Fatiga de los materiales y ciudadanos
Cataluña vive un colapso ferroviario y viario indigno de una economía avanzada. Cuando los trenes de Cercanías dejan de circular, se detiene el tráfico de mercancías con Europa y la autopista AP-7 queda cortada; cuando el AVE no da un servicio efectivo y fiable, el país se inmoviliza y la credibilidad de los gobiernos –que una y otra vez han prometido inversiones que nunca llegan– queda seriamente dañada. La indignación ciudadana ante este desbarajuste es más que comprensible: nadie debería quedar rehén de un transporte público deficitario sin que se depuren responsabilidades. Cada jornada de caos logístico supone una herida en la economía productiva y en la confianza de los ciudadanos.
Las infraestructuras catalanas llevan tiempo funcionando al límite, y cada incidencia grave tiene un impacto directo en la credibilidad de las instituciones y en la economía. El corte de cinco días consecutivos en la AP-7 –arteria clave que soporta la mayor parte del transporte de mercancías del país– ha provocado un efecto en cadena en toda la red viaria: asfixiar a la AP-7 equivale a ahogar una de las principales arterias económicas de Catalunya. Del mismo modo, las averías constantes en Cercanías no sólo desesperan a los usuarios, sino que restan horas de trabajo y productividad en el conjunto del país. Es una situación propia de un entorno subdesarrollado, no del motor económico competitivo que Cataluña quiere ser. A las empresas se les encarecen los costes logísticos y los trabajadores no son propietarios de su tiempo. La inadecuación de las infraestructuras actúa como un lastre sobre el crecimiento económico y la calidad de vida del ciudadano.
Sin consensos básicos
La queja por la falta de inversión del Estado en las infraestructuras catalanas viene de lejos y está avalada por los datos. Desde 2010 hasta 2023 sólo se ha ejecutado el 50,3% de la inversión ferroviaria presupuestada por el Estado en Cataluña. En otras palabras, de más de 11.000 millones de euros prometidos en este período, más de 5.600 millones nunca se han llegado a gastar. Este incumplimiento crónico se ha mantenido tanto con gobiernos del PSOE como del PP, lo que evidencia un problema estructural que traspasa colores políticos.
Mientras las obras dependientes de la Generalitat se completan en un 88% (dato del periodo 2001-2019), las del Estado sufren retrasos e incumplimientos escandalosos. Las excusas habituales sobre la supuesta complejidad de cada proyecto no justifican esa diferencia abismal.
Si algo indigna tanto o más que la desinversión es la falta de rendición de cuentas. Año tras año se repite el patrón: se anuncian millones en obras que no se materializan, y nadie asume responsabilidades. Se minimiza el alcance del problema y se camuflan los incumplimientos bajo la alfombra de cifras, que se politizan y no se reconocen como certezas. Esta actitud menosprecia a la ciudadanía y frota la tomadura de pelo. ¿Cómo puede que ningún dirigente dé explicaciones claras de los proyectos que sistemáticamente no se hacen? ¿Dónde están las auditorías independientes y los mecanismos de control que exigirían rectificaciones inmediatas? La falta de consecuencias palpables alimenta la sensación de impunidad y desbarajuste en la gestión pública.
Un factor que contribuye a esta situación es la falta de capacidad técnica en los lugares de decisión. Las infraestructuras son un ámbito complejo que requiere conocimientos específicos en ingeniería, logística y planificación; sin embargo, buena parte de los responsables políticos carecen de esta formación. Que la dirección política esté a menudo en manos de gestores sin bagaje técnico no significa necesariamente incompetencia individual, pero sí que puede explicar decisiones erráticas y falta de visión a largo plazo. A menudo, la planificación queda supeditada al cortoterminismo electoral.
Infraestructuras: bases de la economía y la vivienda
No se trata sólo de trenes y carreteras, sino del cimiento del progreso social y económico. Unas infraestructuras que funcionen son básicas para la competitividad económica y también para garantizar el acceso a la vivienda. En el caso catalán, la importancia es mayúscula. Catalunya ha ganado a más de 700.000 habitantes en la última década y 2 millones en los últimos 30 años, por lo que la demanda de transporte no ha parado de crecer. Al mismo tiempo, la crisis de la vivienda ha empujado a muchas familias y trabajadores a vivir fuera de Barcelona. Los desplazamientos se convierten en un suplicio que condiciona el acceso real a una vivienda asequible. Hay que añadir que la bonanza económica reciente –con más empleo y menos paro– también incrementa la movilidad: a más gente trabajando, más desplazamientos diarios hay que absorber.
Malestar político
No se puede desatar la actual indignación ciudadana de la que hace una década alimentó el Proceso. La percepción de un trato discriminatorio venía ya de lejos y fue parte del combustible que encendió la movilización soberanista. Cuando una sociedad se siente humillada e ignorada en sus necesidades básicas, el resentimiento acumulado termina encontrando vías de expresión.
Hoy, con el movimiento soberanista en una fase de impasse y de negociación, el peligro es que la frustración se desborde por otros canales menos deseables. Si los gobiernos –tanto catalán como español– no dan una respuesta efectiva a la asfixia de las infraestructuras, la indignación colectiva buscará nuevos altavoces. Y serán formaciones populistas o extremistas. El descrédito de la política tradicional es el caldo de cultivo perfecto para que opciones radicales crezcan. Es así como un legítimo malestar económico puede convertirse en combustible para movimientos que ponen en riesgo la convivencia y los consensos democráticos.