El Consejo de Europa reprocha en España la imposición de un 25% de castellano en la escuela

BruselasGolpe duro de Estrasburgo en España por cómo trata el catalán. Un informe del comité de expertos sobre la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias del Consejo de Europa publicado este martes muestra una "profunda preocupación" por la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que impone un mínimo del 25% de castellano en las aulas de Cataluña. Critica también la falta de uso de la lengua catalana en algunos ámbitos de la administración pública, como la justicia o la sanidad. En este sentido, el organismo internacional considera que el Estado está incumpliendo diferentes partes de los tratados europeos y le insta a "tomar todas las medidas posibles" para remediarlo, si bien contrapone que "en general tiene un buen sistema de protección e impulso de lenguas minoritarias".

En caso de que la sentencia acabe llegando al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), este informe puede servir como base legal. Fuentes del Consejo de Europa explican al ARA que es habitual que documentos realizados por grupos de expertos de comités similares al de Lenguas Regionales o Minoritarias, como puede ser la Comisión de Venecia o elComitéEuropeo para la prevención de latortura, se acaben utilizando en juicios que se hacen en la corte de Estrasburgo.

De hecho, Plataforma por la Lengua ha avisado en más de una ocasión de que se opondrán al proceso de ejecución de la sentencia del 25% hasta la última instancia posible. El abogado de la entidad, Ramon Llena, ha explicado el ARA que prevén llevar durante la primera quincena de octubre su recurso a la corte de Estrasburgo y considera que el informe de este martes "puede jugarlas en favor".

Cabe recordar que este informe es "legalmente vinculante", según indican fuentes del Consejo de Europa. Ahora bien, remarcan que la "cultura política" de este ente internacional es distinta que la de, por ejemplo, la Unión Europea, en la que cuando un Estado miembro incumple puede acabar en los tribunales comunitarios. "Siempre se opta por el diálogo y la colaboración", apuntan las mismas fuentes. De esta forma, el próximo paso es que el órgano ejecutivo del Consejo de Europa, el Comité de Ministros, evalúe el informe y las recomendaciones de los expertos, y decida cuáles traslada a España para cumplir con los objetivos de la Carta.

Sobre la sentencia del TSJC, el comité recuerda que la lengua vehicular de las escuelas de Catalunya es el catalán y sólo admite algunas excepciones. Apuesta por ser "flexible" y asegura que "en ciertos contextos sociolingüísticos puede ser necesario reforzar la enseñanza de la lengua oficial" ampliando las horas lectivas en castellano, "a una o más asignaturas". Ahora bien, recuerda que obligar a todas las escuelas a dar al menos un 25% de clases en castellano es contrario al artículo 8 de la Carta, que hace referencia al derecho a recibir una enseñanza en la lengua minorizada o regional.

En la misma línea, el informe lamenta que "la educación secundaria no se imparta siempre en catalán", aunque teóricamente se "mantiene el principio de que sea la lengua vehicular para todos los niveles educativos". También alerta de que según diferentes encuestas sólo el 47% de los alumnos responde que los profesores se les dirigían siempre o casi siempre en catalán, mientras que en 2006 la tasa era del 64%. "El catalán no es la lengua habitual con la que los profesores se comunican", concluye.

Por lo que respecta al ámbito judicial, la situación es aún más crítica. Solo el 20,4% de los jueces tienen al menos el C1 de catalán –se obtiene directamente al aprobar el bachillerato–, el 45,9% de los secretarios generales y el 12,4% de los fiscales. Y el uso de la lengua catalana en los tribunales va mal en peor. Solo el 7% de las sentencias se emiten en catalán. Aunque no indica qué tasa se había alcanzado en años anteriores, el comité asegura que "ha descendido". Además, alerta de que "muchos ciudadanos todavía creen que hablar catalán en un tribunal o utilizarlo en documentos judiciales puede perjudicarles".

El derecho a ser atendido en catalán también hace aguas en los centros sanitarios. El comité lamenta que se garantice de "forma desigual" y que no siempre todos los pacientes puedan utilizar la lengua catalana, especialmente respecto a los trabajadores que cuidan a las personas mayores o atienden por vía telefónica. El informe lo atribuye a una carencia de profesionales graduados en Catalunya –el 40% han estudiado fuera del Principado– ya la fuga de talento del sector sanitario.

Los agravios recogidos en el informe no acaban aquí. El comité alerta de que más del 60% de los funcionarios del Estado que trabajan en Cataluña no hablan catalán, que sólo el 10,6% de las etiquetas de los productos que se venden son en catalán, que los ciudadanos del Principado no pueden ver la televisión pública de Andorra, de la Cataluña Norte ni del País Valenciano o, entre otros muchos, que la oferta de contenidos en streaming en catalán es "limitada".

Las reacciones de diferentes entidades no se han hecho esperar. El presidente de Òmnium, Xavier Antich, ha asegurado por las redes sociales que "el ataque contra la escuela catalana no es sólo una imposición antipedagógica e ideológica", sino que también es ilegal. "El Consejo de Europa hoy nos da la razón, y los tribunales deben respetarlo", ha dicho. En la misma línea, Plataforma por la Lengua, aseguró en un mensaje por X que el informe les "refuerza" aún más su "oposición a la sentencia" TSJC. En cuanto al Govern, el consejero de Política Lingüística ha dicho en una entrevista en TV3 que espera al Estado analice de forma "adecuada" el informe y ha defendido que todo lo que indica el Comité "coincide mucho con todo lo que es de consenso en Cataluña".

Alarma en Aragón, Comunidad Valenciana y Baleares

El informe también destaca el "deterioro" que sufre el catalán en Aragón, la Comunidad Valenciana y las Islas Baleares durante los últimos años. Concretamente, critica que en Aragón sólo se impartan unos 90 minutos semanales de clase en catalán o aragonés y sólo en algunas escuelas, y que el catalán no tenga ningún tipo de protección oficial. En cuanto a la Comunidad Valenciana y en las Islas Baleares, también advierte de la "preocupación" que ha provocado la sentencia del TSJC que impone un mínimo del 25 por ciento de las horas lectivas en castellano.

Sobre la unión lingüística de los Països Catalans, el texto del Consejo de Europa advierte que el hecho de que una misma lengua se denomine de forma diferente, como es el caso del catalán y el valenciano, puede perjudicar el uso de este idioma. "En particular, el comité de expertos expresa su profunda preocupación por el rechazo de actas jurídicas redactadas en catalán en la Comunitat Valenciana", añade el informe.

En cuanto al uso del catalán en Francia o Italia, el comité no tiene datos ni puede hacer recomendaciones porque estos dos países no han querido comprometerse con la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias. De hecho, sólo 25 estados miembros del total de 46 que forman parte del Consejo de Europa lo han firmado.

Por otra parte, el comité señala que no se puede estudiar únicamente con aranés en Cataluña y que cuesta encontrar a profesionales que dominen esta variedad del occitano, lo que hace que en la administración pública, especialmente en la justicia, quede cada vez más relegado. Tampoco existe mucha oferta mediática en el idioma originario del Vall d'Aran y el comité asegura que la promoción que se hace es gracias a la colaboración de las autoridades locales con la región de Occitania (Francia) y la Generalitat, pero no en la labor del Estado.

Finalmente, el informe también pide reconocer el caló –una lengua utilizada fundamentalmente por el pueblo gitano– que se habla en los Països Catalans como una "variedad" más del catalán con elementos del romero, aunque no tenga un territorio de habla concreto y delimitado. El comité insta a hacer lo mismo con el calón que se habla en el País Vasco y en el resto del Estado.