Límites a la propiedad y transparencia: Podemos lanza su propuesta contra la “máquina del barro”

BarcelonaPedro Sánchez emergió de su polémico remanso de cinco días asegurando que quería emprender un proceso de “regeneración democrática” y que eso incluía poner freno a lo que considera abusos de los medios de comunicación. Pero más allá de la declaración de intenciones, no concretó ninguna medida en concreto. Ahora, en cambio, su socio de gobierno toma la iniciativa y ha desplegado varias propuestas que buscan limitar el daño de lo que el presidente español calificó de "máquina del barro" y que, muy previsiblemente, chocarán con la oposición de una parte significativa del sector, especialmente la que es hostil a la coalición.

El movimiento más formal es la presentación en el Congreso de una proposición de ley, entrada por la diputada lila Ione Belarra, según la cual se quiere obligar a los propietarios y directivos de medios de comunicación a hacer públicas unas declaraciones de bienes e intereses , al estilo de las que son obligatorias para los políticos electos. “La declaración tendrá que incorporar la participación en cualquier tipo de sociedad, cotizada o no, especificando su actividad económica. En caso de superar un 10% de su participación deberán, además, reseñar si las citadas empresas han contratado con alguna administración pública y por qué importe”, dice el redactado de la proposición, que busca aumentar la transparencia en un ámbito paradójicamente opaco. La ley –que apenas inicia su recorrido y negociación– es atrevida, ya que no sólo afecta a los accionistas de los medios, sino también a los máximos responsables de los contenidos.

Aparte de esta iniciativa, la secretaria general de Podemos ha anunciado también, en este caso en una entrevista en TVE, que estudia impulsar otra proposición de ley con el ánimo de luchar contra la desinformación y que incluirá el concepto de "reparación": es decir, que los agravados por una mentira informativa puedan contar con tiempo de compensación. “En todos estos años de lawfare, particularmente contra mi formación pero también contra personas de la sociedad civil o contra los líderes independentistas, el objetivo muchas veces de los procedimientos judiciales no era tanto pensar que se podría conseguir una condena como realizar un ejercicio de desprestigio de horas y horas de tertulias, horas y horas de radio”, ha argumentado Belarra.

La diputada defiende que “los mismos minutos, el mismo tiempo que se ha dedicado a expandir esa bola, aquellas fake news, se dedique ahora para reparar aquella información y se dé de forma adecuada”. La medida está destinada a chocar con el debate –irresuelto en todo el mundo– sobre quién determina qué es una mentira.

Belarra ha defendido también que "la limitación en la estructura de propiedad es fundamental". Y al preguntarle sobre cómo articularían topes, la líder de Podemos ha admitido que los detalles son elaborados, pero que prevé que “las empresas de sectores estratégicos como la banca, las empresas eléctricas o los fondos de inversión no puedan poseer más de 'un 10% de los medios de comunicación”. La miembro de Podemos ha criticado al PSOE por no abordar estas cuestiones, pero se muestra confiada en poder construir un pacto de izquierdas que salga estas iniciativas legislativas adelante.

Otra línea de trabajo de la agenda de Podemos es acercarse a la llamada regla de los tres tercios para el panorama audiovisual: un tercio del espacio para los medios públicos, un tercio para los privados y un tercio para los comunitarios. Esto comportaría una mayor dotación para la radiotelevisión del Estado y, también, ayudas a estos medios llamados del tercer sector, ya que los gastos para mantenerlos son altos y los ingresos suelen ser insuficientes. En España, cerca del 85% de toda la inversión publicitaria televisiva se queda en sólo dos empresas: Atresmedia y Mediaset.