En las últimas semanas ha habido algunos posicionamientos relevantes en contra de la propuesta de financiación singular para Cataluña. El Senado ha completado su encuesta al respecto. Pese a que existían buenos defensores de la financiación singular entre los expertos convocados, el Senado, de mayoría absoluta del PP, hizo un informe totalmente negativo. En la conferencia de presidentes de comunidades autónomas (CA) el presidente Isla tuvo que escuchar críticas contundentes y descalificaciones radicales. El Colegio de Economistas de Madrid ha presentado un extensísimo informe absolutamente negativo. ¿Tan floja es la propuesta de financiación singular? Expongo algunos argumentos, en determinados casos suplementarios a los que ya se conocen, para avalar y acentuar la necesidad de la propuesta catalana.
No nos engañemos sobre qué es el Consejo de Política Fiscal y Financiera. El gobierno central tiene el 50% de los votos, y le basta con una CA favorable a su propuesta para sacar adelante lo que quiera.
Muchos de los críticos han pasado a dar por buenos los cálculos de déficit fiscal por el método del flujo de caja (que tanto han criticado siempre), para mostrar lo ruinosa que para las otras comunidades autónomas españolas y para el Estado sería aceptar el modelo de financiación singular, que identifican cómo "acabar con el déficit fiscal catalán". Otros asumen que se mantendrán las sobrefinanciaciones actuales de algunas CCAA y que aplicar el principio de ordinalidad hará que todo el mundo esté al nivel de la CCAA mejor financiada, deduciendo que el esfuerzo financiero del Estado es inasumible. Sin embargo, las sobrefinanciaciones de algunas CA pueden irse reduciendo con el paso del tiempo hasta eliminarlas completamente. Pueden recibir una asignación transitoria hasta alcanzar el respeto al principio de ordinalidad.
Escandaliza la negativa de los críticos a aceptar que hay que tener en cuenta la paridad de poder adquisitivo (PPA). Todo funcionario público sabe lo real que es el concepto, y todo pensionista, también. El coste de la vida no es el mismo en todas partes. Escandaliza aún más que el gobierno no publique el coste de la vida de todas las comunidades autónomas. El INE le conoce a escala autonómica, provincial y local, porque es indispensable para calcular los Índices de Precios al Consumo (IPC), pero sólo publica las variaciones de los IPC. ¡La comparativa de niveles absolutos es un secreto de Estado! Cuando hay incrementos del salario mínimo, la prensa económica de Madrid reacciona de inmediato quejándose de que en muchas provincias el salario mínimo es muy parecido al salario medio. Esto se debe al impacto de la diversidad de costes de la vida. Hay que tenerlos en cuenta, y corregir los recursos públicos del modelo de financiación disponibles por CCAA en función de las PPA. Los datos oficiales darían muchas sorpresas, y el impacto sobre el modelo de financiación aún más.
Escandaliza que se dé por bueno el concepto de población ajustada, cuando es una distorsión extrema de la realidad. Si el principio constitucional es la igualdad de trato de los ciudadanos, todos deben contar igual. Detrás de la población ajustada se esconden negociaciones bilaterales para obtener financiaciones singulares. O sea, lo que Catalunya pide, ya lo tienen todas las CA menos Cataluña.
De las distorsiones de cómo se mide la población sorprende muy negativamente que, a efectos de necesidades de atención sanitaria, se descuente la población que paga mutuas de asistencia sanitaria privada, como si esto fuera una señal de riqueza, cuando es una señal de discriminación que sufre la sanidad pública catalana y la financiación pública de la Generalitat. La sanidad pública tiene excelentes profesionales pero los plazos de espera para obtener atención sanitaria son inadmisibles en muchas ocasiones. Esto ocurre en Cataluña y es lo que obliga a muchas familias a contratar seguros privados de atención sanitaria. Si la atención pública fuera tan rápida como en otras comunidades autónomas, mucha gente dejaría de contratar seguros privados de salud. Eliminar esta distorsión completamente contraria a la igualdad de la ciudadanía es indispensable.
Los Índices de Progreso Social publicados por la Comisión Europea retratan el impacto del maltrato en Cataluña y su inconstitucionalidad. La prosperidad catalana es utilizada para financiar CA que acaban disfrutando de niveles de bienestar muy superiores a los catalanes.
Finalmente, escandaliza que no se acepte que la propuesta de financiación singular está abierta a todo el mundo que la quiera aprovechar. No es una obligación, sino una posibilidad alternativa. En el Estado han convivido varios modelos de financiación en otras ocasiones, y ahora mismo existen tratos singulares en función de varios criterios como los propios conciertos, la insularidad o compensaciones en gasto focalizado en CA específicas.
