Cataluña, en la cola del Estado en calidad de la vivienda pública

A principios de marzo, la prensa se hacía eco de la crítica al gobierno de la Generalitat, por parte de Foment del Treball y de la Asociación de Promotores y Constructores (APCE), por los acuerdos suscritos en materia de vivienda. Dichos acuerdos eran relativos al registro e impuestos a los grandes tenedores, a la ampliación del derecho de tanteo y retracto, y otros, y la crítica afeaba la limitación al libre mercado y decía que quería proteger las expectativas del negocio inmobiliario. Sin embargo, no eran habituales el tono de enfado ni la argumentación empleada, ya que estas asociaciones se atrevieron a recomendar al Gobierno, tildándolo de ignorante, que no escuchara las propuestas de ERC y los Comuns, para finalmente reclamar que se atendiera la voz de los "verdaderos profesionales del sector".

Es función intransferible del Gobierno definir la política de acceso a una vivienda digna, y también lo es que vele por que constructores y promotores obtengan unos beneficios razonables, siempre que se adapten a las directrices de la política aprobada. En Cataluña, la política de vivienda viene regulada por la ley por el derecho a la vivienda 18/2007, que actualizó las condiciones mínimas de habitabilidad que deben cumplir las viviendas mediante el decreto 55/2009. Un decreto que fue redactado con la participación de catedráticos, arquitectos, promotores y otras asociaciones. Como resultado, se incorporaron conceptos de flexibilidad, adaptabilidad y accesibilidad, con unas exigencias dimensionales inferiores a otras comunidades y ligeramente por debajo de las que eran de aplicación, desde 1976, en Cataluña.

El decreto 55/2009 estuvo vigente hasta el año 2012, y fue derogado por la ley ómnibus del gobierno de Artur Mas. 141/2012. Este decreto, todavía vigente, sitúa el nivel de las prestaciones de la vivienda en Cataluña en la cola de los establecidos por el resto de comunidades del Estado, es decir, a un nivel equiparable a los alojamientos de los primeros polígonos del franquismo.², incluyendo el armario, y los dormitorios secundarios a los 6 m², armario incluido; en las cámaras higiénicas, si el plato de ducha está enrasado con el pavimento, computará como superficie utilizable; en los edificios de tres plantas, los promotores no tendrán la obligación de instalar ningún ascensor, podrán dejar el agujero para que los usuarios lo instalen por cuenta propia, etc. Estas limitaciones, que sitúan a la vivienda pública en el umbral de la infravivienda, vienen agravadas por la inconsistencia de un documento –fruto de una mutilación improvisada de la normativa de 2009– que incorporó objetivos de imposible aplicación, teniendo en cuenta la migradera de las prestaciones propuestas.

Hoy no estamos en la crisis económica de entonces y sí en un contexto de emergencia habitacional estructural, en el que resultaría absurdo apostar por la construcción generalizada de infraviviendas. Una fórmula que, como se ha demostrado, hace permanente la insatisfacción de la demanda y la pervivencia del problema. Es necesario, pues, revertir la herencia de los llamados "profesionales del sector". Y esto aceptando que recuperar el derecho a una vivienda digna encontrará la resistencia de los agentes económicos y financieros, acostumbrados al clientelismo institucional, entre los que se ha extendido la idea de que la vivienda pública (como ocurre con la sanidad y la enseñanza) debe dirigirse exclusivamente a los sectores económicos más desfavorecidos.

Por tanto, no debería sorprender que los "profesionales del sector" actúen de acuerdo con los intereses de las asociaciones a las que representan, y sí debería sorprender, en cambio, la inhibición de aquellos "otros profesionales" que olvidaron su función social para centrarse en la defensa gremial, la autopromoción y el reconocimiento internacional. Hablo de la inhibición de aquellos colegios profesionales que participaban en la defensa de la calidad de vida de los ciudadanos y que se han mostrado indiferentes a la regresión normativa de 2012 y su pervivencia trece años después. Quizás sería el momento en que ofrecieran su colaboración institucional para modificar una situación normativa que debería hacer enrojecer a nuestra sociedad y nuestro gobierno, en comparación con otras que basan la cohesión social de su país en el bienestar de sus conciudadanos.