La financiación y el precipicio
Catalunya sabe muy bien cuál es el coste de los eufemismos y el valor del principio de realidad. Por eso, cuando emerge la negociación sobre el sistema de financiación, sería de agradecer elegir palabras precisas y poco edulcoradas. Los gobiernos del PSC y el PSOE pactarán en la Bilateral las características generales del modelo de financiación y en la negociación con ERC deberían sentarse las bases para la recaudación de los impuestos, empezando por el IRPF. Fuentes de la negociación hablan de "poner las bases para un modelo singular para Catalunya que se pueda generalizar al resto de comunidades". La traducción es: se ha pactado un modelo de financiación para Catalunya -como siempre, porque en todas las reformas ha llevado la iniciativa- que no será ni un concierto, ni tampoco singular, porque será extrapolable a todas las comunidades autónomas.
¿Significa esto que será un mal acuerdo? No necesariamente. Se tendrán que leer los detalles, siempre endemoniados, pero puede ser un avance en el marco de la realidad actual, que es susceptible de empeorar mucho y rápidamente.
Pactado el marco general, el gran enigma es todavía la cifra exacta de recursos que habrá que inyectar en el sistema. La negociación debería empezar a partir de los 18.000 millones, que significarían la actualización de la cifra añadida en el modelo pactado en el año 2009 y que caducó en el 2014.
La principal virtud del sistema es que hablará de ingresos y no solo de gastos, y de garantizar el principio de ordinalidad efectiva al final de todos los cálculos. La clave es que no debería prever anticipos –es decir, los anticipos aproximados del sistema actual que el Estado liquida a los dos años– sino la recaudación directa de los impuestos. Hace décadas que Catalunya reclama no solo disponer de más dinero sino tener la capacidad de decidir cómo lo gestiona y qué prioridades establece en el gasto. Un sistema fiscal descentralizado debe permitir a Catalunya ser más competitiva, atraer inversiones y estimular el desarrollo de sectores clave que pueden garantizar el crecimiento a largo plazo. Pero la autonomía fiscal no es solo cuestión económica, sino también política. Retomar el control sobre los recursos permitiría a Catalunya tener más margen de acción en un contexto global en el que la competencia entre regiones y países es cada vez más aguda.
Hay todavía muchas incógnitas fundamentales que tendrán que aislarse durante la negociación. Qué porcentaje de impuestos se recaudarán, en cuántos años se desarrollará la gradualidad de esta recaudación, cómo será la relación entre las dos agencias tributarias, con qué criterio se decidirá la cuota de solidaridad, cómo se concretará la reforma legislativa de la LOFCA y las leyes de financiación de las comunidades autónomas y de Catalunya. ¿Se compensarán los beneficios del efecto capitalidad de Madrid que le permiten hacer dumping fiscal a costa del resto de territorios? ¿Se blindará una financiación suficiente para todas las competencias, especialmente las no homogéneas?
Entre las cuestiones más complicadas de negociar y que hoy todavía están abiertas está el desarrollo de la Agència Tributària Catalana. Los expertos hablan de un desarrollo de unos cinco años antes de recaudar la totalidad del IRPF y políticamente nadie se atreve a precisar si habrá una plataforma compartida entre las dos agencias. Por ahora, las negociaciones suenan a un estatutario consorcio y a compartir datos de los contribuyentes.
El futuro de la negociación del sistema de financiación no puede aislarse de la inestabilidad de la situación política. Si las reformas legislativas no se hacen rápidamente, quedarán empantanadas una vez más en el barro de la política madrileña amenazada de un adelanto electoral. Para pactar la reforma legislativa habrá que contar con ocho partidos, entre ellos los valencianos de Compromís, que viven una situación de liquidez agónica y necesitan poder sumarse a la reforma. Por lo tanto, hará falta mucha negociación subterránea con los socios de la investidura de Sánchez.
Sobre todo habrá que ver cómo evoluciona la salud del gobierno español, acosado por el caso Cerdán y atenazado por el temor a nuevas revelaciones que puedan convertir lo que hoy es un caso de corrupción en un caso de financiación irregular del PSOE, como parece buscar el juez. Pedro Sánchez salió vivo de la comparecencia en el Congreso gracias al miedo de sus socios y al jefe de la oposición. Feijóo no es capaz de tender puentes con los socios potenciales y los escarnece lanzándose a los brazos de Vox, una estrategia que no parece la más inteligente para obtener una mayoría que lo lleve a la Moncloa. Sin propuestas alternativas y desperdiciando lo que podía haber sido en la práctica una cuestión de confianza, el PP juega solo con la dureza de romper las piernas al contrincante y su familia, como si además de la declaración de patrimonio ahora los políticos tuvieran que presentar las credenciales morales del suegro.
En una sesión muy crispada, los socios de la investidura salvaron a Sánchez. Aproximándose al umbral del precipicio, mirando la altura de la caída al vacío y calculando la violencia del impacto, han preferido mirar todos hacia otro lado y seguir por el camino empinado aunque sea difícil. En ese contexto se negocia la financiación.