Por cada dólar destinado a proteger la naturaleza, se destinan 33 a destruirla

Ereván, ArmeniaPor cada dólar que se invierte en soluciones para proteger la naturaleza, se destinan 33 a actividades que contribuyen a degradarla. Es la contradicción que ha sobrevolado la cumbre mundial de la biodiversidad de las Naciones Unidas (COP17) celebrada en Ereván, Armenia. Después de dos semanas de tira y afloja y una ronda de negociaciones de casi 12 horas, la presidencia de la COP17 daba por cerrada la cumbre con un tono triunfal, anunciando cerca de 2.000 millones de dólares en nuevos compromisos de financiación para conservar la biodiversidad –una cifra aún lejos del objetivo de movilizar 200.000 millones anuales de aquí a 2030, acordado el año 2022 en el Marco de Kunming-Montreal.

Pero el problema va más allá de la falta de recursos. La ratio 1 a 33 hace referencia a los datos del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA): en 2023 se destinaron 7,3 billones de dólares a actividades perjudiciales para la naturaleza, en sectores como la energía, la industria y la extracción de materias primas. En cambio, solo se invirtieron 220.000 millones en la gestión, protección y restauración de los ecosistemas.

A pesar de los avances celebrados por los negociadores, las organizaciones de la sociedad civil denunciaban que se estaban ignorando cuestiones clave. "Las preguntas que uno debe plantearse son mucho más grandes", explica a ARA Nele Marien, coordinadora de Biodiversidad y Bosques de la Organización Friends of the Earth International. Son los llamados "elefantes en la habitación": problemas estructurales que todo el mundo ve pero que nadie pone sobre la mesa.

Incentivos que perpetúan la destrucción

Uno de estos son los subsidios perjudiciales, un término que ha ganado eco por primera vez en la cumbre. A pesar de reconocer que actividades como la minería, la agricultura intensiva y la extracción de combustibles fósiles contribuyen a la pérdida de diversidad, muchos gobiernos continúan favoreciéndolas mediante subvenciones, ventajas fiscales y el debilitamiento de regulaciones ambientales –especialmente en los últimos años, como respuesta a la crisis energética provocada por la inestabilidad geopolítica–. "Estas políticas abaratan y hacen rentables las explotaciones, facilitando la inversión privada", explica Audrey Irvine-Broque, investigadora en la Universidad de la Columbia Británica.

Un ejemplo de ello es Canadá, donde diversos programas de beneficios fiscales han favorecido a la industria petrolera y gasística en la Columbia Británica. "¡Más de la mitad de los pozos situados en hábitats de poblaciones amenazadas de caribúes han recibido estos incentivos! –explica Audrey–. Todo ello es una contradicción directa con los compromisos de proteger a las especies en riesgo", añade.  

Uno de los 23 objetivos del Marco de Kunming-Montreal establece reducir los incentivos perjudiciales en al menos 500.000 millones de dólares anuales antes del 2030. Cuatro años después, sin embargo, sigue siendo la meta más retrasada: solo el 5% de los países signatarios han establecido medidas específicas para hacerle frente. Aunque en Ereván se ha reconocido la magnitud del problema, el acuerdo final, influenciado por presiones de la India, Rusia y Arabia Saudita, solo "insta" a los signatarios a acelerar la reforma, sin establecer una hoja de ruta detallada o un calendario de implementación concreto.

Dificultades y dependencia en el Sur Global

Los países del Sur Global, los que concentran más biodiversidad, afrontan una dificultad añadida: muchos dependen económicamente de las mismas actividades extractivas que se han comprometido a limitar. De hecho, dos tercios de las economías en desarrollo obtienen al menos el 60% de sus exportaciones de materias primas como la soja, el níquel y el petróleo.

"Para atraer inversión extranjera, y acceder a divisas internacionales, muchos gobiernos acaban cediendo y adoptando políticas que favorecen la expansión de las industrias extractivas", apunta Irvine-Broque. Estas exportaciones permiten pagar la deuda externa e importar alimentos, medicamentos y tecnología, pero agravan la degradación de sus ecosistemas. "Es un círculo vicioso", resume la investigadora.

La contradicción se hace evidente en las negociaciones internacionales. "Para ellos no es una opción decir públicamente que no cumplirán con los compromisos de protección de los ecosistemas", afirma Marien. Pero una vez en casa, la necesidad de mantener la estabilidad económica a corto plazo dificulta trasladar las promesas a la práctica.

A esta dependencia se le suma el déficit de financiación internacional. El Marco de Kunming-Montreal tiene el objetivo de hacer que los países desarrollados movilicen al menos 30.000 millones de dólares anuales para los países en desarrollo en 2030, pero las aportaciones, al ser voluntarias, continúan siendo insuficientes. E incluso cuando hay dinero disponible, acceder a él se puede convertir en una carrera de obstáculos.

"El proceso es demasiado burocrático", explica a ARA Bonaventura Bono, de Greenpeace África, en referencia al Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF), uno de los principales mecanismos de financiación de la conservación de la biodiversidad en los países en desarrollo, al cual España ha anunciado una aportación de 50 millones de euros. Según Bono, "los criterios para acceder a él son difíciles de alcanzar en muchos países del Sur Global" a causa de la falta de capacidad administrativa. "Hace falta facilitar el acceso a este dinero", remacha.

Además, el GEF no cubre todos los costes completos de proyectos de gran y mediana escala, lo que obliga a los países a movilizar recursos adicionales. Aunque no existe una ratio mínima obligatoria por proyecto, el fondo aspira a movilizar siete dólares adicionales por cada dólar que dona. "Para gobiernos con recursos limitados, tener que aportar su propio dinero es un obstáculo", considera Irvine-Broque. Aunque las limitaciones del GEF han sido reconocidas entre la comunidad internacional, la COP17 ha aplazado hasta el 2028 la creación de un nuevo mecanismo más eficaz. 

El precio de proteger la naturaleza

Incluso cuando un gobierno opta por limitar las actividades extractivas, puede enfrentarse a reclamaciones millonarias de inversores extranjeros. Es el caso de Pakistán, donde el rechazo de una licencia para explotar una mina de cobre y oro de Reko Diq, en la provincia de Baluchistán, desencadenó un arbitraje internacional. En 2019, un tribunal condenó al gobierno a pagar casi 6.000 millones de dólares. Ante la incapacidad de asumir el coste de la demanda, el gobierno dio un paso atrás y dio luz verde al proyecto minero.

"Esto genera un efecto disuasorio", explica Marien. Ante el riesgo de afrontar indemnizaciones elevadas, algunos gobiernos pueden mostrarse más reticentes a establecer regulaciones ambientales, ampliar áreas protegidas y retirar concesiones extractivas.

"La población está harta de ver cómo sus gobiernos siguen apoyando a las mismas industrias que amenazan su salud y sus medios de vida", advierte Irvine-Broque. Mientras aumentan los incendios, las inundaciones, las sequías y la contaminación, y disminuye la riqueza natural, la COP17 ha recordado que el futuro de los ecosistemas no solo depende de cerrar la brecha de financiación, sino de que el dinero vaya en la dirección correcta.