Equipaje de mano, impuesto invisible
Recuerdo perfectamente mi cara de asombro la primera vez que me dijeron, en la puerta de embarque de un aeropuerto, que mi pequeña maleta de mano no estaba incluida en el billete. No importaban ni el tamaño ni el peso. Simplemente no estaba previsto. Y me tocó pagar, en efectivo o en tarjeta, justo antes de embarcar. Me indigné. No había nada que hacer. O pagaba o me quedaba en el suelo. Desde entonces he visto cómo esta escena se repetía cientos de veces: pasajeros que, resignados, abonan un recargo muchas veces superior al precio del billete. Una práctica tan extendida que forma ya parte de la rutina de volar con ciertas compañías aéreas.
Ahora el ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha incoado un nuevo expediente sancionador de casi doscientos millones de euros a cinco compañías aéreas de bajo coste por cobrar de forma indebida el equipaje de mano, la reserva de asientos contiguos y otras prácticas engañosas por falta de claridad informativa al viajero. Los expedientes de años anteriores están pendientes de sentencia en la Audiencia Nacional.
Pero, como economista, me interesa otro detalle: el destino final de este dinero en forma de sanciones. El dinero de la multa será ingresado por la administración. tarjeta de embarque, nombre del pasajero, recibo de pago. Lo lógico sería que se obligara a devolverlo a cada viajero.
El resultado es paradójico. Se penaliza a las compañías aéreas por incumplir la normativa, sí, pero no se repara el perjuicio real: miles de viajeros pagando por llevar los mínimos elementos indispensables para un viaje de larga distancia. Una forma de financiación pública que bajo la etiqueta de sanción funciona como un tributo improvisado. Lo sorprendente es que nadie reclame la devolución. Y que, al final, llevar lo básico para viajar se convierta en una contribución forzosa al presupuesto público.
La sentencia debería pronunciarse en este sentido: devolución a los pasajeros uno por uno y, en todo caso, sanción posterior por incumplimiento de la normativa.