El Código Penal no acabará con la prostitución

Varios colectivos de trabajadoras sexuales se concentraron esta semana frente al Congreso para protestar contra la nueva ley del PSOE sobre prostitución, que ha sido apoyada por el PP y por Unidas Podemos –sin En Comú Podem–. Una pancarta rezaba: “¿Nos queréis clandestinas o con derechos?”. La pregunta es central porque en los países donde se han tomado medidas parecidas, como Suecia o Noruega, la prostitución continúa, solo que las mujeres están más desprotegidas. Su actividad también se clandestiniza, por lo que tienen menor capacidad de negociación con los clientes; menor autonomía para organizarse con otras compañeras y si sufren agresiones o robos no pueden recurrir a la policía o las instituciones porque estas las persiguen. Si la prostitución no va a desaparecer, ¿queremos a las mujeres escondidas para no ver las cosas que nos parecen odiosas o preferimos que tengan la mayor autonomía posible, el mayor poder para resistir los efectos de la explotación y la violencia? Sí, en la prostitución hay explotación y hay violencia. La criminalización y el estigma facilitan que se reproduzcan. Parece paradójico que una norma que dice querer acabar con el proxenetismo las arroje en brazos de las redes mafiosas o las haga más vulnerables al abuso.

Entre las mujeres que se manifestaban había inquietud por las consecuencias de esta ley sobre sus vidas, ya que el articulado las penalizará directamente, por más que el objetivo declarado sea “salvarlas”. Por ejemplo, se amplia tanto el delito de proxenetismo que tienen miedo de que acabe afectando a su entorno afectivo –hijos, parejas– o a las otras mujeres que trabajan con ellas –organizando el trabajo o limpiando, tareas que hacen muchas prostitutas mayores que no tienen acceso a jubilación–. Se niega además el consentimiento de las mujeres al igualar la prostitución forzada de la voluntaria y autónoma. Ya se sabe, cuanto más amplio es un delito en su definición, más poder tienen los jueces para utilizarlo según su ideología o sus prejuicios. Las cárceles están llenas de pobres.

No es el único artículo problemático, ya que también se penalizará a los clientes o a aquellos que alquilan espacios para el ejercicio de la prostitución. Si bien se supone que este último está pensado para acabar con los burdeles, los que los regentan van varios pasos por delante, ya que cuentan con licencias de hoteles. Sin embargo, sí puede afectar gravemente a las que ejercen de manera autónoma y dificultar todavía más su acceso a la vivienda, ya que muchas viven donde trabajan.

Las trabajadoras sexuales estaban inquietas porque conocen de primera mano las consecuencias de las prohibiciones. Ya están sufriendo la prohibición de la publicidad recogida en la ley del sí es sí. ¿Y ahora qué?, se preguntan. Entienden perfectamente lo que es recibir miles de euros en multas por ejercer en la calle debido a normativas municipales o a la ley mordaza. Saben lo que es ejercer con miedo, tener que esconderse y no poder negociar libremente los servicios. Han aprendido lo que es ser perseguidas por la policía –muchas acaban en CIES o deportadas–. ¿Y las que legislan? ¿Las que dicen querer salvar a estas mujeres en nombre del feminismo saben que el Código Penal tiene consecuencias concretas, duras y materiales sobre las vidas de las mujeres pobres? Probablemente no, porque no les interesa escucharlas y se niegan hasta a recibirlas. Lo importante es ponerse la medalla abolicionista.

La trata de seres humanos es una vulneración atroz de los derechos humanos; sin embargo, las detenciones por esta causa y los rescates de personas sometidas son paupérrimos. De hecho, se libera a más víctimas de explotación laboral que a aquellas destinadas a ser explotadas sexualmente. Quizás el marco prohibicionista no ayuda a la persecución de la trata, aunque sea el principal argumento para justificar esta ley.

Por suerte hay varios partidos en contra. El portavoz del PNV, Josepa Agirretxea, lo ha dicho claramente, la norma provoca la “criminalización” de las prostitutas y “aumenta la vulnerabilidad, la clandestinidad e impide el acceso a los derechos por medio del trabajo”. Este partido está en línea con propuestas como la de Amnistía Internacional, que recomienda la despenalización del trabajo sexual y la eliminación de leyes y normativas que prohíben actividades relacionadas y recomienda centrarse en luchar contra la explotación y los abusos. El Código Penal no acabará con la prostitución, solo la barrerá bajo la alfombra.