La trama rusa como ejemplo de 'lawfare'
Vista desde Catalunya, la causa de la trama rusa del Proceso siempre fue un despropósito, un cuento para no dormir que pretendía relacionar el independentismo catalán con Vladimir Putin y, de paso, poner más difícil la aplicación de la amnistía en algunos dirigentes, puesto que se les podía acusar del delito de alta traición. Ahora, afortunadamente, es la propia Audiencia de Barcelona la que pone fin a un procedimiento lleno de irregularidades que el juez Joaquín Aguirre ha mantenido abierto durante años en contra de cualquier evidencia y resistiéndose a cerrar la instrucción. La decisión de la Audiencia no deja lugar a dudas, e incluso acusa al juez Aguirre de cometer un "fraude de ley". Ahora bien, que la causa haya quedado finalmente archivada y el juez señalado no quiere decir que no haya hecho daño a personas concretas y que no haya logrado alguno de sus objetivos.
Al igual que en el caso del juez Manuel García-Castellón, que tuvo que archivar la causa que abrió contra Carles Puigdemont por presunto terrorismo, nos encontramos ante un ejemplo de manual de lo que se conoce como lawfare, es decir, el uso espurio de la justicia con fines políticos. En el caso de Aguirre, además, ni siquiera se escondía. El pasado julio se filtraron unos audios del juez en los que se alababa de haber paralizado la ley de amnistía: "Me han dicho que ayer se tumbó la ley de amnistía, que se tumbó por mí", afirmaba en una conversación privada. "Al gobierno le quedan dos telediarios alemanes. Dos. Y ya está, a tomar por el culo", añadía. ¿Qué justicia se puede esperar de personajes así? ¿Quién resarcirá a los que se han visto involucrados en esta causa, como los periodistas Carles Porta y Natàlia Boronat u otras personas como Miquel Casals, Elsa Artadi, Artur Mas y Josep Lluís Alay?
La decisión de la Audiencia de Barcelona deja un regusto agridulce, porque si bien por un lado demuestra que al menos en algunos casos el sistema tiene maneras de parar los pies a magistrados como éste, por otro también evidencia el inmenso poder que tiene un juez instructor para alargar y maniobrar con causa. En última instancia la actuación del juez Aguirre responde al llamamiento patriótico que hizo en su día José María Aznar para torpedear los pactos entre el PSOE y los independentistas que posibilitaron la investidura de Pedro Sánchez. De hecho, la amnistía sigue atascada porque el Tribunal Supremo se niega a aplicarla y ha puesto en marcha todos los procedimientos dilatorios posibles. Como resultado, el expresidente Puigdemont ha tenido que hacer este martes por la noche su entrevista con TV3 desde Waterloo.
En todo caso, los que quedan desacreditados, además de un juez concreto, son todos aquellos que han intentado hacer crecer la teoría de la injerencia rusa. Al independentismo catalán se le puede acusar de muchas cosas, pero en ningún caso de haber promovido la violencia para alcanzar sus objetivos ni de haber conspirado en serio con potencias extranjeras. Todo esto formaba parte, y ahora se ve claro, de una estrategia para denigrar al independentismo y, sobre todo, atacar al gobierno de Sánchez.