Cómo acabar con la burocracia
La burocracia se ha convertido en un problema grave desde que la administración decidió transformar el cobro de una factura insignificante, o cualquier otro trámite por el estilo, en un largo calvario de final incierto. En este sentido, me gustaría hacer algunas propuestas para ayudar a resolverlo.
En primer lugar, habría que convocar una mesa de expertos y expertas que establecieran el marco legal en el que debe desarrollarse el proceso de desburocratización (Comisión de la Transparencia Sostenible, o CTS). Para seleccionar a los candidatos y candidatas, sin embargo, sería necesaria previamente una comisión consultiva que no dependiera de forma directa del gobierno, que tuviera sede estable y organigrama propio, y dispusiera de unos estatutos consensuados (Plataforma de Selección Responsable y Sostenible de Candidatos al Proceso de Desburocratización, o PSRSCPD). De la estipulación de estos estatutos se encargarían doce juristas de contrastada solvencia, seis hombres y seis mujeres, no vinculados a ningún partido político (Comisión Auxiliar de la Transparencia en la Desburocratización, o CATD). Por supuesto, antes debería crearse una subcomisión destinada a comprobar documentalmente la falta de vinculación de los juristas con los grupos políticos mediante investigaciones individualizadas. La Subcomisión de Comprobación no dependería de la Plataforma de Selección Responsable y Sostenible, y estaría formada por personas expertas propuestas desde las diferentes universidades catalanas, que antes deberían haber obtenido el Certificado de Suficiencia Homologadora (CSH), expedido por una comisión especial (Comisión Interdepartamental de Expedición de de Certificados de Homologación, o CIECH) a petición del Parlament. Para solicitar el CSH debería descargarse el aplicativo de la Comisión de Peticiones Documentales (CPD) con un código de un solo uso generado por el Programa de Identificación del Personal Universitario (PIPU), obviamente con firma digital y un sistema de reconocimiento facial para garantizar la total seguridad y transparencia del proceso. Para acceder al PIPU habría que instalarse una aplicación específica desde la página del CIECH. En el caso de la identificación biométrica, y teniendo en cuenta la posibilidad de un fraude, debería aportarse un certificado expedido por un cirujano plástico donde constara que los rasgos faciales del candidato no han sido modificados en ninguna operación previa. Naturalmente, este certificado debería ser expedido por profesionales homologados (el acceso al PIPU solo sería posible aportando el número de colegiado de estos médicos elegidos por la Comisión Interdepartamental de Expedición de Certificados de Homologación). Una vez obtenido el Certificado de Suficiencia Homologadora, se procedería a la articulación administrativa de la Comisión Auxiliar de la Transparencia en la Desburocratización, sin la cual no sería posible concretar la Plataforma de Selección Responsable y Sostenible de Candidatos. Finalmente, ya podría constituirse la CTS o Comisión de la Transparencia Sostenible. Una vez formada, resultaría imprescindible una subcomisión jurídica destinada específicamente a adaptar las líneas de acción a la normativa europea, de modo especial a: 1) Reglamento UE núm. 2016/679 relativo a la protección de datos personales; 2) Reglamento UE núm. 1049/2001 relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento, Consejo y Comisión; 3) Directiva 2006/123/CE relativa a los servicios en el mercado interior, que facilita la libertad de establecimiento y prestación de servicios; 4) Directiva 2014/24/UE sobre contratación pública, que regula procedimientos administrativos de licitación, y 5) La totalidad de los protocolos comunitarios medioambientales.
Para dirigirse a la Comisión de la Transparencia Sostenible o CTS con la intención de simplificar y agilizar los trámites, los ciudadanos y ciudadanas deberían darse de alta en el servicio @dministración @miga. Para ello, habría que obtener el código de conexión de un solo uso en la web Ciudadanas y Ciudadanos Empoderados, que por su parte dependería de la sección B de la Comisión Auxiliar de la Transparencia en la Desburocratización. Una vez identificados en el servicio virtual @dministración @miga, los ciudadanos y ciudadanas deberían aportar la documentación necesaria para iniciar el proceso, y así permitir a la Subcomisión de Evaluación Documental (SAD) un estudio sobre cada caso, que se resolvería en un período aproximado de diez meses. En caso de que la documentación fuera incompleta o errónea, los usuarios deberían satisfacer una tasa de 300 euros en concepto de gastos de revisión.
La burocracia se ha convertido en un problema grave y lo que proponemos es solo un pequeño primer paso para solucionarlo. El segundo consistiría en...