Sabadell-Terrassa o Tarragona-Reus: el Govern acepta las zonas de bajas emisiones compartidas
Acción Climática aplaza un año el veto a los vehículos con etiqueta amarilla para negociar con los municipios metropolitanos
BarcelonaTras meses de tira y aflojas con los municipios metropolitanos, el Gobierno aceptará que las grandes ciudades fronterizas compartan la gestión de las zonas de bajas emisiones (ZBE). Según ha podido confirmar el ARA, la conselleria de Acción Climática ha incluido en el Plan de Calidad del Aire -que incluye la regulación de estos espacios de circulación libre de los vehículos más contaminantes- esta posibilidad, que hasta ahora no estaba prevista y que permitiría, por ejemplo, la creación de ejes entre Sabadell, Terrassa y Rubí; Gerona y Salt, o Reus y Tarragona.
Con este aval, grupos de municipios adyacentes podrían crear una única ZBE, imitando el modelo de las rondas de Barcelona, según detalló la directora general de Cambio Climático y Calidad Ambiental, Mireia Boya, en declaraciones a El Periódico. “No hay problema en crear ZBE supramunicipales que incluyan a varias ciudades. Si [los municipios] lo plantean y se ajusta a la regulación, es totalmente factible", ha asegurado.
Fuentes gubernamentales confirman que la conselleria ha recogido e incorporado las demandas de los municipios que conforman el Arco Metropolitano -o la segunda corona metropolitana, como Sabadell o Mataró– y que tienen gobiernos eminentemente socialistas, así, aunque inicialmente la normativa que el Gobierno prepara planteaba que, en el área metropolitana, la ZBE debía cubrir al menos el 25% del suelo urbano residencial, la idea de la supramunicipalidad rebajaría este porcentaje para que no computara a escala local sino respecto al conjunto de municipios unidos en una única ZBE.
Demanda de los municipios
La posibilidad de gestionar de forma compartida la ZBE era una de las demandas de las poblaciones de la segunda corona, que habían denunciado reiteradamente que el proyecto gubernamental no tenía en cuenta sus particularidades. "La implantación de las ZBE no puede circunscribirse al ámbito estrictamente municipal, pese a que la normativa lo formule de esta manera, porque tiene unas consecuencias de movilidad evidentes en los municipios que conforman el área de influencia de cada ciudad" , afirma la Asociación de Municipios del Arco Metropolitano. "A menudo nuestras ciudades conforman un continuo urbano con otros municipios. No tendría sentido avanzar hacia un nuevo modelo de movilidad más sostenible sin atender a esta realidad", insisten.
El decreto que está preparando la Generalitat no necesita pasar por el Parlament para aprobarse, pero, según explican fuentes gubernamentales, se está trabajando para ser más flexible de lo previsto e incluir el parecer de los ayuntamientos, que serán los que acabarán aplicando el plan. Por este motivo, en enero se abrió un período de información pública para que los consistorios y el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) pudieran realizar alegaciones. La mayoría se han aceptado y se han integrado en la redacción del nuevo plan.
Fuentes gubernamentales, sin embargo, recuerdan que las negociaciones todavía están abiertas, porque se quiere conseguir “el máximo consenso de las ciudades para reducir al 50% la contaminación en ocho años”. La próxima semana ERC apoyará al Parlament una moción propuesta por el PSC sobre cómo deben ser las ZBE.
Sin excepciones para residentes
En las alegaciones, los municipios del Arco Metropolitano también denunciaban que los planes del Govern restringirían más de la mitad de los vehículos en una región con "déficits estructurales" de transporte público. Aseguraban que Vilanova y la Geltrú, Terrassa, Granollers, Mataró y Sabadell serían los más afectados, esgrimiendo datos de la Dirección General de Tráfico, por las restricciones de los vehículos sin etiqueta o con etiqueta B.
Ante las reticencias y encontronazos con los municipios del arco metropolitano, que forzaron a paralizar el decreto, el Gobierno también ha aceptado aplazar el veto a los vehículos diésel matriculados entre 2006 y 2013, con etiqueta amarilla o B. Estaba previsto que esta restricción entrara en vigor el 1 de enero de 2026, pero podrán seguir circulando un año más en las ZBE. Como consecuencia, el veto a todos los vehículos con etiqueta B, que se aplicará sin distinciones en las ciudades de más de 50.000 habitantes y en las de más de 20.000 que superen los límites de contaminación atmosférica, tampoco se aplicará hasta el '1 de enero de 2028.
En cambio, hay una alegación que el Gobierno se niega a incorporar: las excepciones para residentes en las ZBE. La decisión es firme y, según fuentes gubernamentales, es para evitar que existan privilegios de carácter general. Apuntan que sólo habrá algunas reguladas por un régimen de excepciones para rentas bajas (y siempre previa autorización) o para casos muy concretos que se están trabajando.