Justicia demasiado lenta

¿Qué hacía en 1994? Ese año Jordi Pujol mandaba en la Generalitat y Felipe González en el gobierno español, Joan Miquel Nadal era alcalde de Tarragona y Santi Coch –que murió la semana pasada a los 64 años con el récord de partidos jugados con el Nàstic– jugaba los últimos enfrentamientos con el club granate. Pues en 1994 se abrían las primeras diligencias judiciales por unos presuntos trapicheos urbanísticos en torno a la construcción del Parque Central. Estas diligencias primero se archivaron, pero se reabrieron y en 1997 empezó la instrucción del caso, que acabó en el 2016. El juicio empezaba la semana pasada en la Audiencia de Tarragona. Uno de los acusados ​​murió el pasado mes y otro no está en condiciones de afrontar el juicio debido a su avanzada edad. Las penas de prisión que pide la Fiscalía son de pocos meses, y la inhabilitación de ocho años del exconcejal de Urbanismo de Tarragona, Àngel Fernández, tampoco tendría demasiado efecto. Las multas económicas sí son muy elevadas y a Fernández le piden casi 2,5 millones de euros.

Es el ejemplo más sangriento de la lentitud exasperante de la justicia española. Encontraremos más, como el caso Inipro, que estalló en el 2013 y no acaba de llegar el juicio oral. O el caso Torredembarra, que empezó con esa espectacular entrada de la Guardia Civil en el Ayuntamiento de Torredembarra en el 2014, y también tiene la pieza del 3% esperando juicio. Este julio se cumplieron diez años del artículo de Jordi Pujol y tampoco ha habido juicio alguno.

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Pero, volviendo a Tarragona, esta espera no solo afecta al contenido –los casos– sino al continente: la Ciudad Judicial, que debe acabar con la caótica dispersión de juzgados por toda la ciudad. Ha habido varias propuestas desde 1999 y el último proyecto, anunciado por el Gobierno Aragonés, comienza a acumular retrasos –el horizonte para que sea operativa es ahora en el 2028– ante la indignación de responsables políticos locales y profesionales del sector. Esperamos que ahora que existe el mismo color político en la plaza de la Font, en la plaza de Sant Jaume y en la Moncloa se desatasque este agravio que tiene Tarragona, y en una materia tan sensible y que nos puede afectar a todos como es la judicial.