Adivina, adivinanza
Al final de este artículo os plantearé una adivinanza. Pero antes, pongámonos en situación.
La decisión de Laboratorios Ordesa de volver a Catalunya tiene una lectura política: esta firma, y quizás otras que la seguirán, ha decidido regresar a Catalunya justo después de que el independentismo haya salido del gobierno. Esto el PSC se lo puede apuntar como un éxito propio, pero es también la expresión de un fracaso democrático.
Cuando La Caixa y el Banc Sabadell trasladaron las sedes, justo después del 1 de octubre, lo hicieron gracias a un decreto hecho a toda prisa por el gobierno Rajoy, y animados por las presiones de la Moncloa y de la Casa del Rey. La decisión se justificó por la retirada de fondos y por el miedo a la inseguridad jurídica. Pero ningún personaje relevante del mundo económico catalán alzó la voz para decir que en un sistema democrático el sufragio se tiene que respetar, o al menos se tiene que intentar comprender. Si los señores Fainé y Oliu hubieran dicho en voz alta que no se puede ignorar la opinión de los electores, y hubieran presionado a Rajoy para que abriera un diálogo sincero con la Generalitat, las cosas habrían podido ir de otra manera.
La decisión de las grandes empresas catalanas fue una coacción a los ciudadanos, una forma de decir que, si no votaban de forma más sensata, habría un castigo. Es lo mismo que hizo el rey en su discurso del día 3 de octubre, lo mismo que hicieron las porras de la policía en el referéndum, y lo mismo que ha hecho el aparato judicial desde entonces. Puede decirse, pues, que la democracia en Catalunya ha perdido valor: la gobernanza del país la deciden los votantes, pero los votantes están condicionados por la coacción de otros poderes de base no democrática.
Si a esto le añadimos el hecho de que varios líderes del independentismo están en el exilio o inhabilitados porque se les ha excluido arbitrariamente de la ley de amnistía, que muchas leyes del Parlament catalán han sido anuladas por los tribunales españoles, que nos regimos por un sistema de financiación injusto y que lleva años caducado, y que el propio Estatut de Catalunya, aprobado en referéndum, nunca ha entrado en vigor debido a la famosa sentencia del TC, podemos convenir que la democracia catalana es una democracia de baja calidad. Este hecho, justamente, es el que provocó el Procés Soberanista, pero no puede decirse que una década después las cosas hayan ido a mejor.
De hecho, lo ocurrido en Catalunya ha establecido un precedente peligroso para el conjunto del Estado, algo que algunos demócratas españoles llevan tiempo denunciando. Ahora es el gobierno del PSOE y Sumar, que cuenta con el apoyo de los soberanistas catalanes y vascos, el que sufre las acometidas de los poderes no democráticos del Estado. Desde la poderosa plataforma del Gran Madrid que comanda Isabel Ayuso, una coalición cada vez más férrea de elementos conservadores de la justicia, el alto funcionariado, el Ibex y los principales grupos de comunicación ha puesto cerco a Pedro Sánchez. La democracia española también está carcomida, pero a diferencia de lo que ocurre en Catalunya, en España esta amenaza es bienvenida por una parte muy relevante, quizá mayoritaria, del electorado. Son los herederos del llamado franquismo sociológico. El PSOE sabe que no saldrá adelante solo: necesita el apoyo de los nacionalismos periféricos que apuestan por una reforma profunda del Estado. La ventana de oportunidad se ha abierto un poquito, pero no mucho, y no sabemos por cuánto tiempo...
Y ahora, la adivinanza. Si Catalunya es un país dividido sobre el concepto de España, y España es un país dividido sobre el concepto de democracia, ¿cómo podemos conseguir una Catalunya plenamente democrática?