Inmigración y responsabilidad institucional
La decisión del PP de aceptar el reparto de 347 menores migrantes que deben llegar de Canarias es un gesto de responsabilidad institucional que, además, lanza un mensaje contundente a la extrema derecha de Vox, que ha amenazado con romper todos los pactos que mantiene con los populares y este jueves decidirá si efectivamente lo hace. Evidentemente, hay mucho que discutir sobre política migratoria, pero por encima de todo debe haber la solidaridad y el respeto a los derechos humanos, y lo que no puede ser es que el partido mayoritario de la derecha en España compre el relato falso de Vox según el cual todos los inmigrantes menores son potenciales delincuentes que deben ser devueltos de inmediato a sus países. Lo ideal sería ahora que los partidos fueran capaces de llegar a un acuerdo en el que se tuviera en cuenta la situación de cada territorio, lejos de dogmatismos y prejuicios.
En el caso de Catalunya, que con 31 menores es la que debe acoger más, nadie podrá decir que no se trata de una comunidad solidaria, ya que se calcula que en los últimos seis años ha acogido 14.000 menores no acompañados y se ha realizado un esfuerzo considerable para pasar de 800 plazas a 4.000. El gobierno español debe ver qué está haciendo cada autonomía y compensar económicamente el coste de la acogida, antes de imponer cualquier tipo de reparto obligatorio. Es obvio que debe ayudarse a Canarias, porque allí la situación es insostenible, pero también que el esfuerzo debe ser equitativo y proporcional entre todos. Además, en el caso catalán debe tenerse en cuenta que es de las pocas administraciones donde se ofrece un acompañamiento a los menores cuando cumplen los 18 años para que puedan insertarse en la sociedad. Por tanto, es lógico que el Gobierno reclame más recursos y no esté de acuerdo con el reparto que propone el ejecutivo español.
Como trasfondo se encuentra el debate sobre la reforma de la ley de extranjería que se está negociando en el Congreso, que prevé que el reparto de menores inmigrantes sea más ágil y obligatorio, pero decidido unilateralmente desde Madrid. La ley no tiene asegurada en estos momentos la aprobación y habrá que seguir negociando. La gran incógnita ahora es saber qué hará Vox y si cumplirá su amenaza con romper los pactos con el PP si los territorios donde comparten gobierno aceptaban a uno solo de estos menores inmigrantes. La situación creada no tiene una buena salida para la extrema derecha: o bien debe renunciar a buena parte de su poder institucional, con todo lo que ello conlleva en cuanto a cargos, recursos y cuota de pantalla, o bien la imagen de Santiago Abascal queda manchada como la de alguien incapaz de cumplir con su palabra.
En cualquier caso, el debate sobre esta cuestión debería desterrar todo rastro de demagogia y aplicar criterios tanto de racionalidad como de humanismo, ya que en última instancia estamos hablando de un porcentaje ínfimo sobre el que representa todo el fenómeno migratorio . Y sobre todo deben respetarse las competencias de cada comunidad autónoma, sobre todo si, como es el caso de Cataluña, aspira a ejercerlas todas.