El aparcamiento de la estación del Camp de Tarragona

El caso del nuevo aparcamiento de la estación del Camp de Tarragona es un ejemplo que ilustra a la perfección hasta qué punto los usuarios importamos a los gestores españoles de las infraestructuras ferroviarias del Estado en Cataluña.

Haciendo honor a su nombre, la estación no está situada ni en Tarragona ni en Reus, que es donde, lógicamente, habría tenido que ir, sino al término municipal de la Secuita, y eso quiere decir que siempre se va o sale en coche. El aparcamiento de pago que ha funcionado hasta ahora es de los de 2 euros la hora, con lo que los arcenes de la carretera de acceso estaban llenos de coches mal aparcados y sometidos a todo tipo de robos de piezas, cristales rotos e incluso incendios. Hasta ayer, que Adif, después de colocar bloques de hormigón en los arcenes, puso en funcionamiento un aparcamiento gratuito de 126 plazas, razonablemente vigilado y provisional, a la espera de un aparcamiento definitivo de bajo coste (o eso dicen) para unas 600 plazas que entrará en funcionamiento cuando la Generalitat construya una rotonda de la que apenas se acaba de proyecto.

La estación se estrenó hace algo más de diecinueve años, y este aparcamiento provisional ha costado 140.000 euros. Si para hacer una obra de sentido común y barata como ésta, largamente reclamada, han necesitado veinte años, ¿cuánto no tardarán en conseguir que Cercanías dé un servicio digno? Y la Generalitat, ¿cuánto tardará en hacer una sencilla rotonda? Ayer presentaron la empresa mixta Cercanías de Catalunya, de la que se espera el milagro de una dirección eficiente. Porque, hasta ahora, en relación con Cataluña, a las direcciones de Renfe y Adif se les podría aplicar lo de Íñigo Errejón cuando le preguntaron por la suspensión de los diputados catalanes tomados por el Proceso: "Me pilla lejos".