Industria

El gigante catalán del cartón acumula multas y toneladas de residuos desde 2018

Iberboard Mill ha recibido varias sanciones por vertidos y contaminación acústica

AlcoverLa empresa papelera Iberboard Mill, en Alcover (Alt Camp), acumula en sus instalaciones toneladas de residuos de forma irregular. En la inspección que los técnicos del departamento de Acción Climática realizaron en el 2018, estimaron que había cerca de 3.000 toneladas de residuos acumulados, algunos de ellos considerados "peligrosos", según informes a los que ha tenido acceso el diario ARA tras una investigación que ha requerido peticiones en el Portal de la Transparencia.

Los técnicos del departamento han ido realizando desde entonces inspecciones anuales y, en cada informe, han alertado de esta acumulación de residuos. También han encontrado otros incumplimientos de la normativa considerados "relevantes", como irregularidades en los controles que debe realizar la empresa para evitar los vertidos, carencias en el etiquetado de los residuos peligrosos que impiden saber desde cuándo se acumulan, contaminación acústica y lumínica o instalaciones no permitidas por la licencia, entre otras. Los diferentes técnicos que han realizado las inspecciones anuales desde 2018 acaban con una misma conclusión: "No se garantiza un cumplimiento adecuado de las condiciones fijadas en la autorización ambiental integrada".

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De empresa familiar a fondos de inversión

Iberboard Mill es una empresa centenaria, líder entre los fabricantes de cartón, y en los últimos años ha pasado por muchas manos. La empresa inicial era Paperera Catalana, creada en 1916, aprovechando un molino que databa del siglo XVIII. "La Paperera", como la conocen en los pueblos del entorno, era una empresa familiar que fue creciendo poco a poco. Los problemas empezaron cuando los propietarios vendieron el negocio a la firma americana Newark Group. El mantenimiento de la maquinaria de la fábrica, según los trabajadores, era inexistente, pero el negocio todavía funcionaba: la empresa tenía 212 empleados y facturaba 35,2 millones de euros.

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En 2012 el fondo de inversión PHI adquirió la división europea de Newark y se quedó la histórica papelera alcoverense. "Mientras era una empresa familiar todo funcionaba bien", explica Jordi Dalit, que conoció a los diferentes propietarios de la fábrica durante los 33 años que estuvo trabajando. "Pero todos esos fondos que han venido después sólo quieren especular", denuncia. En 2017 la empresa presentó un concurso de acreedores y cuando parecía que cerraría y despediría a los 131 trabajadores que quedaban apareció Iberboard Mill, una empresa participada por Scranton, un holding vinculado a parte de los accionistas de Grifols. La consejera delegada de Iberboard es Virginia Guinda, una de las vicepresidentas de la patronal Foment del Treball.

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Fuentes de la empresa defienden que, desde que la adquirieron en el 2018, han invertido más de cinco millones de euros en maquinaria y en realizar cambios para cumplir la normativa. Algunas de estas inversiones, como la sustitución del sistema de iluminación exterior, han permitido que la compañía se encuentre dentro de los parámetros legales, pero las irregularidades más importantes, como los residuos o los vertidos, todavía quedan pendientes.

"Cada vez hay más residuos", lamenta el presidente de la Entidad Municipal Descentralizada (EMD) de Picamoixons (Valls), Joan Magrané. La planta papelera se encuentra en el término municipal de Alcover, pero el núcleo habitado más cercano es el de Picamoixons. Muchos balcones y terrazas del pueblo miran hacia la fábrica y permiten ver y oler la inmensa expansión que han hecho los residuos. "El Ayuntamiento de Alcover nunca ha hecho lo que tenía que hacer para evitar esta situación, pero la responsabilidad última es de la Generalitat", denuncia Magrané.

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Pagar y contaminar

El departamento de Acción Climática ha interpuesto algunas sanciones a la empresa, pero Iberboard las paga enseguida –de este modo tiene derecho a un descuento del 40%– y, aunque ha realizado inversiones para intentar mejorar la planta, sigue incumpliendo la normativa año tras año. "Es una manera de hacer de muchas empresas, porque les sale más a cuenta pagar la multa que hacer determinadas inversiones", lamenta la directora general de Cambio Climático y Calidad Ambiental, Mireia Boya, que considera que habría que endurecer la ley.

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Lo cierto es que la normativa prevé sanciones drásticas ante incumplimientos graves que el departamento ha decidido no aplicar. Hasta ahora, por acumulación de residuos, constan una multa de 6.000 euros en 2019 y otra de 20.000 al año siguiente. La empresa pagó por adelantado (con el descuento del 40%). En 2023 el departamento abrió dos nuevos expedientes: uno por no haber solucionado el almacenamiento de los residuos y otro tras detectar "líquidos peligrosos que se disponen sin sistema de recogida de los posibles derrames y por un tiempo superior a los seis meses" . La Agencia Catalana del Agua (ACA) también ha tramitado distintas denuncias contra Iberboard. En enero del 2022 fueron 900 euros por vertido de residuos en el río Francolí y en junio del mismo año, otros 2.400 euros por otro vertido. Poco después todavía se le abrió un nuevo expediente porque se estaban produciendo vertidos de lixiviados (el líquido que se genera por la degradación de los residuos sólidos). Este último expediente sigue abierto porque la empresa se ha comprometido a aplicar medidas correctoras.

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El Ayuntamiento de Alcover, por su parte, que tiene competencia sancionadora por contaminación lumínica y acústica, no ha tramitado ni una sola multa en todos estos años pese a los continuos incumplimientos, según reconoce el alcalde de Alcover, Robert Figueras. Recientemente, el consistorio ha iniciado un proceso sancionador por orden de la Generalitat, que instaló unos sonómetros en Picamoixons y ha detectado que, de noche, la fábrica hace más ruido de lo permitido. El alcalde teme que la empresa pueda cerrar y dejar los sesenta trabajadores actuales sin trabajo.

La empresa asegura que ha invertido mucho dinero desde que compró la planta y recuerda que tuvo que afrontar un ERE que dejó a 60 trabajadores sin empleo. Según asegura, su objetivo es "reorientar el negocio" para producir otro tipo de producto que ya no va a generar tantos residuos.