Políticas sociales mal ejecutadas
La vulnerabilidad social ha crecido con la pandemia y se ha añadido a la precarización fruto de la anterior crisis, la iniciada en 2008 con la quiebra de Lehman Brothers. Llevamos más de una década en la que demasiada gente ha perdido el tren vital: la falta de trabajo y de vivienda son dos realidades durísimas que se retroalimentan. Y ante esta situación, las políticas sociales para hacerle frente, para evitar situaciones degradantes impropias de una sociedad a pesar de todo opulenta como la nuestra, no acaban de funcionar. Es verdad que ha habido un cambio sustancial a la hora de abordar desde los poderes públicos esta realidad, con la inyección de recursos (una política muy diferente a la de recortes sociales de la anterior crisis), pero en la práctica las ayudas no llegan.
El caso de Segundo, el vecino de Sants que esta semana pasada se suicidó cuando lo iban a desahuciar del piso de alquiler, es una tragedia que se habría podido evitar si los mecanismos de la moratoria de desahucios funcionaran bien. Pero el real decreto estatal presenta ambigüedades y, por lo tanto, es muy interpretable. La petición, por parte de la justicia, de más papeleo del necesario acaba dejando desprotegidas a personas que, como Segundo, tenían un informe de vulnerabilidad de los servicios sociales que acreditaba que no disponían de “suficientes ingresos económicos”. Es precisamente a las personas en una situación desesperada a quien más cuesta hacer frente a una burocracia que los supera. La vulnerabilidad también es esto. Si la moratoria -que si no se alarga se acabará el 9 de agosto- no puede evitar casos como este, es que no funciona.
Tampoco está funcionando el ingreso mínimo vital (IMV), una prestación anunciada hace un año por la Moncloa y que está en marcha gracias a otro real decreto -todavía lo tiene que validar el Congreso -. Según el presidente Pedro Sánchez, tenía que llegar a 850.000 familias, pero -vistos los datos del propio ministerio de la Seguridad Social- el último más solo lo han cobrado 270.000 a pesar del millón y medio de peticiones tramitadas. En Catalunya, se han aprobado solo el 14,3% de los expedientes tramitados y el 11,4% de los recibos. Además, en el caso catalán se están generando duplicidades y confusiones con la renta garantizada de ciudadanía.
De nuevo, pues, algo no se está haciendo bien. Los demandantes tienen que demostrar que todo el año anterior han tenido un ingreso mensual inferior a 460 € (este es el importe del IMV para alguien que vive solo) y normalmente tienen que esperar seis meses a recibir una respuesta. Otra vez se topa con la burocracia y la lentitud. En el País Vasco, con competencias para gestionar el IMV, la tasa de aprobación de expedientes es del 85% (en España se deniegan el 73%). El ministerio dice que está de acuerdo en traspasar esta gestión también a la Generalitat y el resto de autonomías, pero de momento no se ha hecho.
El caso es que se está respondiendo con una exasperante ineficacia a una emergencia social. Con las entidades sociales ahogadas y la población en extrema pobreza al límite, la lentitud, la descoordinación y la ineficacia de las administraciones resultan imperdonables.