La politización de la justicia y la presidenta Borràs
El caso Borràs amenaza con poner en riesgo la continuidad de la coalición de gobierno independentista. Crece, tanto por parte de ERC y la CUP como de los grupos de la oposición, la presión política para que dimita la presidenta del Parlament, cada vez más cerca de sentarse en el banquillo de los acusados por el proceso judicial abierto sobre su actuación cuando era directora de la Institución de las Letras Catalanas (2013-2018), acusada de haber encadenado dieciocho contratos menores adjudicados a un amigo por un valor conjunto de más de 300.000 euros, desoyendo las advertencias de Intervención de la Generalitat.
Su situación no es ajena a la politización de la justicia. Es razonable pensar que, si no tuviera la entidad política que tiene, probablemente la justicia no habría actuado como lo ha hecho. Lo mismo se puede decir de otros casos, como por ejemplo el alud de denuncias que en los últimos tiempos se han interpuesto contra la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. Precisamente este mismo viernes, después de siete meses de investigación, el juez ha descartado cualquier infracción penal por las subvenciones del Ayuntamiento a entidades afines a Colau, la cual ha celebrado la noticia pidiendo una reflexión seria sobre el juego sucio judicial. En efecto, la utilización y el abuso de la vía judicial para ensuciar actuaciones políticas –muy evidente contra el independentismo, pero no solo– se ha convertido en moneda común. La dimisión reciente de la vicepresidenta del Gobierno de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra, se puede enmarcar en este escenario. Imputada por el posible encubrimiento del abuso a una menor tutelada por parte de su exmarido Luis Eduardo Ramírez, Oltra ha dimitido del cargo antes de ser juzgada, defendiendo en todo momento, sin embargo, su inocencia, para preservar con su paso al lado el gobierno y la institución.
Con actuaciones a menudo claramente de parte instrumentalizadas políticamente, la alta judicatura española tiene la credibilidad por los suelo. En este sentido, este viernes se ha producido otro hecho remarcable y nada habitual en cuanto al rodillo judicial contra el independentismo: el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya finalmente ha aceptado la recusación de su presidente, Jesús María Barrientos, planteada por el exvicepresidente del Parlament Josep Costa, en el caso de la causa contra la anterior mesa del Parlament por haber permitido el debate y la votación de resoluciones a favor del referéndum y en contra de la monarquía.
En cuanto a la situación de la presidenta del Parlament, más allá de la politización subyacente, lo que habrá que juzgar son unos hechos concretos previos al protagonismo político de Laura Borràs, hechos relacionados con una presunta actuación administrativa irregular. Será entonces, probablemente a principios de septiembre, una vez sea firme el acto de apertura del juicio oral, cuando el Parlament tendrá que decidir si, tal como consta en su propio reglamento, se fuerza a la presidenta a dejar el cargo o si, por el contrario, se entiende que tiene que prevalecer la presunción de inocencia como derecho fundamental. Quizás tiene sentido defender este segundo criterio, pero no dejaría de ser una contradicción que la presidenta de la cámara quedara al margen del reglamento de la institución.