El canon de residuos y la pulsión recentralizadora
Un paso adelante y dos atrás. Con el canon de residuos, esta es la situación: el gobierno catalán puso en marcha hace 17 años –¡sí, 17 años!– un impuesto medioambiental para grabar los residuos, una tasa que tenía previsto ir ampliando los próximos años pasando de los 47 euros por tonelada actuales a los 70 euros en 2024. Este histórico paso adelante ahora queda en entredicho por el impuesto homogéneo para todas las comunidades autónomas que crea el Estado, aprobado por el PSOE con el apoyo del PP, y que rebajará los mínimos que había consolidado el canon catalán a 40 euros, un evidente paso atrás. Además, la Generalitat perderá la potestad recaudatoria y solo recibirá el dinero por vía del Estado (segundo paso atrás). Catalunya, pues, recula tanto en la fiscalidad ambiental como en la pérdida de competencias. Una doble derrota.
La pulsión recentralizadora del Estado asoma una vez más la cabeza. La presión negociadora de ERC, partido clave para sostener el gobierno de coalición del PSOE con Unidas Podemos, no habrá servido para salvar el canon de residuos catalán. La negociación, que ha agotado hasta el último minuto, ha terminado sin resultados. De hecho, ha terminado peor que el punto de partida. Con este resultado, la Generalitat, que se había opuesto frontalmente a perder su impuesto propio, ve cómo se le escapa del todo. No quería perder la capacidad normativa y convertirse en una especie gestoría del tributo, y al final eso es exactamente lo que ha pasado, por lo que la recaudación irá a parar a Madrid, desde donde le será transferido el dinero. Catalunya solo vigilará su ejecución, nada más. Catalunya no deja de tener impuesto sobre residuos, pero ya es un impuesto estatal y homogéneo para todo el territorio, un impuesto rebajado respecto a lo que había. A Baleares le ha pasado lo mismo. Todo ello, un fiasco.
En la negociación, el PSOE se ha apoyado en el PP, al que, más allá del contenido, en el que ha logrado introducir una decena de enmiendas no precisamente en un sentido de máxima exigencia, sobre todo le ha parecido bien la armonización recentralizadora. Pero es que además los socialistas han visto cómo los partidos vascos (tanto el PNV como Bildu) votaban a favor: el País Vasco no tenía este impuesto y, por tanto, de entrada ya le parece bien aplicarlo y esta vez ve como mal menor que no lo controle directamente: han priorizado introducir más dinero en la caja, aunque sea vía transferencia. Los partidos catalanes, pues, no han contado con la complicidad de los vascos, ni siquiera con el argumento de defender unas competencias descentralizadas.
El gobierno de Pedro Sánchez, lejos de dar muestras de sensibilidad hacia la singularidad del autogobierno catalán o simplemente hacia una idea real de descentralización, una vez más tira por la vía rápida. Lo que ha pasado con el canon de residuos es muy sintomático y no augura nada bueno para futuras negociaciones bilaterales con la Generalitat, y ya no digamos en relación con la mesa de diálogo para abordar el pleito soberanista.