La Audiencia Nacional envía a los CDR a juicio por terrorismo
Se cierra el sumario coincidiendo con las negociaciones por la amnistía
BarcelonaLa Audiencia Nacional ha decidido enviar a juicio por terrorismo a los doce encausados en la Operación Judas, que fueron detenidos el 23 de septiembre de 2019 por preparar presuntamente acciones violentas coincidiendo con el aniversario del 1-O y la inminente publicación de la sentencia del Proceso. De esta forma, se cierra el sumario coincidiendo con las negociaciones por la amnistía entre los partidos independentistas y el PSOE. ERC garantiza que el pacto suscrito con los socialistas incluiría a los encausados por todas las movilizaciones del Proceso y, por tanto, también a los CDR que ya estuvieron en prisión preventiva tres meses para este caso.
En el auto, los magistrados procesan a los miembros de los CDR por los delitos de pertenencia a organización terrorista, y por tenencia, depósito y fabricación de sustancias o aparatos explosivos inflamables de carácter terrorista. Se trata de Eduard Garzón, Esther Garcia, Sonia Pascual, Queralt Casoliva, Germinal Tomás, Alexis Codina, Jordi Ros y Joaquim Delgado. En Xavier Buigas, Ferran Jolis, David Budria y Clara Borrego, en cambio, se limita a atribuirles el delito de pertenencia a organización terrorista. Estos tres últimos habían reclamado que se archivara la causa contra ellos por falta de indicios de la comisión de un delito de pertenencia a organización terrorista, pero los magistrados lo han rechazado.
Se confirma así la decisión del juez instructor, Manuel García Castellón, que en junio ya dictaminó que se les debía juzgar por terrorismo por formar parte de un “Equipo de Respuesta Táctica” (ERT), una “célula integrada por individuos de diferentes CDR con gran radicalidad y que pretendían, a través de la violencia, conseguir la independencia de Cataluña.” El sumario de la investigación concluyó que algunos de los miembros de los CDR planeaban ocupar el Parlamento y que habían explorado el terreno de zonas donde existían infraestructuras críticas como torres de telecomunicaciones, si bien no se acabó ejecutando nada. Ahora será necesario que la acusación y las defensas presenten sus escritos y fijar fecha de juicio, donde los encausados se enfrentan a penas de prisión que van de los 8 a los 15 años de cárcel.
Alerta Solidaria, que lleva la defensa de la mayoría de los acusados, ha denunciado que la Audiencia Nacional "quiere juzgar y cerrar una de las operaciones de Estado más sucias de la represión contra el independentismo catalán". "Juzgar a los miembros de los CDR por un terrorismo inexistente es el relato que da sentido a toda la brutal maquinaria represiva. El poder de las togas no dejará la partida", ha añadido la entidad en un comunicado.
Un año después de las detenciones Sin embargo, la causa ya se fue desinflando. La sección segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, encargada de responder a los recursos contra las decisiones del juez que lleva el caso, puso en duda que todos ellos formaran parte de una organización terrorista y que las "sustancias precursoras" que se les interceptó fueran "en sí mismas explosivos". La propia Fiscalía, que hasta entonces había sido inflexible en la demanda de prisión provisional por detenidos en la operación Judas, aceptó la libertad bajo fianza de quienes no habían tenido relación alguna con los explosivos, pero también había lo que consideraban el cerebro del grupo, Xavier Buigas. Luego la Audiencia enmendaría toda la instrucción y ampliaría los criterios de la Fiscalía dejando en libertad a todos los encausados con fianzas simbólicas que iban de los 5.000 a los 10.000 euros.
Los CDR se desmarcan de la amnistía
Precisamente este viernes, la coordinadora de los CDR ha emitido un comunicado en el que rechaza la amnistía que podría beneficiar a los encausados de la operación Judas. "Rechazamos la amnistía negociada con el Estado aunque pueda suponer un alivio comprensible para varios cientos de personas", ha señalado el CDR Catalunya. En este sentido, el CDR Catalunya considera que "aceptar una amnistía del Estado es reconocer su potestad sobre Catalunya y el movimiento independentista" y avisa de que "no cierra la puerta a ser revocada".
También denuncia que la amnistía es "una trampa desmovilizadora para reconducirnos al redil constitucional", así como "una maniobra para segregar a la clase política procesista del activismo de base" y "una forma de blanquear a España internacionalmente" en referencia a las causas internacionales abiertas.