La Audiencia Nacional, una anomalía que contamina el sistema judicial
El Tribunal de Orden Público franquista, el TOP, que servía para perseguir la disidencia política, pasó un día de 1977 a llamarse Audiencia Nacional, con los propios jueces y similares atribuciones. Cuando se habla del problema que significó no desfranquizar a los tribunales españoles durante la Transición, al estilo de la desnazificación que, aunque insuficiente, sí se llevó a cabo en Alemania después de 1945, el caso de la Audiencia Nacional resulta paradigmático, puesto que se trataba de un órgano de represión política que tuvo que "democratizarse" de la noche a la mañana. La excusa para mantener ese órgano judicial centralizado en Madrid y que no tiene equivalente en Europa era que España sufría un grave problema de terrorismo y que era necesario poder investigar y juzgar los casos de ETA fuera del País Vasco por parte de magistrados especializados.
Con el tiempo, sin embargo, la Audiencia Nacional fue extendiendo sus atribuciones, hasta el punto de que hoy en día los abogados se quejan de que es muy difícil saber cuándo un caso irá a parar o no. En cualquier caso, con ETA ya afortunadamente desaparecida, la existencia misma de la Audiencia Nacional se ha convertido en una anomalía que contamina todo el sistema judicial. El caso de la polémica instrucción del juez Manuel García-Castellón en el caso Tsunami es el mejor ejemplo reciente de un tribunal que actúa con un evidente sesgo ideológico, pero ha habido muchos más, por ejemplo el de Sandro Rosell, que pasó casi dos años en prisión preventiva, o el del mayor Trapero. Por suerte en ambos casos el proceso acabó con absolución, pero el calvario que pasaron ambos no podrá compensarles nunca nadie.
La pregunta es: ¿qué sentido tiene tener un tribunal de excepción centralizado en Madrid cuando ya hay ¿ha toda una estructura de tribunales superiores y audiencias provinciales repartidas por el territorio del Estado? ¿Por qué nadie debe obligarse a desplazarse a Madrid para afrontar un proceso judicial, con todo lo que esto supone? ¿Cómo evitar la sospecha de que los jueces de la Audiencia, nombrados por un Consejo General del Poder Judicial que el PP mantiene secuestrado desde hace cinco años, no son una correa de transmisión de este partido? ¿No es suficiente con el Tribunal Supremo como última instancia judicial para resolver los recursos y unificar la doctrina?
Si el PP quiere abrir el melón de la elección de los miembros del CGPJ, sería bueno que el PSOE respondiese cuestionando también la existencia, o al menos las atribuciones, de la Audiencia Nacional. Si estamos de acuerdo en que España tiene un problema de politización de la justicia, entonces es necesario abordar un debate que vaya más allá del CGPJ y afecte a toda la estructura del sistema judicial, así como al sistema de formación y selección de jueces, para que sea más abierto a todos los sectores de la sociedad y no tanto al representante de una clase concreta, una casta podríamos decir, como ahora. En cualquier caso, el primer paso para homologar la justicia española a la europea sería la supresión de la Audiencia Nacional.