El derecho a la protesta, en peligro
En un juicio hay cierta liturgia para hacer constar una objeción. Recuerdo la anécdota de un abogado ceremonioso que formulaba sus protestas de manera “enérgica y respetuosa”. Cuando un juez petulante indicó al secretario “que no conste eso de enérgica”, replicó, socarrón, “que no conste eso de respetuosa”. En la calle, la multitud no expresa la disidencia de manera exquisita sino estridente. Podemos discutir si la reacción violenta contra la tiranía es legítima, pero no hay duda de que la reivindicación pacífica en democracia se ha de admitir y proteger, incluso si es incómoda o molesta. Tal como el llanto de un bebé, una expresión primaria de malestar, es síntoma de salud, la contestación social no es un problema sino un termómetro. Todavía más, un diagnóstico.
La protesta no está codificada en una sola ley, ya que aglutina una serie de libertades (expresión, reunión, asociación...). Como la palanca de Arquímedes, multiplica las fuerzas para proteger la dignidad humana en un mundo inhóspito. Si no fuera por las sufragistas, las mujeres no podríamos votar. Si no fuera por los huelguistas de La Canadenca, trabajaríamos doce horas. Se habla poco de conquistas recientes, como las del movimiento por la vivienda. Algunos avances son estratégicos: el paro de buena parte de los desahucios, la regulación de los alquileres, la reserva de vivienda protegida o el impulso del modelo cooperativo. Otros éxitos tácticos pasan desapercibidos, como el de la huelga de alquileres que ha recuperado para el parque público los HPO de La Caixa, el primer propietario de Cataluña. Pero el gran triunfo es moral. Si Jesucristo, en una escena icónica, expulsa a los mercaderes del templo, el movimiento por la vivienda se esfuerza por expulsar a los especuladores y darle la vuelta al relato: la vivienda como derecho, no como negocio. Con la protesta se expresa descontento, pero también se controla el poder y se insufla la esperanza en un futuro mejor. Por eso solo puede ser limitada bajo condiciones estrictas de necesidad, legalidad y proporcionalidad. Lo cual implica frenar el uso excesivo de la fuerza policial y la criminalización de la protesta pacífica.
El panorama mundial es, sin embargo, desolador. En Francia, la represión a los chalecos amarillos dejó un triste balance de mutilación: veintitrés personas perdieron un ojo y cinco perdieron una mano. En EE. UU., donde la defensa de la libertad de expresión, reunión y prensa está en la Primera Enmienda, ya se ha visto cómo se las gastan los agentes del ICE con ciudadanos “armados” con un silbato. O cómo rocían con gas pimienta a manifestantes indefensos (criaturas incluidas), según un espeluznante informe de ProPublica. También en casa nuestra se ha utilizado contra manifestantes sentados de brazos caídos, con la excusa de desalojar un acceso. Presentar la protesta como una molestia o una amenaza es la coartada perfecta para la reacción virulenta. Menos mal que las imágenes de la agresión a una maestra sexagenaria desmienten la versión del sindicato policial. Justificar energúmenos no es defender la seguridad: es hacer apología de la violencia.
Las maniobras intimidatorias para silenciar la disidencia no siempre son físicas. La administración Trump erosiona los derechos humanos hasta límites nunca vistos. Como muestra, revocó más de 6.000 visados en 2025 por activismo político identificado mediante la vigilancia de las redes. El uso desviado de herramientas de inteligencia va en aumento. En el caso Kennedy, en el Reino Unido, el agente que se infiltró en colectivos ecologistas se hizo sensible a la causa y testificó en favor de los denunciados, acusados injustamente, pero la romantización de los finales felices no debe empañar la visión crítica. Infiltrar policías en asambleas de trabajadores o movimientos sociales, que no son organizaciones criminales, es grotesco porque es ilegal e ilegítimo, no solo torpe e ineficiente. Para no abordar el problema político, de modelo social, se fabrica un problema operativo, de orden público. Se habla de inseguridad para no hablar de desigualdad. En un eslogan de las manifestaciones de docentes –“Menos policías y más profesores”– resuena Pitágoras: “Eduquen a los niños y no tendrán que castigar a los hombres”. Contemplar escenarios alternativos (contrafactuales) incluye deliberar y dialogar, en lugar de reprimir. La contención de los desórdenes públicos no puede pasar por la militarización ni por el uso descontrolado de armas potencialmente letales, sino por la formación de los cuerpos policiales en técnicas de desescalada y mediación.
La carcasa democrática de la vieja Europa conserva la apariencia, pero sufre osteoporosis. El Reino Unido anunció que modificaría la ley de orden público como reacción a las reiteradas concentraciones contra el genocidio palestino. Me pregunto cuántas manifestaciones son suficientes y no excesivas. Y si es la autoridad gubernativa quien debe dibujar el perímetro de los derechos. La idea de que se puedan prohibir manifestaciones considerando su “efecto acumulativo” debería inquietarnos. Algunos juristas pueden ser bastante imaginativos cuando agotan los recursos clásicos. En casa nuestra, los cargos contra los líderes sociales del Procés también se cocinaron con un ingrediente espumoso, la violencia ambiental, muy perverso cuando apunta contra la resistencia pacífica y la desobediencia civil.
Entre las chispas de esperanza en la justicia está la directiva anti-SLAPP para frenar las demandas abusivas contra activistas o periodistas. El estado español ha puesto en marcha dos tímidas iniciativas para transponerla. Mientras tanto, Greenpeace planta cara a una gran petrolera en el llamado pleito del siglo. Ha superado la fase preliminar en los tribunales de Ámsterdam y ha lanzado una campaña con el corto SLAPP Suit con Javier Bardem y Yasmin Finney. No defiende solo a su organización, sino también el derecho de exigir explicaciones y responsabilidades a los que contaminan.
La libertad, según Orwell, consiste en poder decir que dos y dos son cuatro. Si conquistamos esta libertad, conquistamos todas las demás. Quiero creer, como el poeta Eugenio Montale, que “la historia no es el bulldozer devastador que dicen. Deja túneles, criptas, agujeros y escondites. Hay quien sobrevive”.