Garantizamos la vivienda, reforzamos la democracia
Nadie puede dudar de que vivimos tiempos excepcionales. En las últimas semanas se ha puesto de manifiesto la necesidad de articular una política de defensa europea ante la amenaza de Putin en las fronteras del este. Tanto la presidenta de la Comisión Europea como jefes de estado y gobierno de los grandes países de la UE han manifestado la necesidad de incrementar el gasto en defensa utilizando todos los mecanismos al alcance: desde la emisión común de deuda hasta la flexibilización de las reglas fiscales.
Pero la amenaza de la Rusia de Putin, amplificada por el alejamiento y el desprecio de Estados Unidos de Trump, no es el único peligro que afronta la Unión Europea. Las democracias europeas tienen por delante a otro adversario, ese interno y no menos peligroso: la emergencia social causada por la falta de vivienda digna y asequible, principalmente en las grandes ciudades.
La crisis de la vivienda plantea un doble desafío. En primer lugar, reta directamente a la propia democracia. Porque la incapacidad de garantizar el derecho a la vivienda puede llegar a poner en duda la capacidad de las instituciones democráticas para satisfacer las necesidades básicas de la ciudadanía. No podemos permitir que esto ocurra, sobre todo cuando la derecha más extrema avanza en Europa y en todo el mundo. Hoy, garantizar la vivienda es defender a la democracia.
La crisis de la vivienda desafía también al proyecto europeo y su promesa fundacional. La UE nació como proyecto de paz y ha crecido como un proyecto de bienestar. Hoy en día, ese bienestar exige garantizar el derecho a la vivienda a todos los europeos. No hacerlo, no estar a la altura que exige ese momento grave, sólo beneficiará a los populismos autoritarios de extrema derecha que ascienden con bastante por todas partes.
Ante esta emergencia, las ciudades europeas nos hemos unido para impulsar un cambio de las reglas del juego en todos los niveles, desde la administración local hasta la comunitaria. Éste es el mensaje que trasladamos 13 ciudades europeas como París, Roma o Budapest, a instancias de Barcelona, a las instituciones comunitarias, en una reciente jornada de trabajo en Bruselas. También es el mensaje que he compartido en el Foro Anual del Banco Europeo de Inversiones, el principal órgano financiero de la UE.
Este cambio de las reglas del juego debe traducirse en medidas concretas: hemos propuesto que el gasto público en vivienda no compute en las reglas del déficit, al igual que los estados lo han propuesto para el gasto en defensa. Esto tiene sentido particularmente en aquellos países como el nuestro donde el porcentaje de parque público de vivienda es muy inferior a la media europea. La lógica es evidente: si vivimos tiempos excepcionales para la defensa, también vivimos para la vivienda.
En Barcelona este cambio lo concretamos en dos principios: tratar la vivienda como una infraestructura social, como el quinto pilar del estado del bienestar, y dotarle de un carácter universal, es decir, asegurando que todo ciudadano y ciudadana tenga reconocido y plenamente garantizado el derecho a un techo digno y asequible. Por eso estamos aplicando una serie de medidas pioneras en España, como el tope de precios al alquiler habitual, y reivindicando otras, cómo limitar también los alquileres temporales. Y al mismo tiempo medidas pioneras en el mundo, como la extinción de todas las licencias de pisos turísticos, programada en Barcelona para 2028.
Para superar la crisis de la vivienda se necesitan nuevas soluciones a todos los niveles: de Barcelona a Bruselas, pasando por Madrid. En Europa éste debe ser el mandato de la vivienda, y las ciudades debemos ser protagonistas activas de este cambio. Vivimos tiempos excepcionales que requieren medidas excepcionales. Y no podemos, no tenemos derecho a dormirse.