Lídia Caba: “Todo lo que se invierte en el sistema eléctrico en España acaba, tarde o temprano, en la factura”
Directora de estrategia y desarrollo de negocio de Estabanell
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Lídia Caba, directora de estrategia y desarrollo de negocio de Estabanell y de la filial de comercialización del grupo, analiza los grandes retos que afronta el sistema eléctrico en plena “revolución energética”: por qué las horas con precios mayoristas muy bajos no se trasladan automáticamente a la factura, cómo los servicios de ajuste y la necesidad de reforzar las redes están impactando en el sector, y por qué hay que replantear el modelo de financiación para acelerar la electrificación y avanzar en la descarbonización de la economía.
Cada vez hay más horas con precios mayoristas cero o negativos. ¿Por qué esto no se nota en la factura de la luz?
— Porque en la factura eléctrica pagamos muchas más cosas que la compra de esta electricidad en los mercados mayoristas. Y ahora mismo esto envía un mensaje contradictorio a la gente. Por un lado nos dicen “gracias a las renovables la electricidad es muy barata”. Y esto es cierto. Pero, como en la factura vienen muchos otros costes, no hay manera de que baje. Con la factura de la luz se recaudan los cargos y los peajes, que sirven para financiar la política energética y las redes eléctricas. Y nada de esto que se paga en la factura tiene que ver con el servicio que ofrece una comercializadora, que es la venta de energía. Los cargos y los peajes son costes regulados y no varían si baja o sube el precio de la energía. Y, después, tenemos el coste de los servicios de ajuste.
¿Qué es eso de los servicios de ajuste?
— Pondremos un ejemplo. Red Eléctrica de España se tiene que asegurar de que hay la energía necesaria. Pero, si un día no hay sol o no sopla el viento, la misma Red Eléctrica tiene que activar un ciclo combinado de gas para garantizar la estabilidad de la red o cubrir una demanda superior a la prevista. Entonces es cuando el importe a pagar por ciclo acaba subiendo de precio, y últimamente esto pasa mucho. Los servicios de ajuste han más que doblado su impacto sobre el precio final de la electricidad en solo tres años, y no sabemos qué pasará en el futuro.
Se entiende que antes tenían un coste residual...
— Sí. Antes podía ser de uno o dos euros por megavatio hora y pasaba desapercibido. Ahora ha crecido mucho. El mes de febrero de este año llegó casi a igualar el coste mayorista de la energía. De entrada, es una situación muy preocupante para las comercializadoras del mercado libre, que estamos asumiendo un coste vinculado a la gestión física del sistema, totalmente imprevisible porque no tiene nada que ver con nuestro trabajo. Y, de rebote, también debe preocupar al consumidor.
¿Cómo hemos llegado hasta aquí?
— Porque cada vez tenemos un sistema eléctrico más complejo. Antes la generación se podía activar y ajustar en función de las necesidades de consumo. Ahora, en cambio, contamos con una presencia creciente de energías renovables, imprescindibles para reducir las emisiones y avanzar en la descarbonización, pero que dependen de si hace sol o hace viento. Esto implica que el operador del sistema debe tener un plan B. Y, después del apagón del 28 de abril del año pasado, este plan B se activa a menudo y ha subido de precio. Esta nueva realidad exige más capacidad de gestión, más flexibilidad y más red. Debemos disponer de las infraestructuras necesarias para integrar las renovables y hacerlas llegar allá donde se necesitan.
Se ha hablado mucho del hecho de que falta capacidad en la red. ¿Qué hay que hacer?
— Debemos recordar que si la red no tiene capacidad allí donde se pide, los nuevos proyectos industriales o las ampliaciones de potencia de los que ya están conectados se detienen. Esto ya está sucediendo. La receta, a priori, la conocemos todos: ampliar, modernizar y digitalizar las redes. Pero es necesario invertir en ellas con visión de futuro, porque no solo deben transportar y distribuir electricidad, también deben permitir gestionar, casi en tiempo real, generadores y consumidores que entran o salen del sistema: aquello que se conoce como flexibilidad. En Cataluña, y en España, no se han hecho los deberes. Todavía dependemos de combustibles fósiles. Debemos poner recursos al alcance de los consumidores.
Y estos recursos son...
— Financiación de todo tipo: ayudas, créditos blandos, menos impuestos. Pensemos en una industria que utiliza hornos de gas. En su caso, sustituir equipos que funcionan con gas por tecnología eléctrica exige mucho capital. Y si compite con productos importados que no soportan las mismas obligaciones de descarbonización conseguirá descarbonizarse, pero será menos competitiva. ¡Los números tienen que salir!
¿Qué pueden hacer empresas como Estabanell para facilitar las cosas a la industria?
— Nosotros acompañamos a los clientes a priorizar las medidas e identificar financiación, tanto en formato crédito como subvención. La clave es convertir la descarbonización en un plan viable, no en una lista inalcanzable de retos y números que no salen.
Todo ello hace pensar en cómo se está financiando la transición energética...
— ¡Es para pensárselo! Todos tenemos que ser muy conscientes de que el sistema eléctrico en España es un sistema de suma cero: todo lo que se invierte en él acaba, tarde o temprano, en la factura. Es como si un hospital lo financiaran solo los enfermos que entran por la puerta, o como si todas las carreteras funcionaran con peaje. Si se sigue cargando la transición energética en la factura –porque estamos revolucionando la manera de generar, de distribuir y de consumir energía–, desincentivaremos precisamente la electrificación que necesitamos. No nos olvidemos de que una de las principales causas de las emisiones de CO₂ que impulsan el cambio climático es la quema de combustibles fósiles como el carbón, el petróleo y el gas natural para obtener energía.
Una buena alternativa para poner sobre la mesa de debate sería...?
— Que una parte de las inversiones se financie como el resto de infraestructuras críticas del país, también con presupuestos públicos o mecanismos equivalentes, y no exclusivamente contra la factura eléctrica de la gente y del tejido productivo.