Begoña Gómez, Bárbara Rey

Las cloacas comunicantes de la política, la justicia y los medios de comunicación al servicio del nacionalismo español se desbordan. Este lunes la Audiencia Provincial de Madrid ha descartado archivar la causa contra Begoña Gómez, esposa como sabe todo el mundo del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, a pesar de que –como sabe todo el mundo también– es un caso palmario de lawfare o guerra sucia judicial. No hace falta ahora repasar las lagunas y arbitrariedades de un sumario instruido con los pies por un juez con afán de notoriedad, sincronizado con una acusación popular formada por una suma de entidades de extrema derecha. Ni los episodios de comedia barata, como la visita del juez a la Moncloa para tomar declaración a Sánchez, o cuando la propia Audiencia tuvo que suspender la sesión porque el propio juez instructor se había olvidado de incluir el recurso de apelación del abogado de Begoña Gómez. Este defensor sostiene que la investigación es prospectiva, un tipo de actuación que no está permitida en democracia.

Es el tipo de investigación a la que se han visto sometidos los independentistas encausados por el Procés o, en su día, varios dirigentes de Podemos. Es cierto que se puede reprochar a Sánchez y a los socialistas no haber hecho nada cuando se produjeron todos estos casos de lawfare, que carcomieron el estado de derecho en España hasta un punto insostenible. Es cierto también que Sánchez trató de especular y sacar rédito con su retirada de la vida pública para darse unos días de supuesta reflexión. Pero todo esto no quita una evidencia: cuando se llega al punto de que el presidente de un gobierno democrático puede verse en problemas importantes por media docena de entidades casposas y un juez destartalado, significa que las cloacas lo han empantanado todo. El siguiente acto, que ya estaba perfectamente preparado, es la cita de Begoña Gómez a declarar a la Asamblea de Madrid, institución pública que la extremista presidenta de la Comunidad, Ayuso, ha decidido que es su circo particular.

En paralelo, hemos podido escuchar los audios de quien fue el jefe de España, el rey Juan Carlos I, comentando a su amante, Bárbara Rey, la buena opinión que le merecen la discreción y el silencio del general golpista Armada. No cuesta nada entender que Juan Carlos habla del golpe de estado del 23-F, y del papel que él mismo tuvo. El lamentable sentido del espectáculo del madrileñismo político, su machismo congénito, ayudado por unos medios de comunicación igualmente reaccionarios, han presentado ambos casos como intrigas de cherchez la femme, historietas galantes en las que mujeres arteras y malvadas acaban causando problemas a los prohombres de la comunidad. Muy lejos de este detritus mental, tanto en el caso del lawfare contra el presidente de España (a través de la persona interpuesta de su mujer) como en el de la descarada impunidad de la Corona española por actuar contra la ley, se trata de cuestiones en las que la democracia española se juega el ser o el no ser. En un estado en el que la corrupción, y la justicia de parte son –estas sí– estructurales.