Nuestra agua no es nuestra
Una gran paradoja de un país mediterráneo como el nuestro es que empresas privadas dispongan de concesiones para extraer agua mineral que después embotellan, comercializan e incluso exportan, pagando un canon irrisorio (21 céntimos por cada mil litros embotellados). O que, en situaciones de emergencia por sequía, las embotelladoras no tengan limitación legal alguna sobre la cantidad de agua que pueden extraer. Esta situación está amparada legalmente, porque las captaciones de agua se enmarcan en la ley de minas de 1973, una norma preconstitucional que sigue vigente y que hace que el agua sea considerada como un mineral y no se integre en el sistema ordinario de planificación hidrológica.
Por suerte, en Cataluña hay municipios conscientes de este absurdo que, mientras no deja de llover, han aprobado en sus plenos municipales una moción para modificar la ley de minas con el objetivo de que todas las masas de agua continentales, incluidos los acuíferos que explotan las aguas no se llenan de amparo – y quedan amparadas planes de gestión de cuenca correspondientes. Al considerarse explotaciones mineras, estas captaciones de agua están jurídicamente desvinculadas del ciclo hidrológico, algo que choca frontalmente con el enfoque científico e integrador que promueve la directiva marco del agua (2000/60/CE), que integra todas las aguas continentales dentro de un mismo marco jurídico.
Vamos a palmos. ¿De dónde procede el agua mineral embotellada? La mayoría, de los acuíferos profundos, espacios subterráneos que no responden de forma inmediata a las lluvias recientes, ya que la filtración de agua hacia el subsuelo puede tardar décadas. Estas reservas de agua actúan como esponjas, una suerte de pantanos naturales subterráneos, pero en versión mejorada: resisten mejor las sequías y la temperatura y no conllevan costes económicos de mantenimiento. Así, nuestras masas de agua subterránea son un bien común de alto valor estratégico. Sin embargo, su disponibilidad de agua y su estado de salud no están asegurados. Por un lado, porque el cambio climático y la actividad humana comprometen su recarga; por otro, porque todavía son bastante desconocidas.
Las comarcas de Girona son un buen ejemplo para entender esta anomalía, especialmente el macizo del Montseny. Allí se concentra prácticamente el 20% del total del agua embotellada del Estado, siendo su epicentro los municipios de Arbúcies, Sant Hilari Sacalm, Viladrau y Espinelves. Las empresas embotelladoras –algunas, grandes multinacionales– extraen agua del mismo sistema hidrológico que abastece al territorio, pero estas extracciones no se incorporan a los planes de gestión de cuenca de la Agència Catalana de l'Aigua. Es una anomalía de origen jurídico con consecuencias competenciales: estas aguas no se gestionan desde Cataluña, sino desde el ministerio de Industria, lo que implica una gobernanza deficiente de este bien común. Por un lado, no se puede contabilizar una parte relevante del agua que se extrae del territorio y que, literalmente, se va embotellada por la carretera. Por otro lado, los datos sobre volúmenes de extracción, la ubicación de los pozos y los resultados de los sondeos dejan de formar parte de la información pública y transparente.
Esta situación abre inevitablemente un debate incómodo. El territorio se pregunta qué retorno obtiene si estas concesiones no están sujetas a ningún canon real por el uso de un bien común y se cuestiona si los datos sobre volúmenes de extracción y sobre el estado de las reservas subterráneas no deberían ser públicos. Que los municipios se hagan estas preguntas es condición necesaria para una adaptación real al cambio climático. Así pues, celebramos estas mociones aprobadas en los plenos municipales a petición de entidades locales como el colectivo Aigua Clara de Arbúcies y la Coordinadora para la Salvaguarda del Montseny, entre otros. Esta iniciativa es un ejemplo de que la adaptación no se delega, sino que se asume colectivamente.
Adaptarse significa hacer cambios. Los más fáciles son ajustes técnicos –eficiencia, optimización y reducción de pérdidas–, pero éstos, tal y como advierte el último informe del IPCC, no son suficientes. Una adaptación efectiva exige cambios más profundos y estructurales que requieren abrir debates, a menudo incómodos, sobre la gobernanza de los bienes comunes y así asumir una gestión de las incertidumbres transparente y honesta.