Se acerca el invierno (políticolingüístico)
En su comentario a la encuesta de YouGov encargada por este diario, David Miró no dudó en sentenciar que, de cara al 29-N, “la incógnita ya no es quién ganará sino la magnitud de su victoria”. En el caso concreto de la política lingüística, ¿qué cambios debemos esperar con un posible gobierno de coalición entre el Partido Popular y Vox?
El programa electoral de Alberto Núñez Feijóo señala dos áreas en las que habrá cambios seguros. En primer lugar, el gobierno impulsará una reforma del reglamento del Congreso de los Diputados para volver a la situación anterior a las elecciones de 2023, de tal manera que el catalán, el euskera y el gallego ya no se puedan usar en los plenos ni en ninguna otra situación. Cuando la número 2 del PP por Madrid defendió que la primera medida que adoptaría sería eliminar los “pinganillos” en el Congreso, un candidato catalán del PP rechazó la idea, con el argumento de que los auriculares no “molestaban” a nadie. Quizás no molesten a algunos sectores del PP, pero sí que enfurecen a su prospectivo socio de coalición. En esta campaña, el PP va al choque frontal con Sánchez, pero lleva a Vox en el retrovisor, y no es extraño que abandere propuestas más propias de la ultraderecha nacionalista española que de un partido conservador europeo moderno.
El PP también promete que garantizará el presunto derecho constitucional de recibir enseñanza en castellano en todas las etapas del sistema educativo. El programa no da más detalles sobre cómo se hará esto; en la entrevista que concedió a La Vanguardia, Feijóo recordó que él viene de una comunidad autónoma donde buscan un sistema de “equilibrio lingüístico”, en el que el 50% de las clases se imparte en gallego y el otro 50 en castellano. (En el programa de 2023 el PP prometía que garantizaría que, en las comunidades autónomas con dos lenguas oficiales, ambas tendrían la consideración de vehiculares “de acuerdo con el patrón de equilibrio lingüístico”.)
Naturalmente, aparte de estas medidas que figuran explícitamente en el programa electoral hay otras que se aplicarán previsiblemente. El gobierno de PP-Vox, por ejemplo, retirará formalmente la petición para que el catalán, el euskera y el gallego sean lenguas oficiales de las instituciones de la Unión Europea, una propuesta que el partido de Feijóo se ha dedicado a torpedear desde el primer día. El gobierno de PP-Vox tampoco permitirá la tramitación de iniciativas como la Proposición de ley orgánica de garantía del plurilingüismo y de los derechos lingüísticos de la ciudadanía ante las instituciones del Estado, que quedó pendiente en el Congreso con la disolución de las Cortes. Adicionalmente, existen las medidas que no están en el programa del PP sino en el de Vox, algunas de las cuales ya se han puesto en práctica en las comunidades autónomas donde gobiernan con connivencia. En su programa de este año, por ejemplo, Vox reitera que garantizará que el desconocimiento de las lenguas “regionales” no sea en ningún caso un impedimento para el acceso a plazas de personal sanitario.
De todas estas lesivas medidas previstas o previsibles hay una que todavía se podría frenar antes de que el PP y Vox accedan al gobierno. El Tribunal Constitucional debe pronunciarse sobre la constitucionalidad de la ley catalana 8/2022, la ley que reconoce al castellano la condición de lengua vehicular (bajo el eufemismo de “lengua de uso curricular y educativo”) y deja en manos de los centros educativos la determinación de su presencia efectiva de acuerdo con criterios pedagógicos (léase: no numéricos, pero tampoco ideológicos). Si el TC conserva un ápice de sentido de estado, blindará constitucionalmente el modelo lingüístico-escolar tal y como lo concreta esta ley, que rehúye expresamente cualquier idea de exclusividad para el catalán. En caso contrario, allanará el camino para que el gobierno de coalición PP-Vox se invente una reforma de la ley orgánica de educación para implantar su idea del equilibrio lingüístico en las escuelas catalanas.
Si el triunfo del PP y Vox es tan inevitable como decía David Miró, y si al final el Tribunal Constitucional también falla, ¿cómo se puede preservar una política lingüística que siga protegiendo y promoviendo la lengua catalana de manera realista? Alguien podría pensar que la única alternativa al nacionalismo o al ultranacionalismo españoles consiste en disponer de un estado propio. Los resultados de la última encuesta de Conocimientos y usos lingüísticos de Andorra muestran que la soberanía política no necesariamente impide el retroceso de la lengua, porque hay dinámicas sociolingüísticas que son independientes de la independencia.