La economía balear, 'fábrica de España'

Lo decía el historiador Jordi Nadal refiriéndose a la economía catalana a la vista de su industrialización y modernización del siglo XIX. A estas alturas, en el siglo XXI, quizás podríamos decir que el turismo es –el isleño en particular, visto su peso demográfico y su contribución–, la gran fábrica (de divisas) de España. Sin la entrada de divisas que el turismo proporciona no podría equilibrarse la balanza exterior por cuenta corriente –más del 4% del PIB–, y sufragar al completo el déficit de rentas y el de la energía. Ciertamente, Cataluña es la gran receptora de los casi cien millones de visitantes anuales, con un 25% del total; un 50% por encima de su peso demográfico. Pero, relativamente, las Islas son, respecto a su población, la principal sujetadora del saldo exterior, de los déficits comerciales, de una economía española que de otro modo importa mucho más de lo que exporta, con un número de estancias que quintuplica el propio y ya elevadísimo del Principado. Una aportación que representa a 13 puntos del PIB y en crecimiento reiterado.

Esta aportación, más allá de la visita en verano de los reyes a Mallorca, no provoca ningún reconocimiento particular. Es obvio que para mantener las contribuciones a la economía española, con la complicidad de los poderes locales, si ha sido necesario trinchar el territorio nadie ha pedido permiso. Si esto ha distorsionado por la vía de la rentabilidad a corto plazo el resto de sectores productivos nadie ha pedido disculpas. La máquina del traslado de beneficios a algunos y la asunción de costes sociales conjuntos no ha cesado. Se subvenciona el transporte, se mantiene el IVA reducido y se tolera un mercado de trabajo de supervisión laxa con estacionalidad de paro financiada entre todos. Y todo desde el señuelo de la creación de nuevo empleo –no importa de qué calidad–, que pesa cada vez menos en el mercado de trabajo de los isleños. Se trata, año tras año, de maximizar la llegada de turistas para facilitar que cuadren las cuentas de la economía española y batir récords de empleo y de PIB global, a través de un incesante crecimiento de oferta ya costa de un deterioro de los indicadores de calidad de vida. Satisfacer los aumentos de la oferta turística con más y más demanda, aunque no siempre con precios más altos, se ha convertido en el reto de cada año. De la temporada. No lo es la sostenibilidad, la compatibilidad con los recursos naturales. Tampoco el mantenimiento de las cotas ya alcanzadas (es decir, con tasas de incremento cero), para mejorar su calidad, frente al suicidio de tasas crecientes.

Cualquier gobierno español, del color que sea, se beneficia de esta deriva. Pero cuando se trata de mirar los estragos de este proceso, los distintos gobiernos miran hacia otro lado. Favorecer por ello un modelo económico basado en la entrada de más y más inmigrantes no se acompaña de ninguna compensación pública de sus efectos colaterales. En la financiación de los servicios públicos, es la población de derecho la que marca la transferencia; la presión sobre los residentes de la población de hecho, estacionales, no sabe hacerse corresponder con una oferta flexible de infraestructuras físicas, ni humanas en nuestros hospitales, ni de adaptación de servicios municipales. Que haya un problema de vivienda, con una demanda hinchada por no residentes, y que ni autóctonos ni trabajadores recién llegados puedan acceder a ella, parece que no preocupa a los responsables públicos estatales; tampoco que el coste de la vida sea muy superior al general, con los mercados hinchados por la demanda exterior, que no recoge en ningún caso la transferencia por la financiación autonómica. Que ya se sabe que si el gobierno quiere más recursos, ya exprimirá a los propios con más impuestos (Catalunya), con la carga de la deuda (País Valencià) o animando a ordeñar más el trinchado de territorio grabando crecientes transmisiones patrimoniales (Baleares). Y para la ciudadanía, como agricultores ricos que se percibe que somos los isleños, si queremos mejores servicios ya los buscaremos en el sector privado por nuestra cuenta, descuidando que no todo el mundo se les puede pagar, y agrandamos así la brecha de la desigualdad social.

Yo no sé si todos aquellos políticos isleños que hacen la garganta en la recepción de verano de los Borbones en Palma, o se someten a los intereses superiores a las ejecutivas estatales de sus partidos, se sienten compensados ​​por aquellas fotografías, promociones políticas y discursos generalistas. Pero sí sé que esto ayuda a distanciar a la ciudadanía de una realidad económica que ha beneficiado a algunos autóctonos, sigue salvando la economía española y marca un futuro muy pobre a la economía isleña.