España se resigna y no llevará a votación la oficialidad del catalán en la UE

BruselasEl encuentro de los Veintisiete de este martes era la última oportunidad de conseguir la oficialidad del catalán, el gallego y el euskera durante la presidencia española del Consejo de la Unión Europea, pero diferentes fuentes diplomáticas han avanzado al ARA que España este domingo ya informó al resto de socios europeos que finalmente no lo llevará a votación. Además, esta tarde el gobierno español ha actualizado la agenda de la reunión y ha retirado del orden del día que "posiblemente" se acabe tomando una decisión definitiva, y sencillamente recoge que se discutirá sobre el estado de la cuestión de la iniciativa.

De este modo, la situación de la oficialidad del catalán en la UE se encuentra más atascada que nunca y España ha dejado escapar su última oportunidad de llevarlo a votación. El ministro de Exteriores, José Luis Albares, ni siquiera asistirá al encuentro –tiene un viaje oficial a Marruecos– y delegado la representación española en el secretario de Estado para la UE, Pascual Navarro.

Además, el país que le toma el relevo al frente de la presidencia del Consejo de la UE, Bélgica, no tiene ningún interés especial en que esta iniciativa prospere o, al menos, no presionará tanto como teóricamente lo hacía el gobierno español. En este sentido, la Moncloa ya no tendrá el poder para adaptar el orden del día de las reuniones y, por tanto, perderá influencia para conseguir la oficialidad del catalán en la UE. Desde Junts, el partido que puso la oficialidad del catalán en Europa como línea roja para investir a Sánchez, no consideran que el gobierno español haya faltado a su palabra y confían en que siga insistiendo en el tema en los próximos meses.- _BK_COD_ A la reunión de este martes se llegaba con el informe preliminar de la Comisión Europea sobre cuánto costaría la oficialidad del catalán, el gallego y el euskera a las instituciones europeas, cerca de unos 132 millones de euros. Sin embargo, distintas delegaciones diplomáticas de los Veintisiete aseguran que necesitan más información sobre los presupuestos y las implicaciones legales y políticas que comportaría aceptar estas tres lenguas como oficiales.

De hecho, constatan que el informe preliminar de la Comisión, que se ha hecho esperar meses, se ha limitado a cuantificar lo que costó la admisión del irlandés como lengua oficial de la UE en 2015 y ha sumado el aumento de precios desde entonces hasta ahora. En este sentido, los Estados miembros llevan tiempo pidiendo a España un informe mucho más detallado de los costes que puede comportar, y también se mantienen escépticos sobre su promesa de asumir estos gastos porque no existe ningún precedente legal.

Lo mismo estudio de la Comisión Europea, al que ha tenido acceso el ARA, admite que los costes de otorgar la oficialidad a una nueva lengua dependen de la facilidad de encontrar intérpretes y traductores del idioma en cuestión, y la cantidad de profesionales que ya trabajan en las instituciones europeas y dominan la lengua. También influye la riqueza del idioma en materia de vocabulario técnico y legal.

En este sentido, cabe recordar que la situación del catalán y el irlandés es muy distinto. La lengua catalana suma en torno a unos diez millones de hablantes, mientras que sólo unas 100.000 personas hablan irlandés de forma diaria fuera del ámbito escolar y laboral. Además, el catalán cuenta ya con un vocabulario jurídico tanto o más rico que las 24 lenguas oficiales que actualmente existen en la UE, y hay muchos profesionales de las instituciones europeas, también en los equipos de traducción, que son catalanohablantes. En cambio, costó más de 15 años encontrar y formar a los profesionales suficientes y bien preparados para trabajar en este departamento en irlandés.

España prepara otra propuesta

Por otra parte, fuentes diplomáticas también aseguran al ARA que España está preparando una actualización de la propuesta de la iniciativa y que se prevé que la presente al resto de socios europeos en el Consejo de la UE de este martes o durante los próximos días. Sin embargo, avisan que en ningún caso se tratará de ningún documento "revolucionario" y que irá en la misma línea de la que ya presentaron justo antes del último encuentro en el que los Veintisiete discutieron la oficialidad del catalán .

En esta última propuesta, España sólo añadió una serie de cláusulas para intentar aplacar los temores de algunos estados miembros sobre las consecuencias políticas que podría acarrear con las comunidades lingüísticas minorizadas que tienen dentro de sus fronteras. Iba dirigido sobre todo a las repúblicas bálticas, que tienen minorías rusófonas, y estados como Francia, que tienen multitud de lenguas sin reconocimiento oficial.

Concretamente, el texto del gobierno español plantea como condición para conseguir la oficialidad que sea una lengua” originaria" de un estado miembro, que cuente con un "reconocimiento constitucional" o, entre otros, que sea "lengua de trabajo en el Parlamento nacional".