El gobierno de los tribunales

Que el Tribunal Supremo se permita ahora poner en cuestión la regularización de inmigrantes llevada a cabo por el actual gobierno de España (el plazo para acogerse a ella acababa este martes) nos dice varias cosas. La principal, que el alto tribunal, con mayoría de magistrados del PP y de Vox, no tan solo está bien decidido a continuar la lucha por la salvación de España mediante la persecución de izquierdistas corruptos, o sospechosos, o señalados (“algo habrán hecho”), sino que también ha decidido impugnar las políticas de un gobierno elegido democráticamente. Esto no es ninguna novedad, sino que —decíamos ayer— lo sabemos como mínimo desde la sentencia del Constitucional contra el Estatuto de Cataluña. Ahora, sin embargo, con el independentismo deshecho, esparcido e intoxicado con discursos de odio y supremacismo/racismo (vencido, por tanto), ya no les hace falta ocuparse de las que los magistrados llamarían “cuestiones territoriales”. En vez de eso, ahora prefieren intervenir en la política inmigratoria: a cada momento, su debate.Las “dudas” del Supremo en relación al proceso de regularización de inmigrantes se ven suscitadas por las demandas presentadas por dos comunidades autónomas, Aragón y el País Valenciano, gobernadas por el PP y Vox, o por el PP con el apoyo de Vox. Son comunidades con gobernantes que sostienen —también lo dicen en Baleares, por ejemplo— que la regularización de inmigrantes causará problemas de trabajo y de vivienda a los españoles. Se ve que el turismo de masas y la especulación descontrolada no causan este tipo de problemas; en cambio, dar reconocimiento legal a las personas que ya viven aquí —sometidas a explotación laboral e inmersas en la economía sumergida— sí que causa problemas. ¿O quizás es que estos partidos también se han dado cuenta de que los discursos antiinmigración, de odio y racismo/supremacismo tienen, en efecto, un gran predicamento en nuestros días y se abonan a ellos con contumacia. Y con la seguridad jurídica del Supremo, que los acompaña de buen grado en este viaje.Para hacerlo, el Supremo mira, y esto sí que es nuevo, hacia Europa. Tradicionalmente, la justicia española desconfía y habla mal de los tribunales europeos, y los ha denigrado, insultado y ridiculizado cada vez que se han pronunciado a favor de independentistas o raperos exiliados. Ahora, sin embargo, buscan complicidad y amparo bajo el amparo del Pacto de Migración y Asilo de la UE, que entró en vigor el día 12 de junio y que es uno de los documentos más vergonzosos que ha producido la Unión en toda su historia. Se puede intentar justificar con los subterfugios que se quieran, pero es la UE dándose luz verde a sí misma para hacer campos de detención donde los inmigrantes serán abandonados a una suerte incierta y a menudo fatal; eso sí: en países extracomunitarios, para que no se vea tanto. El Supremo se aferra a ello para profundizar en la deriva del estado español, según la cual los tribunales toman las riendas del gobierno como y cuando les interesa hacerlo. El Pacto de Migración y Asilo (el nombre ya es un sarcasmo) es, por su parte, un paso de gigante de la UE hacia su autodestrucción.