La deuda y los deberes
Cataluña convive con una gran deuda y con deberes pendientes. La primera, que supera los 90.000 millones, hace que cada catalán, solo nacer, cargue con un pasivo de 10.999 euros, con datos del censo actual, que supera los 8,2 millones de personas. La segunda es la obligación de reformar un sistema de financiación autonómico caducado desde hace más de una década, engorroso y complejo, que provoca que las comunidades que más aportan acaben quedando por debajo de las que más reciben una vez se hace el reparto de los recursos del sistema.
Si la enorme hipoteca de más de 90.000 millones se debe a una mala gestión, es decir, a estirar más el brazo que la manga, o bien si hay una parte que se debe a la infrafinanciación, que también afecta a comunidades como las Baleares o la Comunidad de Madrid y a gran parte del arco mediterráneo, lo aclaró la Sindicatura de Comptes. En un informe que utiliza la Generalitat, este organismo calculó que más de 33.000 millones de deuda entre 2002 y 2022 eran consecuencia de la insuficiencia del sistema.
Los instrumentos de que se dispone desde 2012 para proporcionar liquidez a los territorios son un ejemplo de la necesidad de construir un sistema más robusto. En 14 años, el Estado ha aportado, con instrumentos como el FLA, más de 500.000 millones de euros, de los cuales más de 170.000 han ido a Cataluña. Pero no han sido dinero a fondo perdido sino a crédito y, en muchas ocasiones, con intereses tan elevados que han llevado al gobierno catalán a refinanciar una parte de la deuda más cara –por ejemplo la de 2023–. Y también a colocar una pequeña parte de deuda nueva a largo plazo entre bancos privados, dispuestos a prestar el dinero a menos coste que el Estado.
Para resolver estas cuestiones hay algunas herramientas sobre la mesa. Una es la condonación parcial de la deuda del fondo de liquidez autonómico (FLA), por un valor de más de 83.000 millones, de los cuales más de 17.000 corresponden a Cataluña. Esta medida, que puede aliviar los costes financieros territoriales, tiene posibilidades de salir adelante en el Congreso, a menos que se tuerza aún más la situación política.
La otra vía para resolver el problema es bastante más compleja. Actualmente hay sobre la mesa un modelo nuevo de financiación autonómico que, como en anteriores ocasiones, ha surgido de Cataluña. La actual atmósfera política, irrespirable y en modo electoral total, hace difícil conseguir una reforma. El problema es que no solo se oponen a la fórmula las comunidades del PP, sino que una de las que podría sumarse, Asturias, en manos del PSOE, también se decanta por el no.
Estamos más ante una batalla política que ante un interés por resolver la financiación de las autonomías, que es una cuestión que tanto unas como otras admiten que debería solucionarse. La paradoja es que una iniciativa que todo el mundo considera necesaria se intenta que no llegue ni a discutirse, a pesar de que lo ideal sería que se llegara a tramitar y, durante el proceso, todas las partes llevaran a debate aquellos puntos que consideraran necesarios para llegar a una fórmula con el máximo consenso. Pero para eso haría falta que los partidos estuvieran dispuestos a aislar esta cuestión fundamental del ruido partidista.