Guerra (de lenguas) en Ucrania
Hace poco, en un artículo sobre la delicada situación que vive Ucrania ("El lío ucraniano", 30/1/2022), el filólogo Xavier Fresno acusaba al gobierno de aquel país de "limpiar y ucrainizar" lingüísticamente todo el territorio "al más puro estilo post Segunda Guerra Mundial". La comparación con la Segunda Guerra Mundial está fuera de lugar, porque el gobierno ucraniano no ha incurrido en las expulsiones de población que explican hoy la homogeneidad lingüística de países como la República Checa o Polonia. La exageración, sin embargo, no impide que Fresno tenga razón cuando señala que el estado ucraniano tiene dificultades para asumir su carácter multinacional y multilingüe y que Vladímir Putin las sabe aprovechar a pedir de boca.
El Euromaidan de 2014 fue una revolución democrática pero sobre todo una revolución nacionalista. El 23 de febrero de 2014, en el punto álgido de las manifestaciones contra el presidente pro-ruso Yanukóvich, la Rada Suprema (Parlamento) de Ucrania aprobó la derogación de la ley de 2012 "sobre principios de la política lingüística estatal". Esta ley permitía la oficialización de las lenguas de Ucrania diferentes del ucraniano en todas las unidades administrativas donde fueran habladas por más de un 10 por ciento de la población. En su momento, el comité del Consejo de Europa que supervisa la aplicación de la Carta Europea de Lenguas Regionales o Minoritarias había dado una efusiva bienvenida a la ley, que sustituía una ley de lenguas todavía de época soviética (1989), utilizaba las definiciones de la Carta y era "largely congruent" con muchas de las previsiones que contiene.
Consciente de los efectos divisivos que podía tener la derogación de la ley, el presidente en funciones de entonces, Oleksandr Turchínov, se negó a firmarla. Poco tiempo después 57 diputados de la Rada presentaron un recurso de inconstitucionalidad contra la ley ante el Tribunal Constitucional de Ucrania. Con una discutible argumentación formal, el 28 de febrero de 2018 el Tribunal Constitucional sentenció que la ley era inconstitucional. Ante esto, en vez de impulsar una nueva ley de protección de las lenguas regionales o minoritarias, lo que hizo el gobierno ucraniano fue llevar al Parlamento una ley de protección de la lengua estatal. La ley fue sometida al escrutinio de la Comisión de Venecia del Consejo de Europa, que hizo una valoración muy crítica. La Comisión pidió explícitamente que se revisara la ley para asegurar su compatibilidad con los compromisos internacionales de Ucrania derivados, entre otros, de la Carta Europea de Lenguas Regionales o Minoritarias, y en particular consideró que no tenía una justificación objetiva ni razonable el tratamiento diferencial que prevé la ley entre las lenguas de los "pueblos indígenas" (tártaro de Crimea, caraíta y krymtchak), las lenguas de minorías nacionales que son lenguas oficiales de la Unión Europea (húngaro y rumano, principalmente) y las lenguas de minorías nacionales que no son lenguas oficiales de la Unión (el ruso, mira por dónde). Esta distinción, que también está presente en la ley de educación ucraniana, no tiene otra finalidad que limitar el reconocimiento y uso de la lengua rusa en Ucrania. (Un solo ejemplo bastará: en las escuelas de este tercer grupo de minorías nacionales, la ley prevé que a partir de 5º el 80% del currículum se enseñe en ucraniano.)
Por motivos lógicamente diferentes, 51 diputados de la Rada presentaron un recurso de inconstitucionalidad contra la ley sobre la lengua estatal. En este caso el Tribunal Constitucional, desoyendo las duras reservas de la Comisión de Venecia, ratificó la constitucionalidad de la ley. En la sentencia publicada apenas hace un año, el Tribunal Constitucional ucraniano hizo una serie de afirmaciones a propósito del ucraniano que seguramente nos habrían parecido intolerables si las hubiera hecho el TC español a propósito del castellano. El TC ucraniano dijo que "la lengua ucraniana está llamada a garantizar la unidad y el monolitismo (монолітність) de la sociedad ucraniana".
En resumen: que Putin utiliza el ruso como instrumento de expansión geopolítica es evidente. Pero también es evidente que la incapacidad del nacionalismo ucraniano para asumir que el ruso es un elemento estructural de la sociedad ucraniana alimenta esta instrumentalización. Quizás es a la inversa de lo que dice el Tribunal Constitucional de Ucrania y lo que garantizará la unidad del estado ucraniano y su misma existencia no es la lengua ucraniana sino la asunción que Ucrania es un estado constitutivamente multilingüe.