La jueza insiste en "los graves incumplimientos" de Iqoxe por la explosión del 2020

TarragonaLa jueza que investiga la explosión de la química Iqoxe del 14 de enero del 2020, en la que murieron tres personas y otras trece resultaron heridas, ha desestimado el recurso presentado por la empresa en la que pedía archivar el caso y exculpar a los investigados, según ha podido saber el diario ARA. En el recurso, la defensa de Iqoxe aseguraba que las imputaciones habían quedado "desvirtuadas" debido a que durante la instrucción se había demostrado que los propietarios de la empresa habían actuado correctamente. También denunciaba que no se habían tenido en cuenta los paros que se habían realizado en la fábrica para desarrollar tareas de mantenimiento y reparación, así como que se habían cometido otros errores en la fase de investigación.

La empresa recorrió el pasado julio la decisión de la jueza de cerrar la primera fase de investigación, que dejaba la química al borde del juicio, porque entendía que había quedado demostrado que la empresa hacía tiempo que sólo estaba preocupada por "incrementar la producción" y "reducir los costes", y que esto derivó en una serie de "deficiencias" en materia de seguridad.

En su nuevo escrito, la jueza del caso insiste ahora en que los indicios provisionales acreditan que "se había instaurado una dinámica de trabajo con presencia de presión laboral por parte de la dirección de la empresa, con graves incumplimientos de la normativa laboral y de seguridad". Además, la instructora defiende la investigación del caso y recuerda que "se han seguido el total de garantías de contradicción, designa de peritos, y constan la totalidad de los elementos indiciarios en relación a cada uno de los investigados". Fuentes de Iqoxe han explicado al diario ARA que no se conforman con esta respuesta y que ya están preparando un nuevo recurso para presentarlo en la Audiencia de Tarragona.

"La decisión de la jueza evidencia que existen elementos suficientes para enjuiciar a la empresa y sus responsables por incumplimientos graves en el ámbito laboral y de seguridad y también la falta de fiscalización por parte de las administraciones, tanto de la Generalitat como locales", ha valorado Eva Miguel, exconcejala de la CUP (que ejerce una de las acusaciones en la causa) en el Ayuntamiento de Tarragona. La CUP es una de las partes que se opusieron al recurso presentado por la empresa. Desde la formación anticapitalista confían en que "este juicio esclarezca los hechos y se depuren responsabilidades y que sea un punto de inflexión para acabar con la impunidad de las químicas y las complicidades políticas y económicas".

Hasta 13 años de cárcel

A la espera del nuevo recurso, la causa sigue siguiendo su camino. Después de que la jueza cerrara la fase de instrucción, las acusaciones han presentado sus escritos en el juzgado número 1 de Tarragona y todas, salvo la del Ayuntamiento de La Canonja, que ha decidido retirarse, van adelante. La acusación particular que ejerce el Ayuntamiento de Tarragona pide entre seis años y nueve meses y 10 años de cárcel para la cúpula de la empresa química, mientras que la acusación popular de la CUP pide 13 años para cada uno de los tres acusados. Sólo queda por conocer las peticiones de pena de la Fiscalía.