La causa de Tsunami y el espionaje indiscriminado en el independentismo
La polémica sobre si ha habido lawfare en España ha coincidido con el levantamiento del secreto de sumario sobre la causa de Tsunami Democrático, donde se ve claramente cómo se espió a decenas de personas por el mero hecho de ser conocidos independentistas. En efecto, la Guardia Civil pidió cobertura judicial para pinchar teléfonos de políticos y activistas con la excusa de que podrían estar cometiendo un delito de terrorismo. De esta forma, y sin que hubiera ninguna prueba de hechos delictivos, decenas de personas vieron vulneradas sus comunicaciones personales y expuesta toda su intimidad, tal y como se puede leer en las páginas del sumario.
No es la primera vez que ocurre, pero en este sumario en concreto se traslada la idea de vivir en un estado policial, donde hacer un retuit con un determinado contenido puede ser motivo para pasar a estar en la diana de los investigadores, que consideran que las movilizaciones postsentencia pretendían "subvertir el orden constitucional" y conseguir la "república catalana". Es posible que alguno de los impulsores pensara que podía ser así, pero cuesta creer que la Guardia Civil, acostumbrada a tener que hacer frente a amenazas mucho más graves como el terrorismo yihadista o en su día el de ETA, considerase que el corte de una carretera o unos disturbios pudieran ser constitutivos del delito de terrorismo y tener la capacidad de "desestabilizar" el Estado. Más bien da la impresión de que la Guardia Civil exagera el potencial de todas estas movilizaciones ante el juez para así conseguir el permiso para intervenir las comunicaciones, vulnerando así los derechos fundamentales de los afectados. En algunos pasajes del sumario se ve que para los investigadores ser independentista casi es motivo suficiente para ser espiado. Finalmente, ante la falta de hechos realmente constitutivos de terrorismo, los investigadores se dedican a hacer un mapa de las organizaciones y colectivos independentistas, todos perfectamente legales, e incluso a espiar los movimientos internos de algunos, como la propia ANC. En el fondo, lo que se buscaba era material que, de no tener potencial incriminatorio, pudiera al menos servir para desacreditar la causa independentista al filtrar algunas de las conversaciones a medios afines. Éste es un modus operandi que ya se ha visto en otras ocasiones y que constituye un caso de lawfare de manual. Y un caso de acoso ideológico como el que se da en países con dudosas credenciales democráticas.
La actual mayoría plurinacional debería tomar medidas para que no sea tan fácil y tan arbitrario pinchar un teléfono, sobre todo cuando se trata de una causa de índole política donde están en juego derechos fundamentales. No es lo mismo pinchar el teléfono de un narcotraficante que, por poner un caso, el de un exdiputado como David Fernández, para después reproducir en el sumario conversaciones con su madre sobre temas tan peligrosos como el estado de una estufa. La comisión de investigación sobre Pegasus o la guerra sucia debería incluir recomendaciones de cambios legislativos para evitar estos abusos policiales y judiciales contra ciudadanos indefensos.