150 euros al mes para todos para alimentos agroecológicos: proponen una seguridad social alimentaria
Un estudio asegura que es viable que el estado español garantice la alimentación como un derecho básico igual que la sanidad o la educación
BarcelonaUna ayuda pública universal de 150 euros al mes que solo se pueda gastar en alimentos agroecológicos y de proximidad. Este es el sistema de Seguridad Social de la Alimentación que propone un informe de la cooperativa el Pa Sencer que ha sido presentado este martes en Barcelona en un acto presidido por la relatora especial de la ONU sobre el derecho a la Alimentación, Sofía Monsalve Suárez.
Según el estudio, si el estado español quisiera implementar este sistema debería destinarle unos 76.000 millones de euros, un presupuesto inferior al que destina a Sanidad (103.000 millones) y al gasto militar (81.000 millones), pero que supera un poco el presupuesto de Educación (66.200). Esto supondría destinar el 4,7% del PIB español para garantizar una producción suficiente para toda la población de alimentos "frescos, saludables, de temporada y de proximidad, con apoyo a las prácticas agroecológicas", dice el informe.
Estos 150 euros por adulto y 75 euros mensuales para los menores de 25 años se considera que pueden cubrir el 80% de las necesidades de alimentación mensual. Una especie de vale alimentario (como el vale escolar) que no se podría gastar en cualquier establecimiento de alimentos sino solo "en establecimientos y circuitos definidos bajo criterios democráticos" que prioricen los productos ecológicos y de proximidad, dice el informe. "La SSA no sería solo una política social, sino que tendría elementos de política agraria, alimentaria, ecológica y territorial", añade.
La propuesta teórica para una Seguridad Social de la Alimentación surge en Francia y Bélgica, pero ya existen algunos experimentos que la han empezado a implementar –a escala municipal– en algunas localidades de Francia. En estos casos, la fórmula adoptada ha sido una tarjeta que cada habitante recibe para gastar en establecimientos concretos que entran en el circuito.
El informe presentado este martes asegura que este sistema es escalable y aplicable a todo el estado español. Ahora bien, "entre el 30% y el 40% de los puestos de trabajo que implicaría serían de nueva creación", es decir, que la SSA crearía un millón de puestos de trabajo en el sector agrícola y de alimentación, según explica Francisco Navarro, coautor del informe. "Y además de crear estos puestos de trabajo, el sistema permitiría que dos millones de personas que actualmente viven bajo el umbral de la pobreza salgan de él", añade.
"Igual que la sanidad y la educación públicas garantizan los derechos básicos de salud y educación y al mismo tiempo garantizan unos ingresos a los profesionales de estos sectores, este sistema que proponemos garantizaría el derecho a la alimentación y al mismo tiempo unos salarios dignos a los pequeños agricultores", remarca también Gustavo Duch, miembro de la cooperativa el Pa Sencer, autora del informe.
Apoyo de la relatora de la ONU sobre el derecho a la alimentación
El impacto que esto tendría en los presupuestos públicos "estaría dentro de los márgenes de los países europeos con más gasto público y más recaudación pública", ya que supondría destinar un 4,7% del PIB, apunta Navarro. Y asegura también que el estudio que han hecho constata que este presupuesto estatal para una Seguridad Social de la Alimentación se podría conseguir "con las capacidades actuales del sistema fiscal y eliminando el fraude fiscal", sin que requiera una reforma fiscal completa. Además, según Navarro, los puestos de trabajo y la actividad productiva que se crearían con este sistema generarían a la vez ingresos fiscales a través del IVA y el IRPF en una cantidad "que reduciría un 20% el gasto inicial".
Sin embargo, los autores del informe admiten que la creación de una Seguridad Social de la Alimentación a escala estatal no se puede hacer de un día para otro, y por eso plantean tomar ejemplo de las "pruebas piloto" que se están haciendo en Montpellier o Burdeos, según Duch, para aplicarlo también inicialmente en el ámbito municipal. "Estamos pensando sobre todo en el inicio en los micropueblos rurales que paradójicamente son muy cercanos a las zonas de producción, pero que están perdiendo el comercio alimentario de toda la vida porque la producción agrícola se va a las ciudades o incluso al extranjero".
"El modelo de consumo alimentario que tenemos es ineficiente y totalmente insostenible económica y ecológicamente, no solo genera problemas de salud sino que es muy dependiente de la volatilidad de precios internacional", plantea Navarro, y defiende que "con criterios de eficiencia económica, hay razones muy sólidas para defender una provisión pública de la alimentación". El apoyo de la relatora especial de la ONU a la presentación del informe demuestra que se trata de un debate global. "Estamos en un momento histórico –dice Duch– en el que estamos pasando de exigir el derecho a exigir políticas públicas concretas para garantizarlo".