¿La Agencia Estatal de Salud Pública donde la pondremos?
En 2022 el gobierno Sánchez confeccionó un real decreto (RD 209/2022 de 22 de marzo) que establecía la comisión consultiva para la determinación de las sedes de los nuevos organismos públicos. La forman funcionarios de la administración central. La introducción del Real Decreto es impecable. Enfatiza que ser una entidad del Estado de ámbito estatal no comporta que la sede física esté en Madrid y se alinea con una agenda de desconcentración territorial de entidades.
En el tema de sedes estatales en Cataluña tenemos algunas experiencias, algunas buenas y otras menos buenas.
En el ámbito de la investigación, lo que más conozco, tenemos muy exitosas, por ejemplo el Sincrotrón Alba o el Centro Nacional de Supercomputación, que es a la vez el Barcelona Supercomputing Center. Una clave para su buen funcionamiento es que están bien imbricadas en su entorno y que la sinergia con éste es grande. En ambas instituciones participan universidades y Generalitat. La UAB en el Sincrotrón y la UPC en el Supercomputing Center. La Generalitat también contribuye a la financiación estructural: la mitad en el caso del Sincrotrón y un tercio en el caso del superordenador. Otro caso satisfactorio son los Centros del CSIC. En Cataluña tenemos 21: 14 son propios y 7 son conjuntos con las universidades o directamente con la Generalitat. Una evidencia de que la imbricación es importante es que la mitad de los seis centros que gozan de la distinción de excelencia Severo Ochoa son centros conjuntos.
Hay experiencias no tan exitosas. No soy suficiente conocedor para evaluar el impacto de la Casa Asia, por otra parte bien imbricada. Sin embargo, es seguro que merecería disponer de un volumen más elevado de recursos. Asia no es algo menor.
De malas experiencias tenemos una curiosa: la excursión a Barcelona de la Comisión Nacional del Mercado de Telecomunicaciones (CNMT). En 2004 el gobierno del presidente Zapatero y del ministro de Industria, José Montilla, trasladó la Comisión, creada en 1996, a Barcelona. En la Torre Mapfre y, más adelante, en un edificio propio de nueva construcción en el 22@. Lo aplaudimos, pero la imbricación local no se dio, creo que por voluntad de la institución. El efecto para la economía catalana fue bueno y el potencial significativo. Ahora bien, el PP se había opuesto y cuando en 2011 llegó al gobierno tomó la medida –“para evitar duplicidades”– de fusionar la CNMT con la Comisión Nacional de la Energía (CNE) bajo el nombre de Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y con sede en Madrid. La CNMT, ahora CMT y en Barcelona, quedó subsumida dentro de la CNMC y perdió entidad.
Paradójicamente –es un decir– la CNE está ahora en proceso de segregarse de la CNMC y de recuperar independencia. En el tráfico Barcelona se ha quedado sin la sede de una Comisión Nacional.
El real decreto de 2022 se aplicó inmediatamente por la vía de dos convocatorias que culminaron con la asignación de la Agencia Estatal de Supervisión de la Inteligencia Artificial en A Coruña y la Agencia Espacial Española en Sevilla. En ambos casos el compromiso de imbricación de la comunidad autónoma contó.
No parece que después de 2022 la comisión consultiva haya actuado. Es cierto que en este tiempo no ha habido mucha creación de nuevas entidades. Pero los ha habido. Así, la Casa de la Arquitectura, un museo estatal, se ha creado y se ha instalado en Madrid sin más. Mala señal.
Pronto tendremos la oportunidad de comprobar si es necesario dar crédito al real decreto del 2022. La tan esperada ley de creación de la Agencia Estatal de Salud Pública (lleva más de 15 años en que la iniciativa se puso en movimiento) está a punto de culminar la tramitación en el Congreso. Si se aprueba, como parece probable, la designación del puesto de la sede deberá pasar, por ley, por el procedimiento de convocatoria y evaluación por parte de la comisión consultiva. No quiero imaginarme que no sea así.
Es evidente, para mí, que Cataluña tiene que optar. De hecho, debe optar siempre (lo hizo en la de IA), pero en ésta deberíamos esforzarnos. En primer lugar, porque sería de suma importancia para nuestro ecosistema de salud. Y en segundo lugar, porque el estudio de la salud pública tiene mucha fuerza en Cataluña (una institución clave es el ISGlobal, el Instituto de Salud Global de Barcelona). De hecho, creo que sólo podríamos perder en dos circunstancias: que el proceso de evaluación no fuera serio –y la evidencia de las dos hechas hasta ahora no permite afirmar que el resultado estuviera predeterminado– o que desde Cataluña no hiciéramos los deberes y no preparáramos una propuesta de máxima calidad. Debemos hacerlo como si estuviéramos optando a los Juegos Olímpicos.