El hecho de que hace pocas semanas, cuando se discutía la reforma fiscal en el Congreso, se estudiara en serio fijar un impuesto sobre las cuotas que se pagan a las mutuas privadas de seguro sanitario me sorprendió y alarmó. Visto desde las Españas, se consideran como un signo de riqueza algunos pagos que deben realizarse en comunidades como la catalana, cuando en realidad son un signo de maltrato económico porque el Estado no aporta lo que debería aportar. Se contratan mutuas para acceder con mayor rapidez a servicios sanitarios y no tener que esperar excesivamente. La situación tiene un fuerte parecido con lo que ocurría –y todavía ocurre– con los peajes. Muchos españoles se escandalizaban de tener que pagar peajes en las autopistas catalanas y lo veían como una explotación por parte catalana, cuando era justo lo contrario: el Estado no quería invertir en Catalunya lo que invertía en el resto del Estado.
La atención pública sanitaria es extremadamente desigual sobre el territorio del Estado. Es una desigualdad que se arrastra de muy atrás y que ha dejado rastros tan asombrosos como que los hospitales de la antigua Seguridad Social siguen siendo de su propiedad aunque todas sus funciones hayan sido transferidas a las comunidades autónomas. Aquellas comunidades que recibieron primero las transferencias, como Cataluña, las recibieron con un patrimonio envejecido y obsoleto, que tuvieron que rehacer por completo. Y, sin embargo, la propiedad sigue en manos de la Seguridad Social. Las comunidades que recibieron las transferencias veinte años después recibieron los hospitales completamente renovados o simplemente nuevos. Esta desigualdad de origen nunca ha sido corregida a pesar del lastre que representa. Cuando se inició la corrección en el último año del gobierno Zapatero, revertirla fue de las primerísimas decisiones del gobierno Rajoy.
La subvención pública de la sanidad se realiza según criterios que no tienen en cuenta el coste de la vida –la paridad de poder adquisitivo–. Todo el mundo sabe que los funcionarios públicos estatales prestan mucha atención al coste de la vida de los lugares donde pueden ser destinados, dado que les impacta mucho en su nivel de vida. En cambio, no puede aplicarse ninguna corrección por paridad de poder adquisitivo en la asignación de recursos públicos que deben servir para contratar asalariados o servicios o bienes de todo tipo. Pero todo el mundo sabe que no todos los bienes ni todos los servicios valen lo mismo en los distintos sitios. La igualdad que tantos dirigentes políticos reclaman para sus ciudadanos no se aplica a las comunidades donde los precios son mayores. Éstas reciben un dinero empequeñecido. Si la vida es un 20% más cara, recibir el mismo dinero permite contratar o comprar aproximadamente un 17% menos de servicios y bienes.
Tanto es así que un grupo de comunidades que están sobrefinanciadas en euros corrientes lo están mucho más si se cuenta a paridad de poder adquisitivo, y algunas que están subfinanciadas, pueden estarlo aún más, como es el caso de Catalunya. La corrección que debería hacerse para compensar este maltrato sería económicamente muy importante. La contratación de seguros de mutuas sanitarias privadas es también déficit fiscal catalán.
Dicho de otro modo, y volviendo a las mutuas privadas de seguro de salud: que nadie piense que la rapidez de la atención sanitaria que se recibe en muchas comunidades autónomas del estado español es la que reciben en Cataluña a los ciudadanos que acuden a la pública oa los asegurados con mutua privada. No. La atención que reciben es la de la sanidad totalmente privada en nuestro país. Ya es bastante grave que en Catalunya haya que pagar una mutua para tener la misma rapidez de atención que otros muchos ciudadanos obtienen pública y gratuitamente. Es aún más irritante que nos descuenten transferencias del modelo de financiación autonómica porque ya estamos cubiertos por estas mutuas –que se pagan por las largas listas de espera de la sanidad pública–. Por eso mismo indigna que todavía quisieran fiscalizarlas como síntoma externo de riqueza cuando en realidad debería pedirse que las subvencionaran.
El maltrato sanitario se repite en la inmensa mayoría de servicios públicos que constituyen el grueso del estado del bienestar, hasta el punto de degradar Cataluña en términos de bienestar de su ciudadanía por debajo de lo que le correspondería por creación de riqueza –por PIB per cápita– y, en cualquier caso, situarla por debajo del resto de comunidades si se aplicara el principio de igualdad de todos los ciudadanos. Cómo ha argumentado Manel Larrosa en un espléndido artículo en este mismo diario, no aprovechamos suficientemente la protección que formalmente nos da la Constitución española para defender nuestros derechos, amparándonos en el derecho a la igualdad de todos los ciudadanos.
