quedado casi totalmente cortado, lo que ha dejado a millones de iraníes aislados y ha dificultado la documentación de abusos y la comunicación de testigos de primera mano. Incluso en ciudades como Isfahán, camioneros y comerciantes en huelga han sido atacados por las fuerzas de seguridad, con al menos dos fallecidos durante un paro que continuó pese a los disparos. La violencia ha llegado a sectores diversos de la sociedad: jóvenes, estudiantes, trabajadores y minorías étnicas luri y bakhtiari; todo el mundo se ha visto afectado de manera indiscriminada.
Condenas ejemplares
El uso del sistema judicial como instrumento de represión se ha convertido en una herramienta que ha facilitado condenas ejemplares. En estos procesos, la defensa legal efectiva ha sido prácticamente inexistente y no se han respetado los estándares internacionales de justicia. Cada ejecución no sólo ha castigado individualmente, sino que ha actuado como una advertencia dirigida al conjunto de la población: desafiar a los ayatolás puede costar la vida.
La comunidad internacional ha expresado una preocupación creciente. Organismos de derechos humanos y gobiernos extranjeros han condenado el uso excesivo de la fuerza, el apagón de las comunicaciones y las amenazas judiciales. Han reclamado el restablecimiento total de las comunicaciones y el libre acceso de observadores internacionales, exigencias que hasta ahora las autoridades iraníes han ignorado, lo que evidencia que las protestas populares son criminalizadas con un coste humano devastador.
En Irán, la posibilidad de que el estado aplique penas capitales contra manifestantes ha abierto una nueva fase de represión, que podría redefinir la relación entre el gobierno y la sociedad. Las ejecuciones inminentes han actuado como advertencias para toda la población, pero no hay que olvidar que miles de iraníes ya han perdido la vida simplemente por manifestarse, levantando la voz en las calles por motivos económicos, sociales y políticos. El coste de esta crisis no puede medirse sólo en números, sino en la posibilidad de expresarse o protestar sin arriesgar la vida.