¿Catalunya no puede tener el concierto porque es demasiado grande?
La presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, Airef, Cristina Herrero, ha puesto voz este jueves al gran argumento de que en Madrid siempre se pone sobre la mesa para negar el concierto económico en Catalunya: que es demasiado grande –representa un 19% del PIB español– y eso descuadraría las cuentas del Estado. Sin embargo, este argumento tiene tres puntos débiles. Lo primero es que resulta injusto negar a los catalanes lo que tienen vascos y navarros por una cuestión de volumen y potencia económica, porque los números no deben dar miedo. El segundo es que la infrafinanciación y la falta de inversiones puede gripar el motor económico catalán, lo que repercutiría negativamente en el conjunto. Y el tercero es que Catalunya no ha dicho en ningún caso que no esté dispuesta a participar en algún mecanismo de solidaridad con el resto de territorios.
En algo tiene razón Herrero: lo ideal en un tema tan clave como la financiación autonómica sería no tener que negociarlo en el marco de un acuerdo de investidura o de presupuestos. El problema es que la experiencia enseña que no hay otra forma. El sistema actual lleva 10 años caducado y ningún gobierno, ni del PP ni del PSOE, se ha atrevido a poner una propuesta sobre la mesa. Ximo Puig, que fue presidente de la Generalitat Valenciana, se cansó de pedir en su día una reforma, pero nadie le hizo caso porque no tenía ninguna fuerza política en Madrid. Sólo cuando el gobierno del Estado ha dependido de los catalanes ha habido cambios en el sistema, y eso es justamente lo que vuelve a ocurrir ahora. El gobierno español, pues, debe buscar la manera de satisfacer las demandas catalanas y, al mismo tiempo, plantear una reforma global del sistema, porque lo evidente es que la actual no funciona, es opaco y da unos resultados arbitrarios. En general, la mayoría de las comunidades autónomas están infrafinanciadas, sobre todo las del litoral mediterráneo, y por tanto lo que debería abordarse es un adelgazamiento de la administración general del Estado y una transferencia de recursos a las autonomías.
Pero como Cataluña es escéptica respecto a la voluntad del gobierno central de adelgazar, es lógico y legítimo que reclame la llave de la caja y salir del régimen común. Catalunya se ha cansado de tractor del estado de las autonomías, un papel que nunca nadie le ha reconocido, al contrario, y ya no quiere hacer una propuesta para todos porque considera que no le corresponde. Ahora bien, si el gobierno español no está de acuerdo con el concierto, lo mínimo que se le puede exigir es que ponga una propuesta concreta sobre la mesa, porque hasta ahora no ha habido ninguna. Tampoco el PP cuando gobernaba, ni ahora que tiene la mayor parte del poder autonómico, ha sido capaz de presentar una propuesta consensuada. Por tanto, si tan mal ven el concierto, ambos deberían presentar una propuesta de reparto de los recursos entre el Estado y las autonomías, y entre las mismas autonomías.
Mientras esta propuesta no exista, nadie podrá criticar que Catalunya plantee el concierto y poder recaudar todos los impuestos. Porque quien tiene la obligación de presentar una propuesta de reforma global del sistema son ellos y no la Generalitat.